Así lo describen los investigadores que documentaron uno de los episodios más severos de deterioro arrecifal en el Pacífico mexicano, con una pérdida superior al 80% de la cobertura coralina tras el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con los resultados de un monitoreo científico realizado en nueve sitios dentro del parque y uno adicional en el exterior, la recuperación de estos arrecifes podría tardar al menos dos décadas, siempre y cuando no se repitan perturbaciones climáticas extremas ni se mantengan presiones humanas adicionales.

Oaxaca: megaproyectos, devastación ambiental y criminalización de comunidades

El aumento anómalo de la temperatura superficial del mar —que alcanzó entre 33 y 34 grados Celsius incluso a más de 20 metros de profundidad— provocó un estrés térmico sin precedentes para los corales.

La bióloga marina Gabriela García Vázquez, coordinadora de conservación de corales de la organización COSTASALVAJE, relata que bucear en 2023 era “como sumergirse en un caldo”.

Bajo esas condiciones, los corales expulsaron a las microalgas con las que viven en simbiosis, perdiendo su color y, en la mayoría de los casos, la vida.

Investigadores documentaron uno de los episodios más severos de deterioro de corales en el Pacífico mexicano tras el fenómeno de El Niño.

El resultado fue devastador: ocho de cada diez colonias murieron en cuestión de meses.

El estudio también documentó cambios profundos en la estructura del ecosistema.

Los esqueletos de coral muerto fueron rápidamente cubiertos por algas, lo que favoreció un aumento notable de especies herbívoras, como los erizos Diadema mexicanum y Eucidaris thouarsii, así como de peces cirujanos.

Aunque esta respuesta sugiere cierta resiliencia de la fauna, no compensa la pérdida del arrecife como estructura viva.

Los impactos fueron más severos en zonas cercanas a áreas urbanas y turísticas, donde la contaminación por aguas residuales, el anclaje de embarcaciones y la alta visitación debilitan aún más a los corales. En contraste, sitios más aislados mostraron una mayor sobrevivencia.

Para Denuncia Verde, este caso evidencia cómo el cambio climático, combinado con un manejo ambiental deficiente, puede colapsar ecosistemas clave en muy poco tiempo.

Sin acciones urgentes de conservación, reducción de impactos humanos y educación ambiental, estás escenas podrían volverse cada vez más frecuentes en los mares de México.

El cargo El Niño deja corales devastados en Huatulco y enciende alerta ambiental apareció primero en Denuncia Verde.

En las últimas semanas, más de 12 especies de peces —incluyendo robalo, pargo, lisa, camarón y tilapia— han muerto de manera masiva, devastando los medios de vida de alrededor de 7.500 familias directamente afectadas y otras 15.000 de manera indirecta.

Los pescadores del poblado Plan de los Amates denuncian que la mortandad se debe a altos niveles de contaminación y descargas residuales, situación que afecta tanto a la pesca tradicional como a la acuicultura.

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La Laguna de Tres Palos no solo es un ecosistema vulnerable; es también el sustento de miles de familias

Óscar de Jesús Fernández, con 30 años de experiencia, reporta pérdidas cercanas a 1,5 millones de pesos en los últimos tres años.

Otro pescador, Gustavo Cruz Nava, relató que el pescado presentaba olor a combustible, obligándolos a dejar de comercializarlo y buscar trabajos alternativos.

Las autoridades han atribuido el desastre a la elevada temperatura del agua, que alcanzó los 34 °C, reduciendo los niveles de oxígeno disuelto.

Sin embargo, estudios previos documentan problemas de eutrofización, pérdida de manglares, presencia de metales pesados y contaminación fecal, física y química desde al menos 2008.

Los pescadores señalan la urbanización desordenada y descargas sin tratamiento como principales responsables de la degradación de la laguna.

Los habitantes exigen la intervención urgente de biólogos, ecólogos y autoridades para evaluar y restaurar la laguna, proteger manglares, regular desarrollos urbanos y mejorar el tratamiento de aguas residuales.

La Laguna de Tres Palos no solo es un ecosistema vulnerable; es también el sustento de miles de familias cuya voz exige atención y acción inmediata.

