Etiqueta: Denuncia Verde

  • Revelación de género amenaza ecosistema de Los Arcos de Mismaloya, en Puerto Vallarta

    Revelación de género amenaza ecosistema de Los Arcos de Mismaloya, en Puerto Vallarta

    En un hecho que ha generado indignación entre activistas y habitantes de Puerto Vallarta, una empresa ha comenzado a promocionar en redes sociales servicios de “revelación de género” en la zona natural protegida de Los Arcos de Mismaloya.

    La actividad consiste en abordar un yate frente a estas icónicas formaciones rocosas y detonar explosivos que emiten un fuerte estruendo, acompañado de polvos de colores, según el sexo del futuro bebé.

    

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    Aunque estas celebraciones se han popularizado en redes sociales como parte de una nueva moda, realizarlas en un área ecológica representa un peligro real para la biodiversidad del lugar.

    Los Arcos de Mismaloya, declarados zona natural protegida desde 1986, son hogar de especies como tortugas marinas, delfines, aves costeras, cocodrilos, peces multicolores e incluso ballenas.

    Cualquier alteración al ecosistema, por mínima que parezca, puede causar daños irreversibles.

    Playón de Mismaloya es el santuario de tortugas marinas más grande del país.

    Activistas han señalado que la detonación de explosivos y la posible dispersión de sustancias químicas con los polvos de colores pueden perturbar a las aves que anidan en las formaciones, así como contaminar las aguas en las que habitan numerosas especies marinas.

    Además, la actividad se promociona sin regulaciones ni permisos visibles, ignorando las recomendaciones ambientales y el estatus legal de la zona.

    No es la primera vez que una revelación de género desata polémica.

    https://twitter.com/TVAztecaJalisco/status/1940089248171885039

    En 2022, en Brasil, una cascada fue teñida de azul durante una celebración similar, generando críticas internacionales por la contaminación del agua y el daño ambiental provocado.

    En Puerto Vallarta, grupos ciudadanos ya patrullan la zona para concientizar sobre la importancia de cuidar este santuario natural.

    La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha documentado la presencia de más de 150 especies de aves costeras y destaca que el Playón de Mismaloya es el santuario de tortugas marinas más grande del país.

    Desde Denuncia Verde, hacemos un llamado urgente a las autoridades ambientales para que investiguen y sancionen este tipo de actividades que, bajo el disfraz de celebraciones privadas, vulneran áreas naturales protegidas. El espectáculo no debe estar por encima de la vida silvestre.

  • Denuncian destrucción de manglares en Sinaloa para proyecto turístico ilegal

    Denuncian destrucción de manglares en Sinaloa para proyecto turístico ilegal

    En una clara violación a las normas ambientales, la empresa Housesin Desarrollos inició la destrucción de manglares en Isla Cortés, Navolato, Sinaloa, para construir un fraccionamiento turístico privado sin contar con los permisos requeridos.

    La empresa Housesin Desarrollos devasta esta franja costera, vital como barrera natural contra huracanes y hábitat de especies protegidas, en favor del desarrollo inmobiliario llamado “Manglares”.

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    De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del macroproyecto “Nuevo Altata” —aprobada en 2002 y renovada en 2025— el mangle (Conocarpus erectus) debía conservarse in situ, y estaba prohibido cualquier tipo de relleno o construcción en zonas de humedal.

    No obstante, Housesin ha intervenido el terreno sin acreditar cesión parcial de dicha MIA, sin licencia de construcción municipal, ni autorización de Protección Civil.

    La destrucción de los manglares en Sinaloa, implica una pérdida irreversible para la región.

    Durante una inspección en el sitio, se documentaron canales artificiales, montículos de relleno, remoción de vegetación nativa y maquinaria operando en zonas cercanas al canal de mangle.

    Fotografías aéreas muestran una transformación visible del ecosistema: al menos una hectárea ha sido alterada con vialidades internas y la plantación de palmeras.

    Estas acciones afectan directamente un ecosistema considerado “intocable” bajo la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre.

    Especialistas advierten que este tipo de obras, al realizarse sin evaluaciones específicas, comprometen la biodiversidad y estabilidad ecológica de Isla Cortés.

    El mangle no solo protege contra fenómenos naturales, también es refugio y criadero de especies marinas clave.

