Etiqueta: Denuncia Verde

  • Greenwashing: El engaño ecológico de Coca-Cola, Nestlé y Danone que pone en jaque al planeta

    Greenwashing: El engaño ecológico de Coca-Cola, Nestlé y Danone que pone en jaque al planeta

    En un momento en que la preocupación por el medio ambiente crece a nivel global, organizaciones acusan formalmente a tres gigantes de la industria de bienes de consumo —Coca-Cola, Nestlé y Danone— de greenwashing, o lavado verde de imagen.

    Organizaciones ambientalistas como ClientEarth y la Organización de Protección al Consumidor de la Unión Europea (BEUC) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por falsas afirmaciones sobre la sostenibilidad de sus botellas plásticas.

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    Estas empresas aseguran en sus envases que reciclan al 100% las botellas y que son completamente reciclables, mensajes que hacen pensar que sus productos forman parte de una economía circular perfecta.

    Sin embargo, la realidad es muy diferente. La tasa de reciclaje de plástico en la UE es inferior al 40%, y solo alrededor del 50% de las botellas PET son recogidas para reciclaje. Siendo una parte mínima la que vuelve a usarse en envases de calidad alimentaria.

    A nivel global, apenas el 9% del plástico producido ha sido reciclado alguna vez.

    Además, la etiqueta de “100% reciclable” no garantiza que el envase realmente se recicle, pues depende de las instalaciones de recolección y reciclaje disponibles en cada localidad, las cuales son muy variables.

    Tampoco se aclara que tapas y etiquetas no siempre entran en estas afirmaciones, lo que genera confusión en los consumidores.

    La denuncia presentada busca frenar el “Greenwashing” y exigir mayor responsabilidad y honestidad en las comunicaciones sobre sostenibilidad.

    Esta falta de transparencia fomenta una falsa sensación de sostenibilidad que puede hacer que la gente opte por botellas de plástico en lugar de alternativas reutilizables, que son la verdadera solución al problema.

    Según la Fundación Ellen MacArthur, solo el 2% de los productos vendidos por grandes minoristas usan envases reutilizables, una cifra que apenas ha cambiado en años.

    Las respuestas de las compañías incluyen compromisos para aumentar el reciclaje y la reutilización, pero los ambientalistas los consideran insuficientes ante la expansión continua del plástico de un solo uso.

    Coca-Cola, Nestlé y Danone, están siendo acusados por ambientalistas de greenwashing, o lavado verde de imagen y de falso ambientalismo.

    La denuncia presentada busca frenar estas prácticas engañosas y exigir mayor responsabilidad y honestidad en las comunicaciones sobre sostenibilidad.

    Porque mientras las empresas juegan con palabras, el planeta sigue sufriendo el impacto irreversible de la contaminación plástica.

    En “Denuncia Verde” creemos que el cambio real pasa por exigir a las grandes corporaciones transparencia total y un compromiso auténtico con la reducción del plástico desde su origen.

    Solo así podremos avanzar hacia un futuro verdaderamente sostenible.

  • Preocupa posible daño ambiental en la bahía de La Paz tras huracán Norma

    Preocupa posible daño ambiental en la bahía de La Paz tras huracán Norma

    En Denuncia Verde, alertamos sobre un posible daño ecológico en La Paz luego del paso del huracán Norma, que dejó una profunda huella en la bahía de esta ciudad.

    El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, confirmó que más de 20 embarcaciones resultaron dañadas y hundidas, lo que ha provocado derrames de hidrocarburos que podrían afectar gravemente el ecosistema marino.

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    Urgen acciones concretas para proteger el ecosistema de La Paz

    Ante esta situación, el gobernador hizo un llamado a la población para evitar el uso de las playas del malecón, zona donde el impacto parece ser mayor.

    Buzos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trabajan en el área afectada para evaluar el nivel de contaminación y tomar muestras del agua, aunque hasta el momento se desconoce el alcance total de los daños.

    Esta alerta cobra especial relevancia porque se acerca la temporada de avistamiento del tiburón ballena, uno de los atractivos naturales más importantes de La Paz, que atrae a turistas de todo el mundo.