El cargo Laguna de Tres Palos: Muerte masiva de peces y crisis ambiental en Guerrero apareció primero en Denuncia Verde.

Shein multada en Italia por greenwashing: cuando la moda rápida se viste de mentira ambiental

La sentencia establece que los 24 departamentos y penthouses deben ser demolidos y que el ecosistema afectado sea recuperado.

La protección del medio ambiente no puede quedarse en palabras ni en trámites burocráticos.

Mónica Huerta, de la Asociación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), señaló que este fallo protege el derecho a un ambiente sano y aplica principios internacionales que obligan a actuar frente a riesgos de daños irreversibles.

“Se incorpora la responsabilidad de prevenir daños cuando hay incertidumbre sobre los impactos ambientales”, explicó.

El caso Adamar en Tulum, también abre la puerta a que otros ciudadanos y organizaciones puedan interponer amparos similares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reforzado que cualquier persona tiene interés colectivo en la defensa del medio ambiente, consolidando así la participación ciudadana en la protección ecológica.

Profepa tiene un plazo de 35 días hábiles, una vez que la sentencia quede firme, para cumplir con la demolición y supervisar la restauración del ecosistema.

Además, deberá asegurar que se cumplan las multas correspondientes y coordinarse con el Ministerio Público federal para garantizar que las acciones de recuperación se realicen de manera efectiva.

En Denuncia Verde lo tenemos claro: La protección del medio ambiente no puede quedarse en palabras ni en trámites burocráticos.

Es un derecho de todos y una obligación del Estado. La justicia ambiental debe ser tangible: los ecosistemas dañados necesitan reparación, y las autoridades responsables deben rendir cuentas.

Denunciar y vigilar estos procesos es fundamental. Cada amparo, cada sentencia y cada acción ciudadana fortalece la defensa del planeta. La naturaleza no espera; nuestra responsabilidad tampoco.

El cargo Profepa debe restaurar el ecosistema de Adamar en Tulum apareció primero en Denuncia Verde.

La empresa Housesin Desarrollos devasta esta franja costera, vital como barrera natural contra huracanes y hábitat de especies protegidas, en favor del desarrollo inmobiliario llamado “Manglares”.

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De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del macroproyecto “Nuevo Altata” —aprobada en 2002 y renovada en 2025— el mangle (Conocarpus erectus) debía conservarse in situ, y estaba prohibido cualquier tipo de relleno o construcción en zonas de humedal.

No obstante, Housesin ha intervenido el terreno sin acreditar cesión parcial de dicha MIA, sin licencia de construcción municipal, ni autorización de Protección Civil.

La destrucción de los manglares en Sinaloa, implica una pérdida irreversible para la región.

Durante una inspección en el sitio, se documentaron canales artificiales, montículos de relleno, remoción de vegetación nativa y maquinaria operando en zonas cercanas al canal de mangle.

Fotografías aéreas muestran una transformación visible del ecosistema: al menos una hectárea ha sido alterada con vialidades internas y la plantación de palmeras.

Estas acciones afectan directamente un ecosistema considerado “intocable” bajo la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre.

Especialistas advierten que este tipo de obras, al realizarse sin evaluaciones específicas, comprometen la biodiversidad y estabilidad ecológica de Isla Cortés.

El mangle no solo protege contra fenómenos naturales, también es refugio y criadero de especies marinas clave.

La destrucción de estos hábitats implica una pérdida irreversible para la región.

Pese a las irregularidades, Housesin ya promueve el desarrollo a través de redes sociales y anuncios en sitio, lo cual evidencia una estrategia de “hechos consumados” que ignora el marco legal y ecológico.

Al momento, la empresa no ha acreditado la propiedad del predio ni ha iniciado trámites oficiales ante el municipio de Navolato.

Ante la gravedad del caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección, aunque aún no se conocen acciones concretas.

Denuncia Verde exige transparencia, aplicación de sanciones y detención inmediata del proyecto. La impunidad ambiental no puede seguir siendo la norma en México.

El cargo Denuncian destrucción de manglares en Sinaloa para proyecto turístico ilegal apareció primero en Denuncia Verde.

La reciente muerte de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal en San Juan Guichicovi, encendió alarmas entre las comunidades indígenas y activistas que se oponen a este megaproyecto.