    La empresa Housesin Desarrollos inició la destrucción de manglares en Isla Cortés, Navolato, Sinaloa, para construir un fraccionamiento turístico privado sin contar con los permisos requeridos.

    La destrucción de estos hábitats implica una pérdida irreversible para la región.

    Pese a las irregularidades, Housesin ya promueve el desarrollo a través de redes sociales y anuncios en sitio, lo cual evidencia una estrategia de “hechos consumados” que ignora el marco legal y ecológico.

    Al momento, la empresa no ha acreditado la propiedad del predio ni ha iniciado trámites oficiales ante el municipio de Navolato.

    Ante la gravedad del caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección, aunque aún no se conocen acciones concretas.

    Denuncia Verde exige transparencia, aplicación de sanciones y detención inmediata del proyecto. La impunidad ambiental no puede seguir siendo la norma en México.

  • Denuncia Verde: Construyen hotel de lujo en Calakmul 

    Denuncia Verde: Construyen hotel de lujo en Calakmul 

    El Hotel Mundo Maya Calakmul forma parte de una red de seis hoteles similares operados por la Sedena, cuyo costo total asciende a 6 mil millones de pesos.

    Construyen hotel de lujo en Calakmul pese a críticas por impacto ambiental

    A pesar de las constantes críticas por su impacto ambiental y cuestionada rentabilidad, el megaproyecto del Tren Maya continúa su expansión. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inauguró recientemente el Hotel Mundo Maya Calakmul, ubicado en plena Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche.

    El hotel cuenta con 144 habitaciones distribuidas en cuatro torres, alberca, gimnasio, restaurante gourmet y bar. Para su construcción, se deforestaron 30 mil metros cuadrados de selva virgen y se invirtieron mil millones de pesos de recursos públicos, según reportes oficiales.

    Activistas ambientales han señalado los daños ecológicos irreversibles causados por la obra. En entrevista con Fuerza Informativa Azteca, Michael Duhart, activista y defensor del patrimonio natural, denunció que se trata de una construcción “sin planeación adecuada y ubicada en una zona con condiciones ambientales hostiles”.

    El Hotel Mundo Maya Calakmul forma parte de una red de seis hoteles similares operados por la Sedena, cuyo costo total asciende a 6 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento no se han transparentado los costos de operación, los cuales, advierten expertos, serían incompatibles con el discurso oficial de austeridad republicana.

    Además, el hotel opera en una zona sin servicios básicos como agua potable, drenaje o energía eléctrica, por lo que el abastecimiento depende completamente del traslado de recursos desde otras comunidades, incluyendo el uso de pipas para llevar agua.

    A pesar de las promesas de que el Tren Maya detonaría el turismo regional, los hoteles no superan el 30% de ocupación, debido a la baja afluencia de pasajeros en los vagones del tren.

    El proyecto, impulsado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, continúa siendo objeto de debate por su alto costo, bajo rendimiento económico y severo impacto ambiental.

    Leer también: Elon Musk bajo la lupa ambiental: Innovación tecnológica y Denuncia Verde

  • Derrames invisibles: la opacidad que protege a Pemex y contamina el Golfo de México

    Derrames invisibles: la opacidad que protege a Pemex y contamina el Golfo de México

    Los derrames de petróleo en el Golfo de México han dejado de ser accidentes aislados para convertirse en una constante invisibilizada.

    Una investigación de Mongabay Latam Data Crítica revela que, en los últimos seis años y medio, científicos y comunidades han detectado manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos —el 60 %— no existe ningún registro oficial.

    El subregistro es sistemático, y la falta de acción institucional permite que la contaminación continúe sin consecuencias reales.

    El caso más grave es el derrame de Ek-Balam en 2023. Las autoridades reportaron una cantidad mínima de crudo, pero análisis satelitales indicaron que el volumen pudo ser entre 10 y 200 veces mayor.

    Esta minimización no es una excepción, sino la regla. Carolina Viggiano, legisladora del PRI, afirmó que esta opacidad ha impedido conocer el verdadero impacto ecológico de la actividad petrolera y ha derivado en impunidad y falta de prevención.

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    Los derrames de petróleo en el Golfo de México son invisibles ante las autoridades mexicanas

    Según los datos, de los 86 derrames reconocidos oficialmente desde 2018, solo 48 han dado lugar a procedimientos sancionatorios. Y de estos, únicamente en 21 se impuso una multa, de las cuales solo ocho han sido pagadas.