    La contaminación podría poner en riesgo tanto a esta especie como a la economía local, que depende en gran medida del turismo sustentable.

    Otro problema identificado es la presencia de embarcaciones abandonadas en la bahía, muchas sin dueño ni registro, que contribuyen a la contaminación y dificultan la recuperación ambiental.

    La Marina y la Capitanía de Puerto deberán tomar medidas urgentes para retirarlas y evitar que sigan dañando el entorno.

    En Denuncia Verde seguiremos vigilantes y exigiremos transparencia y acciones concretas para proteger el ecosistema de La Paz, porque la rendición de cuentas y el cuidado del medio ambiente son indispensables para preservar nuestro patrimonio natural.

  • Aguas negras y gases tóxicos: la contaminación que amenaza Veracruz bajo la operación de Mitsui

    Aguas negras y gases tóxicos: la contaminación que amenaza Veracruz bajo la operación de Mitsui

    En Ixtaczoquitlán, Veracruz, la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Alto Río Blanco, operada por la empresa japonesa Mitsui desde 2004, ha sido clausurada temporalmente por graves daños ambientales y riesgos a la salud pública.

    Vecinos denuncian la emisión constante de ácido sulfhídrico, gases tóxicos y descargas de agua contaminada al río Escamela.

    La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) detectó que la planta vertía hasta 700 litros por segundo de aguas residuales sin los permisos necesarios.

    A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades

    El agua que se descarga es incluso más sucia que la que recibe, con altos niveles de metales pesados y patógenos, lo que pone en riesgo tanto los ecosistemas como a las comunidades cercanas.

    Los impactos para la población local son evidentes. Niños que viven a pocos metros sufren enfermedades respiratorias, dolores de cabeza y náuseas por el fuerte olor y los gases liberados.

    La escuela primaria vecina ha tenido que suspender clases por la contaminación ambiental, y la salud pública está en serio peligro.

    A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades, asegurando haber cumplido con la normativa.

    Sin embargo, el informe técnico independiente y la PMA corroboran que la planta opera con tecnología obsoleta, infraestructuras deterioradas y sin los controles ambientales requeridos.

    La contaminación no sólo afecta la biodiversidad local ni la calidad de vida de los habitantes. También pone en riesgo los cultivos tradicionales, como café y caña, que dependen del agua limpia de los ríos de la región.

    La falta de mantenimiento y supervisión podría ocasionar accidentes industriales, como la trágica muerte de un trabajador en 2021.

    El nuevo director del fideicomiso que administra la planta, Edgar Carmona, advierte que se ha decidido rescindir el contrato con Mitsui, pero el futuro de la operación aún es incierto.

    La comunidad exige respuestas claras y acciones urgentes para restaurar el equilibrio ambiental y garantizar la salud de la población.

    Desde Denuncia Verde seguiremos informando y denunciando para proteger a Veracruz y sus habitantes de daños ecológicos y sociales.

  • Red atunera causa ecocidio en Baja California Sur

    Red atunera causa ecocidio en Baja California Sur

    En un lamentable episodio de ecocidio, una red gigante de pesca abandonada por el barco atunero María Guadalupe permanece atrapada en el islote Las Ánimas, en Baja California Sur (BCS), provocando la muerte de cientos de especies marinas.

    Esta red, dejada a profundidades de entre 20 y 75 metros, ha quedado convertida en una red fantasma, término que define las artes de pesca perdidas o descartadas que siguen atrapando y matando animales bajo el agua.

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    Pescadores y buzos locales alertaron sobre esta catástrofe desde el 12 de junio, denunciando que lobos marinos, pepinos de mar, abanicos de mar y otras especies quedan atrapadas y muchas ya han empezado a morir enredadas.

    La red, con el folio signado 03230115, fue detectada también por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que visitaron la zona el pasado 14 de junio.

    Sin embargo, hasta el día de hoy la red permanece allí.

    Las autoridades, indiferentes ante el ecocidio que ocurre en Baja California Sur

    Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades han sido reacias a actuar con prontitud. Martín Inzunza Tamayo, director Técnico del Fideicomiso Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), se negó a dar declaraciones.