Romero fue reportado desaparecido el 17 de enero y cuatro días después su cuerpo fue hallado con una herida de arma de fuego.

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Su trabajo en defensa del territorio lo había convertido en una figura respetada entre los ejidatarios y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe y compañera de Romero, denuncia que este asesinato refleja la violencia inédita en la región.

Ramírez, junto con otras 23 personas defensoras, enfrenta procesos penales iniciados en 2023 por manifestaciones pacíficas contra el tren.

A pesar de que las obras en su tramo concluyeron en diciembre de ese año, las afectaciones ambientales y las amenazas persisten.

El Tren Interoceánico ha desatado un clima de violencia en Oaxaca.

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto que busca modernizar vías y puertos para convertirse en una plataforma de comercio global.

La Línea Z, que conecta Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca, ha generado la mayor resistencia por la tala excesiva, contaminación de ríos y afectación de manantiales, vitales para la agricultura y el ganado local.

Por ejemplo, organizaciones civiles señalan que la consulta a comunidades indígenas no cumplió con los criterios de consentimiento previo, libre e informado del convenio 169 de la OIT.

Además, los estudios de impacto ambiental fueron incompletos y no contemplaron la biodiversidad ni los riesgos para la población.

La presencia de empresas y grupos del crimen organizado ha agravado la inseguridad.

Entre 2018 y 2023, los homicidios con arma de fuego aumentaron un 24 % en los municipios de Santa María Petapa, San Juan Guichicovi y Matías Romero.

La instalación de maquinaria, la tala de árboles y las amenazas hacia autoridades locales evidencian una estrategia de intimidación hacia quienes defienden el territorio.

El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero y de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García en noviembre de 2024 pone en evidencia que en Oaxaca no hay garantía de seguridad para defensores.

Los procesos penales abiertos, las amenazas constantes y la falta de intervención efectiva del Estado confirman que el derecho a la defensa del territorio sigue siendo un riesgo de vida.

El Tren Interoceánico no solo modifica el paisaje, sino que también amenaza la vida y seguridad de quienes luchan por protegerlo.

Oaxaca exige justicia y rendición de cuentas ante este patrón de violencia y despojo.

El cargo Tren Interoceánico en Oaxaca: violencia y amenazas contra defensores del territorio apareció primero en Denuncia Verde.

Incluso acusó que actuaron con complicidad. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas y desinforman sobre una lucha ambiental que lleva décadas.

Desde los 80 ya existían denuncias contra Calica

Desde 1986, organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y activistas independientes dieron la voz de alerta sobre los riesgos ecológicos de la operación de Calica (hoy Sac-Tun). Las protestas no solo fueron locales: llegaron a medios nacionales e incluso al Senado.

Iván Restrepo, director del Centro de Ecología y Desarrollo, fue testigo y parte activa de esa lucha en los años 90. Acompañó a GEMA cuando obligaron a la empresa a emitir una “declaración de principios” en la que prometía operar con responsabilidad ambiental.

Promesa que, a la vista de los hechos, no se cumplió. En 2016, durante la COP13 en Cancún, activistas como Marciano Toledo Sánchez protestaron visiblemente contra Calica.

Sostuvieron pancartas advirtiendo sobre la destrucción de los mantos freáticos y el ecocidio que la empresa provocaba.

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Ese mismo año, los periodistas Carlos Underwood y Sergio Santiago comenzaron a filmar Erosión, un documental que retrata los impactos ambientales de la empresa.

Fue publicado en 2018, meses antes del inicio del gobierno de López Obrador. Algunas escenas del documental fueron incluso utilizadas —sin crédito— en la conferencia presidencial del 4 de mayo de 2022.

Permisos y omisiones

Los daños de Calica no ocurrieron en la sombra. Desde su inicio, la empresa operó con permisos otorgados por gobiernos anteriores.

El primero fue en 1986, y en el año 2000, bajo la gestión de Julia Carabias, la Semarnap le concedió autorización por 20 años más, incluso para extraer por debajo del manto freático.

Carabias reconoció públicamente haber firmado esa autorización, aunque asegura que se trató de un proceso regulado con evaluaciones de impacto ambiental.

