Un juzgado federal ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) garantizar la restauración ambiental en Tulum tras la construcción del conjunto habitacional Adamar, ubicado en la bahía Soliman, zona de Tankah.

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La sentencia establece que los 24 departamentos y penthouses deben ser demolidos y que el ecosistema afectado sea recuperado.

La protección del medio ambiente no puede quedarse en palabras ni en trámites burocráticos.

Mónica Huerta, de la Asociación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), señaló que este fallo protege el derecho a un ambiente sano y aplica principios internacionales que obligan a actuar frente a riesgos de daños irreversibles.

“Se incorpora la responsabilidad de prevenir daños cuando hay incertidumbre sobre los impactos ambientales”, explicó.

El caso Adamar en Tulum, también abre la puerta a que otros ciudadanos y organizaciones puedan interponer amparos similares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reforzado que cualquier persona tiene interés colectivo en la defensa del medio ambiente, consolidando así la participación ciudadana en la protección ecológica.

Profepa tiene un plazo de 35 días hábiles, una vez que la sentencia quede firme, para cumplir con la demolición y supervisar la restauración del ecosistema.

Además, deberá asegurar que se cumplan las multas correspondientes y coordinarse con el Ministerio Público federal para garantizar que las acciones de recuperación se realicen de manera efectiva.

En Denuncia Verde lo tenemos claro: La protección del medio ambiente no puede quedarse en palabras ni en trámites burocráticos.

Es un derecho de todos y una obligación del Estado. La justicia ambiental debe ser tangible: los ecosistemas dañados necesitan reparación, y las autoridades responsables deben rendir cuentas.

Denunciar y vigilar estos procesos es fundamental. Cada amparo, cada sentencia y cada acción ciudadana fortalece la defensa del planeta. La naturaleza no espera; nuestra responsabilidad tampoco.