    Mientras FONMAR emitió una disculpa pública por haber filtrado información relacionada con el operativo, justificando el silencio.

    Los pescadores ribereños también denuncian que la embarcación María Guadalupe mantuvo apagado su sistema de identificación automática (AIS) durante 13 días.

    Lo que impide un monitoreo adecuado; además, ellos reportaron esta situación a las autoridades, pero no obtuvieron una respuesta efectiva.

    Además, alertan que otro barco ha estado lanzando redes en la misma zona, agravando la mortandad de peces y mamíferos marinos.

    Francisco Gómez, director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, explicó la dimensión del problema.

    Las redes fantasma pueden permanecer cientos de años en el mar, degradándose lentamente y liberando microplásticos que la fauna marina ingiere. Causando daños irreparables al ecosistema.

    Además, el continuo enmallamiento de animales crea una presión letal sobre las poblaciones marinas.

    Desde hace años, la comunidad pesquera y turística de Baja California Sur clama por una gestión responsable que frene el ecocidio.

    El llamado urgente de pescadores, buzos y activistas es claro: las autoridades deben intervenir inmediatamente para retirar la red y proteger el Golfo de California de estos daños recurrentes.

    También exigen un reforzamiento en la vigilancia y regulación, incluyendo la prohibición de entrada de barcos industriales a 50 millas de la costa, y campañas educativas para evitar futuros ecocidios.

    Desde hace años, la comunidad pesquera y turística de BCS clama por una gestión responsable que frene el impacto devastador de la pesca industrial en sus mares. 

    En Denuncia Verde nos unimos a esta voz para exigir justicia ambiental y la protección urgente de nuestros océanos.

  • Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso

    Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso

    El pasado 28 de febrero, la Laguna de Acuitlapilco, ubicada en Tlaxcala, fue escenario de un nuevo atentado ecológico.

    Un incendio, presuntamente provocado por habitantes de la zona ribereña, arrasó con al menos siete hectáreas de vegetación.

    Las llamas consumieron pastizales, árboles y tule, una planta acuática esencial para la vida de cientos de especies, especialmente aves migratorias.

    Esta agresión no fue un accidente ni producto de un descuido, sino un acto deliberado para invadir el cuerpo lacustre, advierten activistas y organizaciones ambientales.

    De acuerdo con la asociación civil “Patos Verdes al Rescate”, el objetivo detrás de estos incendios es claro: ganar terreno al humedal para rellenarlo y posteriormente construir viviendas.

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    ¿Quién está detrás de los incendios en Acuitlapilco?

    Esta práctica, además de ilegal, pone en riesgo la integridad de un ecosistema que alberga a más de 250 especies de flora y fauna.

    La quema del tule, combinada con el uso de maquinaria pesada y el acarreo de tierra, busca modificar la geografía de la laguna y transformar un bien común en propiedad privada.

    La problemática no es reciente. Activistas y defensores ambientales han documentado esta clase de invasiones desde el siglo XIX, pero en las últimas semanas la frecuencia de estos incendios ha aumentado alarmantemente en las comunidades de Acuitlapilco y Tlacochcalco, perteneciente al municipio de Tepeyanco.

    La sequía que afecta al humedal ha facilitado que algunos lugareños se apropien arbitrariamente del terreno, argumentando propiedad sobre áreas que pertenecen al ecosistema.

    Juan Rafael Rodríguez Razgado, biólogo y defensor de la laguna, ha denunciado públicamente estas prácticas.

    El defensor ha señalado que los incendios son solo una parte de una estrategia sistemática para destruir el humedal.

    Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso.

    Además, subraya que estos actos van acompañados de violencia ambiental silenciosa: la pérdida de hábitat, la erosión del suelo, y la expulsión de especies nativas.

    Desde Denuncia Verde hacemos un llamado urgente al Gobierno del Estado de Tlaxcala, así como a los municipios de Tlaxcala y Tepeyanco, para que detengan esta destrucción y protejan la Laguna de Acuitlapilco.

    La omisión es complicidad. No se trata solo de tierras: está en juego la vida de un ecosistema invaluable. La naturaleza no puede esperar.