Lo cierto es que las consecuencias fueron devastadoras: hoy, los mapas satelitales muestran enormes cráteres donde antes había ecosistemas.

Activismo constante, no oportunista

Lejos de ser “ambientalistas de ocasión”, las voces que hoy se oponen al Tren Maya han estado presentes desde antes del actual sexenio.

Marciano Toledo, por ejemplo, encabezó otra protesta en 2018 frente a las instalaciones de Calica, denunciando un supuesto intento de soborno millonario para cambiar el uso de suelo.

Organizaciones como La Tierra Nuestra Casa también exigieron entonces que se castigara a los responsables del ecocidio en la Riviera Maya.

En un giro reciente, el gobierno federal —tras clausurar y sancionar a Calica en varias ocasiones— ahora busca adquirir el terreno devastado para convertirlo en una reserva natural y centro de entretenimiento. Una solución que genera dudas: ¿se trata de restauración ecológica o de lavado de imagen?

En “Denuncia Verde” lo decimos claro: minimizar la labor ambientalista no solo invisibiliza años de lucha ciudadana, sino que distorsiona la memoria histórica.

El cargo Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron apareció primero en Denuncia Verde.

Esta vez, no se trata de un desastre natural ni de una plaga forestal fuera de control: es el ser humano, una vez más, quien vulnera la vida del bosque bajo un disfraz legal.

Mujeres indígenas del municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, integrantes de la empresa comunitaria Artemali Occoxal, han denunciado públicamente una alarmante actividad de tala ilegal disfrazada de “saneamiento” en el área natural protegida.

Lo que aparenta ser un esfuerzo por combatir la plaga del gusano descortezador, en realidad esconde la extracción masiva de leña, troncos y madera en rollo —muchos provenientes de árboles sanos.

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Testigos de la devastación en La Malinche

Las mujeres de Artemali Occoxal, dedicadas a la elaboración de artesanías sustentables con acículas (hojas secas) de pino, realizaron un recorrido reciente para recolectar basura y colocar señalética contra el “ocoteo”.

Lo que encontraron fue estremecedor: decenas de árboles no afectados por plagas habían sido derribados. ¿La justificación? Una supuesta emergencia ambiental.

“Fuimos testigos de la devastación que sufre la montaña”, relataron en un comunicado. Los hechos parecen estar respaldados por documentos oficiales: una notificación de saneamiento expedida por la CONAFOR y una constancia de posesión firmada por el presidente municipal René Ramírez Coyotl. Pero las acciones en el terreno cuentan otra historia.

No al abuso, sí a la protección

Las denunciantes han sido enfáticas: no están en contra del saneamiento forestal, sino del uso irresponsable y corrupto de los permisos que lo regulan. La crisis ambiental no debe ser un pretexto para lucrar con los recursos naturales.

Por ello, exigen transparencia y rendición de cuentas a las autoridades responsables: SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR, así como al gobierno municipal y al Consejo de Vigilancia del Ejido de Tepatlaxco de Hidalgo.

Defender el bosque, defender la vida

La denuncia de Artemali Occoxal no solo pone en evidencia la corrupción ambiental, sino que también resalta el papel de las mujeres indígenas como guardianas del bosque.

Su modelo de economía sustentable, basado en el uso responsable del ocoxal, contrasta con la explotación indiscriminada que amenaza la biodiversidad de La Malinche.

Desde Denuncia Verde, nos sumamos al llamado urgente para frenar esta devastación. No podemos permitir que los bosques desaparezcan entre documentos mal usados y discursos que disfrazan intereses económicos de cuidado ambiental.

El cargo Mujeres indígenas alzan la voz por tala ilegal disfrazada de saneamiento en La Malinche apareció primero en Denuncia Verde.

Esta red, dejada a profundidades de entre 20 y 75 metros, ha quedado convertida en una red fantasma, término que define las artes de pesca perdidas o descartadas que siguen atrapando y matando animales bajo el agua.

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Pescadores y buzos locales alertaron sobre esta catástrofe desde el 12 de junio, denunciando que lobos marinos, pepinos de mar, abanicos de mar y otras especies quedan atrapadas y muchas ya han empezado a morir enredadas.

La red, con el folio signado 03230115, fue detectada también por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que visitaron la zona el pasado 14 de junio.