    La conclusión es clara: las empresas petroleras, especialmente Pemex, operan sin un marco de responsabilidad real.

    Uno de los principales responsables de esta situación es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

    Aunque fue creada para vigilar al sector de hidrocarburos, cada año recibe menos presupuesto y ha fallado sistemáticamente en sus funciones de inspección, monitoreo y sanción.

    Desde 2018, su financiamiento se ha reducido en más de un 60 %, y no ha generado una base de datos pública sobre accidentes ni sobre los castigos impuestos a los responsables.

    Organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) han señalado las fallas de ASEA, calificando su actuación como “reactiva” y sin capacidad de prevenir o remediar los daños.

    Los derrames de petróleo en el Golfo de México, son una constante sin castigos reales, ante indiferencia e impunidad.

    La agencia depende casi exclusivamente de los reportes de las empresas, ignorando las denuncias ciudadanas que, además de ser difíciles de presentar, no se consideran en los conteos oficiales.

    Los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria.

    Mientras tanto, el Senado ha optado por lavarse las manos. La Comisión de Medio Ambiente descartó trabajar en iniciativas que integren fuentes independientes en el monitoreo.

    La senadora del PVEM, Maki Ortiz se deslindó de la responsabilidad, alegando que otras dependencias deben encargarse del tema.

    Sin presión política, sin rendición de cuentas, y con mecanismos ineficaces de denuncia, la realidad en el Golfo de México es preocupante.

    La emergencia climática ha sido incluida en la Ley de Seguridad Nacional, pero los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria. La información permanece clasificada y las comunidades afectadas, desprotegidas.

    En Denuncia Verde creemos que es momento de romper el silencio. Mientras las autoridades protejan más a las empresas que al medio ambiente, los mares seguirán siendo vertederos invisibles. Y cada nuevo derrame no solo destruye el ecosistema, también erosiona la posibilidad de justicia.

  • Seis años de devastación: la agenda ambiental olvidada del sexenio de López Obrador

    Seis años de devastación: la agenda ambiental olvidada del sexenio de López Obrador

    Durante el 2024, último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quedó claro que la agenda ambiental no solo fue ignorada, sino que también fue deliberadamente desplazada por un modelo de desarrollo basado en megaproyectos, militarización de obras y desprecio a la participación ciudadana.

    El cierre simbólico del sexenio ocurrió en septiembre, con la inauguración del Tren Maya. Mientras el entonces presidente celebraba lo que llamó una “hazaña”, omitía los más de 6 mil 600 hectáreas deforestadas, la fragmentación de la Selva Maya, la perforación de cenotes y la instalación de un hotel dentro de una Reserva de la Biosfera.

    La devastación fue minimizada y las voces críticas —de científicos, activistas y comunidades indígenas— fueron estigmatizadas públicamente.

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    Durante seis años, el gobierno debilitó instituciones clave como Profepa y Conafor hasta llevarlas a niveles de inoperancia.

    Recortes presupuestales, falta de personal y corrupción impidieron que estas dependencias pudieran actuar ante la tala ilegal, los incendios forestales o la pesca furtiva.

    Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ignoró la agenda ambiental.

    Mientras tanto, el crimen organizado ganó terreno en los territorios, controlando el manejo forestal comunitario y agravando la violencia contra defensores del medio ambiente.

    Durante el sexenio de AMLO, asesinaron a 102 defensores ambientales. Aunque en 2024 los homicidios disminuyeron ligeramente, aumentaron otras formas de violencia: criminalización, intimidación y desapariciones.

    A pesar de haber promovido el Acuerdo de Escazú, México no avanzó en su implementación: no hay jueces ambientales especializados ni garantías reales de acceso a la información.

    El caso del programa “Sembrando Vida” es ilustrativo del enfoque errático. Aunque promovido como un proyecto de reforestación, careció de indicadores ambientales serios y, según expertos, no contribuyó a la restauración de ecosistemas.

    Durante el gobierno de López Obrador, quedó claro que la agenda ambiental no solo fue ignorada, sino que también fue desplazada.

    En paralelo, proyectos como la Refinería Dos Bocas o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec recibieron apoyo irrestricto, a costa del medio ambiente y sin consultas válidas a las comunidades afectadas.

    ¿Será diferente con Claudia Sheinbaum?