  • Keurig Canada Inc multada por engañar sobre el reciclaje de sus cápsulas de café

    Keurig Canada Inc multada por engañar sobre el reciclaje de sus cápsulas de café

    Una vez más, una gran corporación intenta “pintarse de verde” mientras contamina en silencio. Las autoridades canadienses multaron a la empresa Keurig Canada Inc. con 3 millones de dólares tras comprobar que engañó a los consumidores sobre la reciclabilidad de sus cápsulas de café K-Cup.

    La Oficina de la Competencia de Canadá determinó que las afirmaciones de Keurig eran falsas o engañosas, ya que las cápsulas no son reciclables en la mayoría del país, con excepción de algunas zonas como Columbia Británica y Quebec.

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    Keurig Canada Inc y su falso ambientalismo

    A pesar de asegurar que sus cápsulas podían reciclarse con solo quitar la tapa y vaciar el café, en muchos municipios se requieren pasos adicionales, lo que no fue informado adecuadamente.

    Es decir, la empresa simplificó el proceso para vender una imagen más “verde” de lo que realmente ofrecía.

    Además de la multa, Keurig deberá:

    • Donar 800 mil dólares a una organización ambiental.
    • Cubrir 85 mil dólares por los costos de la investigación.
    • Corregir públicamente sus afirmaciones en su página web, redes sociales, correos y envases.

    “Presentar productos como más ecológicos de lo que son es ilegal en Canadá”, declaró Matthew Boswell, comisario de Competencia. Estas prácticas, añadió, dañan al consumidor y afectan a empresas que sí apuestan por una sostenibilidad real.

    Desde Denuncia Verde exigimos mayor regulación y vigilancia ante el greenwashing. No podemos permitir que las empresas se sigan escudando en falsas promesas ambientales mientras el planeta paga el precio real.

  • La guerra silenciosa contra los Yaquis

    La guerra silenciosa contra los Yaquis

    Desde hace más de cinco siglos, los pueblos yaquis han resistido la colonización, el despojo territorial y la explotación de sus recursos. Hoy, esa resistencia sigue más viva que nunca, pero en un entorno cada vez más hostil y violento.

    La tribu yaqui, compuesta por ocho pueblos asentados en el sur de Sonora, habita un territorio privilegiado en biodiversidad: con costas, sierra, valles agrícolas y un río —el Yaqui— que es su corazón espiritual, cultural y económico. Sin embargo, esta riqueza natural se ha convertido en su mayor amenaza.

    En los últimos 15 años, los yaquis han luchado contra la imposición de megaproyectos como el Acueducto Independencia, que ha desviado millones de metros cúbicos de agua desde su río hacia la ciudad de Hermosillo.

    También han resistido la instalación del Gasoducto Sonora, impulsado por empresas transnacionales como IEnova, sin consulta previa ni consentimiento.

    Todo esto, en medio del avance constante de concesiones mineras —al menos 25 activas— que operan en su territorio con respaldo estatal.

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    Durante siglos, los Yaquis han defendido su territorio

    Pero la defensa del territorio tiene un precio. El 14 de julio, diez yaquis, entre ellos siete integrantes de la guardia tradicional de Loma de Bácum, fueron víctimas de desaparición forzada.

    No ha habido rescates, llamadas ni demandas de rescate. Solo silencio. La fiscalía del estado apenas ha iniciado investigaciones y sigue sin abrir una línea sobre la posible participación de las empresas extractivas.

    Esta no es una tragedia aislada. En mayo fue asesinado Tomás Rojo Valencia, exlíder yaqui que encabezó la lucha contra el Acueducto Independencia.

    En junio, asesinaron a balazos a Luis Urbano, defensor del territorio, tras salir de un banco, y en los últimos dos años, personas no identificadas desaparecieron a más de 20 jóvenes de Vícam sin que las autoridades den respuestas.

    La presencia del crimen organizado es una realidad, pero líderes yaquis y organizaciones señalan que también hay violencia orquestada desde intereses empresariales.

    “La psicosis es parte de la estrategia para que abandonemos nuestras tierras”, afirma Guadalupe Flores Maldonado, vocero de Loma de Bácum.