Sin embargo, hasta el día de hoy la red permanece allí.

Las autoridades, indiferentes ante el ecocidio que ocurre en Baja California Sur

Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades han sido reacias a actuar con prontitud. Martín Inzunza Tamayo, director Técnico del Fideicomiso Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), se negó a dar declaraciones.

Mientras FONMAR emitió una disculpa pública por haber filtrado información relacionada con el operativo, justificando el silencio.

Los pescadores ribereños también denuncian que la embarcación María Guadalupe mantuvo apagado su sistema de identificación automática (AIS) durante 13 días.

Lo que impide un monitoreo adecuado; además, ellos reportaron esta situación a las autoridades, pero no obtuvieron una respuesta efectiva.

Además, alertan que otro barco ha estado lanzando redes en la misma zona, agravando la mortandad de peces y mamíferos marinos.

Francisco Gómez, director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, explicó la dimensión del problema.

Las redes fantasma pueden permanecer cientos de años en el mar, degradándose lentamente y liberando microplásticos que la fauna marina ingiere. Causando daños irreparables al ecosistema.

Además, el continuo enmallamiento de animales crea una presión letal sobre las poblaciones marinas.

El llamado urgente de pescadores, buzos y activistas es claro: las autoridades deben intervenir inmediatamente para retirar la red y proteger el Golfo de California de estos daños recurrentes.

También exigen un reforzamiento en la vigilancia y regulación, incluyendo la prohibición de entrada de barcos industriales a 50 millas de la costa, y campañas educativas para evitar futuros ecocidios.

Desde hace años, la comunidad pesquera y turística de BCS clama por una gestión responsable que frene el impacto devastador de la pesca industrial en sus mares. 

En Denuncia Verde nos unimos a esta voz para exigir justicia ambiental y la protección urgente de nuestros océanos.

El cargo Red atunera causa ecocidio en Baja California Sur apareció primero en Denuncia Verde.

Un incendio, presuntamente provocado por habitantes de la zona ribereña, arrasó con al menos siete hectáreas de vegetación.

Las llamas consumieron pastizales, árboles y tule, una planta acuática esencial para la vida de cientos de especies, especialmente aves migratorias.

Esta agresión no fue un accidente ni producto de un descuido, sino un acto deliberado para invadir el cuerpo lacustre, advierten activistas y organizaciones ambientales.

De acuerdo con la asociación civil “Patos Verdes al Rescate”, el objetivo detrás de estos incendios es claro: ganar terreno al humedal para rellenarlo y posteriormente construir viviendas.

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¿Quién está detrás de los incendios en Acuitlapilco?

Esta práctica, además de ilegal, pone en riesgo la integridad de un ecosistema que alberga a más de 250 especies de flora y fauna.

La quema del tule, combinada con el uso de maquinaria pesada y el acarreo de tierra, busca modificar la geografía de la laguna y transformar un bien común en propiedad privada.

La problemática no es reciente. Activistas y defensores ambientales han documentado esta clase de invasiones desde el siglo XIX, pero en las últimas semanas la frecuencia de estos incendios ha aumentado alarmantemente en las comunidades de Acuitlapilco y Tlacochcalco, perteneciente al municipio de Tepeyanco.

La sequía que afecta al humedal ha facilitado que algunos lugareños se apropien arbitrariamente del terreno, argumentando propiedad sobre áreas que pertenecen al ecosistema.

Juan Rafael Rodríguez Razgado, biólogo y defensor de la laguna, ha denunciado públicamente estas prácticas.

El defensor ha señalado que los incendios son solo una parte de una estrategia sistemática para destruir el humedal.

Además, subraya que estos actos van acompañados de violencia ambiental silenciosa: la pérdida de hábitat, la erosión del suelo, y la expulsión de especies nativas.

Desde Denuncia Verde hacemos un llamado urgente al Gobierno del Estado de Tlaxcala, así como a los municipios de Tlaxcala y Tepeyanco, para que detengan esta destrucción y protejan la Laguna de Acuitlapilco.

La omisión es complicidad. No se trata solo de tierras: está en juego la vida de un ecosistema invaluable. La naturaleza no puede esperar.

El cargo Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso apareció primero en Denuncia Verde.