    La situación de la pesca no fue distinta. Conapesca fue una dependencia fantasma, sin capacidad de vigilancia ni estrategias para enfrentar el cambio climático.

    Entre 2018 y 2023, los decomisos por pesca ilegal se desplomaron. Hoy, al menos 28 pesquerías están sobreexplotadas y no existen planes de manejo para la mayoría.

    El gobierno saliente presumió la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, más de 100 carecen de planes de manejo y muchas no tienen presupuesto ni personal.

    En algunos casos, el gobierno usó la designación de nuevas ANPs como moneda de cambio ante la destrucción que provocaron los mismos megaproyectos.

    Con la llegada de Claudia Sheinbaum y un nuevo equipo técnico con trayectoria ambiental, se abre una ventana de esperanza.

    Pero las señales presupuestales para 2025 son preocupantes. El tiempo dirá si la promesa de restaurar la relación entre gobierno y naturaleza se cumple o si, como en el pasado sexenio, el discurso vuelve a imponerse sobre la realidad.

  • Turismo y crisis hídrica: una “denuncia verde” al consumo de agua excesivo

    Turismo y crisis hídrica: una “denuncia verde” al consumo de agua excesivo

    El turismo, una de las actividades económicas más prósperas del mundo, también deja huella en el recurso más vital: el agua.

    Según datos de Adriana Islas, experta en Turismo y Desarrollo Sostenible de la UNAM, un turista puede consumir hasta cuatro veces más agua en sus vacaciones que en casa.

    Este sobresalto en el uso hídrico representa una auténtica denuncia verde: una señal de alerta frente a un modelo que amenaza la disponibilidad del recurso en zonas vulnerables.

    Turistas gastan más agua que en casa

    Aunque el impacto global parece moderado —el turismo utiliza menos del 1 % del agua dulce mundial—, en México el sector consume aproximadamente el 2 % de las reservas nacionales, el doble del promedio.

    Ante un panorama de sequía que afecta gran parte del país, este desbalance se convierte en un llamado urgente a adoptar cambios en hábitos turísticos.

    La buena noticia es que el sector ya está reaccionando. Hoteles, parques y restaurantes han comenzado a implementar sistemas de certificación como EarthCheck o H₂O, que avalan prácticas responsables.

    Una medida sencilla pero efectiva es pedir a los huéspedes que reutilicen toallas y sábanas, lo que puede ahorrar hasta 50 litros de agua por persona al día.

    Cuando se multiplica por millones de turistas anuales, ese ahorro se vuelve significativo.

    Esta denuncia verde también invita a los viajeros a adoptar actitudes conscientes: cerrar el grifo mientras se enjabonan, tomar duchas breves y hospedarse en lugares comprometidos con la sustentabilidad hídrica.

    Se trata de un equilibrio indispensable entre disfrutar de los destinos y preservar las fuentes de agua para las comunidades locales.

    Un turismo responsable no exige dejar de viajar, sino ajustar nuestros comportamientos para que la urgencia del bienestar social y ecológico no remplace al placer del descanso.

    Este cambio hacia la conciencia no solo beneficia al entorno, sino que fortalece la propia experiencia turística, convirtiéndola en una opción sostenible y respetuosa con el planeta.

    Leer También: Denuncia Verde: Construyen hotel de lujo en Calakmul 

  • El candidato ‘El Caballo’ Lozoya y la toma clandestina que indigna a Chihuahua

    El candidato ‘El Caballo’ Lozoya y la toma clandestina que indigna a Chihuahua

    En Parral, Chihuahua, una nueva denuncia de daño ecológico y social sacude a la ciudadanía: diversas autoridades señalaron a Alfredo “El Caballo” Lozoya, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, como responsable de una toma clandestina de agua en una de sus propiedades.

    Durante un operativo en la colonia Las Fuentes, encabezado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, con apoyo de la Junta Central (JCAS) y la fiscalía estatal, se localizó una conexión ilegal que abastecía de agua a una vivienda vinculada a Lozoya.

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    La toma de agua clandestina de Alfredo “El Caballo” Lozoya

    Según declaraciones del director ejecutivo de la JCAS, la propiedad contaba con servicio activo de agua, pero carecía de contrato, por lo que la toma es considerada ilegal.