    Desde hace más de cinco siglos, los pueblos yaquis han resistido la colonización, el despojo territorial y la explotación de sus recursos. Hoy, esa resistencia sigue más viva que nunca, pero en un entorno cada vez más hostil y violento.

    A todo esto se suma la pobreza. El 95 % de la tierra yaqui está rentada a grandes empresas agroindustriales.

    Sin acceso a crédito, apoyo estatal o autonomía económica, muchas comunidades se ven obligadas a entregar sus tierras por una renta mínima.

    Mientras el gobierno promete desviar el gasoducto, la violencia no da tregua. Ni las promesas ni las carpetas de investigación alcanzan para devolverles a sus desaparecidos.

    En Denuncia Verde creemos que el caso yaqui debe estar en el centro del debate ambiental y de derechos humanos en México.

    La defensa del territorio no puede seguir pagándose con vidas. Si el Estado mexicano no actúa con firmeza, los intereses extractivos seguirán dictando el destino de pueblos enteros.

  • Tala ilegal inunda el mercado de la madera en México: un negocio que destruye bosques y comunidades

    Tala ilegal inunda el mercado de la madera en México: un negocio que destruye bosques y comunidades

    La tala ilegal es el oscuro motor que impulsa gran parte del mercado de la madera en México, donde se estima que al menos la mitad de la madera comercializada proviene de fuentes ilícitas.

    Este fenómeno no solo amenaza la integridad de los bosques nacionales, sino que también golpea a las comunidades forestales que intentan producir madera legalmente y de manera sostenible, enfrentando la impunidad, la corrupción y una burocracia excesiva que favorecen a los grupos del crimen organizado.

    Un ejemplo claro ocurre en la costa norte de Jalisco, donde árboles como la parota —conocida por su madera semipreciosa— son derribados sin permisos oficiales, mientras el verdadero control lo ejercen líderes locales ligados al crimen, como “don Guty”.

    La tala ilegal no solo elimina ejemplares valiosos, sino que ha diezmado maderas duras como la caoba pacífica, el granadillo y el tampicirán, especies muy demandadas en mercados internacionales, especialmente en China.

    Esta realidad se replica en regiones de todo México, desde el sur hasta el norte.

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    La tala ilegal representa un negocio anual de miles de millones de pesos

    El crimen organizado no es el único actor; comunidades enteras también participan en la tala clandestina, aprovechando la falta de políticas públicas efectivas para promover la silvicultura sustentable.

    De acuerdo con expertos, los productores legales luchan por competir en un mercado inundado de madera ilegal que no cumple con regulaciones ni paga impuestos ni costos de manejo ambiental.

    Los datos oficiales muestran que el 76 % de la madera legalmente producida proviene de bosques comunitarios.

    Pero para satisfacer la demanda nacional, México importa gran volumen de madera y no contabiliza el consumo ilegal.

    Esto evidencia la magnitud del problema: la tala ilegal representa un negocio anual de miles de millones de pesos, que no solo afecta el medio ambiente.

    También destruye la economía y la organización social de las comunidades forestales.

    En estados como Jalisco, Guerrero, Puebla y Chiapas, la tala ilegal está vinculada con grupos criminales que imponen “cuotas” para permitir el saqueo.

    La tala ilegal es el oscuro motor que impulsa gran parte del mercado de la madera en México, donde se estima que al menos la mitad de la madera comercializada proviene de fuentes ilícitas.

    Mientras las autoridades ambientales muestran una preocupante permisividad.

    La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de combatir esta práctica, ha reducido sus incautaciones y enfrenta filtraciones internas, lo que perpetúa la impunidad.

    Expertos y organizaciones civiles coinciden en que la solución pasa por fortalecer a las comunidades forestales.

    Además, producir madera legal en México implica un proceso burocrático complejo y costoso que puede tardar hasta dos años, lo que desalienta a las comunidades.

    La competencia desleal de la madera ilegal, que no paga trámites ni impuestos, devalúa el precio y mina la viabilidad económica de los proyectos sustentables.

    Solo un pequeño porcentaje de ejidos y comunidades logra operar legalmente, y muchos han abandonado sus esfuerzos tras enfrentarse a la violencia y la corrupción.