    La conexión, de tres pulgadas —un tamaño reservado exclusivamente para suministro y no para uso doméstico— atravesaba la casa y abastecía su patio mediante una abrazadera encubierta.

    Lo más grave: se estima que a través de esta toma, Lozoya habría sustraído 283 mil metros cúbicos de agua en un año.

    Eso representa 283 millones de litros, una cantidad escandalosa en un estado que enfrenta escasez hídrica constante.

    El acto constituye un delito de robo de agua, tipificado en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua. Las autoridades informaron que se presentará la denuncia formal ante el Ministerio Público, respaldada con evidencia en video y fotografías.

    Desde Denuncia Verde, subrayamos la gravedad de este caso: mientras miles de familias sufren por falta de agua, un candidato político sustrae este recurso vital en total impunidad. No se trata solo de un delito ambiental, sino de un atropello social.

    Seguiremos de cerca este caso. Porque el agua es de todos. Porque el silencio también contamina.

  • Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron

    Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron

    En una reciente conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que durante más de 30 años “no hubo ambientalistas” que denunciaran las actividades de Calica, la empresa extractora de piedra caliza en Quintana Roo.

    Incluso acusó que actuaron con complicidad. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas y desinforman sobre una lucha ambiental que lleva décadas.

    Desde los 80 ya existían denuncias contra Calica

    Desde 1986, organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y activistas independientes dieron la voz de alerta sobre los riesgos ecológicos de la operación de Calica (hoy Sac-Tun). Las protestas no solo fueron locales: llegaron a medios nacionales e incluso al Senado.

    Iván Restrepo, director del Centro de Ecología y Desarrollo, fue testigo y parte activa de esa lucha en los años 90. Acompañó a GEMA cuando obligaron a la empresa a emitir una “declaración de principios” en la que prometía operar con responsabilidad ambiental.

    Protestas contra Calica en Quintana Roo antes del sexenio de AMLO.

    Promesa que, a la vista de los hechos, no se cumplió. En 2016, durante la COP13 en Cancún, activistas como Marciano Toledo Sánchez protestaron visiblemente contra Calica.

    Sostuvieron pancartas advirtiendo sobre la destrucción de los mantos freáticos y el ecocidio que la empresa provocaba.

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    Ese mismo año, los periodistas Carlos Underwood y Sergio Santiago comenzaron a filmar Erosión, un documental que retrata los impactos ambientales de la empresa.

    Fue publicado en 2018, meses antes del inicio del gobierno de López Obrador. Algunas escenas del documental fueron incluso utilizadas —sin crédito— en la conferencia presidencial del 4 de mayo de 2022.

    Permisos y omisiones

    Los daños de Calica no ocurrieron en la sombra. Desde su inicio, la empresa operó con permisos otorgados por gobiernos anteriores.

    El primero fue en 1986, y en el año 2000, bajo la gestión de Julia Carabias, la Semarnap le concedió autorización por 20 años más, incluso para extraer por debajo del manto freático.

    Carabias reconoció públicamente haber firmado esa autorización, aunque asegura que se trató de un proceso regulado con evaluaciones de impacto ambiental.

    Lo cierto es que las consecuencias fueron devastadoras: hoy, los mapas satelitales muestran enormes cráteres donde antes había ecosistemas.

    AMLO declaró que durante más de 30 años “no hubo ambientalistas” que denunciaran las actividades de Calica, lo cual es falso.

    Activismo constante, no oportunista

    Lejos de ser “ambientalistas de ocasión”, las voces que hoy se oponen al Tren Maya han estado presentes desde antes del actual sexenio.

    Marciano Toledo, por ejemplo, encabezó otra protesta en 2018 frente a las instalaciones de Calica, denunciando un supuesto intento de soborno millonario para cambiar el uso de suelo.

    Organizaciones como La Tierra Nuestra Casa también exigieron entonces que se castigara a los responsables del ecocidio en la Riviera Maya.

    En un giro reciente, el gobierno federal —tras clausurar y sancionar a Calica en varias ocasiones— ahora busca adquirir el terreno devastado para convertirlo en una reserva natural y centro de entretenimiento. Una solución que genera dudas: ¿se trata de restauración ecológica o de lavado de imagen?


    En “Denuncia Verde” lo decimos claro: minimizar la labor ambientalista no solo invisibiliza años de lucha ciudadana, sino que distorsiona la memoria histórica.