    La falta de regulación efectiva también se refleja en la industria maderera, donde la falsificación de guías y permisos facilita el blanqueo de madera ilegal.

    Las propuestas para implementar sistemas voluntarios de certificación de legalidad y trazabilidad han sido frenadas por intereses económicos que temen la sobrerregulación.

    Expertos y organizaciones civiles coinciden en que la solución pasa por fortalecer a las comunidades forestales.

    Simplificar trámites, impulsar políticas públicas con presupuesto suficiente y garantizar una vigilancia efectiva y transparente.

    Solo así será posible frenar el avance de la tala ilegal, proteger los bosques y asegurar un mercado justo que beneficie tanto al medio ambiente como a las personas que dependen de él.

    Mientras la tala ilegal continúa su avance, los ecosistemas se destruyen, los derechos de las comunidades se vulneran y el Estado permanece ausente o permisivo.

    En un país con una riqueza forestal invaluable, la urgencia de actuar con responsabilidad y firmeza es una deuda que tenemos con las futuras generaciones.


    ¿Quieres saber más o ayudar a denunciar estos casos? En Denuncia Verde seguimos investigando y llevando evidencia para exigir rendición de cuentas y justicia ambiental.

  • Deforestación en Brasil: el engranaje oculto entre pastos, soya y especulación de tierras

    Deforestación en Brasil: el engranaje oculto entre pastos, soya y especulación de tierras

    La deforestación en Brasil no es un fenómeno aislado ni producto de una sola actividad.

    Detrás de la pérdida acelerada de bosques existe un complejo entramado entre la ganadería, la expansión agrícola y la especulación de tierras.

    Una reciente investigación del Departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad de Maryland revela que entre 2000 y 2014 la superficie destinada a cultivos en hileras en Brasil casi se duplicó, al pasar de 26 millones a 46.5 millones de hectáreas, un crecimiento que ha tenido profundas consecuencias ambientales.

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    El estudio, basado en un análisis avanzado de teledetección con imágenes satelitales de Landsat y otros sistemas, muestra que solo el 20 por ciento de los nuevos campos de cultivo surgieron por la conversión directa de vegetación nativa.

    El 80 por ciento restante provino de un proceso en dos etapas: primero se talan los bosques para establecer pastos ganaderos y, posteriormente, esas tierras se transforman en cultivos, principalmente de soya.

    Este mecanismo revela que, aunque la agricultura no siempre aparece como la causa directa de la deforestación, sí está estrechamente ligada a ella.

    Expertos coinciden en que Brasil no necesita seguir deforestando para aumentar su producción agrícola.

    Lejos de ser una solución, este modelo ha fomentado la especulación. Investigadores como Vivian Ribeiro, del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía (IPAM), advierten que muchos terrenos se deforestan con fines especulativos: se convierten en pastos de manera temporal y luego se venden a precios inflados a productores agrícolas.

    Casos como el del estado de Bahía, donde el 15 por ciento de la vegetación nativa deforestada para pastos se transformó en cultivos en menos de cinco años, refuerzan esta hipótesis.

    La preocupación aumenta ante el debilitamiento de las políticas ambientales.

    Durante la campaña y la llegada al poder de Jair Bolsonaro, los índices de deforestación del Amazonas repuntaron de forma alarmante, impulsados por la percepción de impunidad entre especuladores y acaparadores de tierras.

    Aunque la Moratoria de la Soya logró reducir la deforestación directa en la Amazonía entre 2006 y 2013, la presión se desplazó hacia el Cerrado, donde las regulaciones son más laxas y la conversión de vegetación nativa es hasta 2.5 veces mayor.

    Expertos coinciden en que Brasil no necesita seguir deforestando para aumentar su producción agrícola.

    Intensificar el uso de tierras ya degradadas y mejorar la productividad ganadera podría reducir la presión sobre los ecosistemas.

    De lo contrario, la combinación de especulación, demanda global de soya y debilitamiento institucional seguirá alimentando una de las crisis ambientales más graves del planeta.

    En Denuncia Verde, advertimos: sin controles firmes y datos transparentes, la deforestación continuará avanzando, silenciosa pero implacable.