Desde hace más de cinco siglos, los pueblos yaquis han resistido la colonización, el despojo territorial y la explotación de sus recursos. Hoy, esa resistencia sigue más viva que nunca, pero en un entorno cada vez más hostil y violento.
La tribu yaqui, compuesta por ocho pueblos asentados en el sur de Sonora, habita un territorio privilegiado en biodiversidad: con costas, sierra, valles agrícolas y un río —el Yaqui— que es su corazón espiritual, cultural y económico. Sin embargo, esta riqueza natural se ha convertido en su mayor amenaza.
En los últimos 15 años, los yaquis han luchado contra la imposición de megaproyectos como el Acueducto Independencia, que ha desviado millones de metros cúbicos de agua desde su río hacia la ciudad de Hermosillo.
También han resistido la instalación del Gasoducto Sonora, impulsado por empresas transnacionales como IEnova, sin consulta previa ni consentimiento.
Todo esto, en medio del avance constante de concesiones mineras —al menos 25 activas— que operan en su territorio con respaldo estatal.
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Durante siglos, los Yaquis han defendido su territorio
Pero la defensa del territorio tiene un precio. El 14 de julio, diez yaquis, entre ellos siete integrantes de la guardia tradicional de Loma de Bácum, fueron víctimas de desaparición forzada.
No ha habido rescates, llamadas ni demandas de rescate. Solo silencio. La fiscalía del estado apenas ha iniciado investigaciones y sigue sin abrir una línea sobre la posible participación de las empresas extractivas.
Esta no es una tragedia aislada. En mayo fue asesinado Tomás Rojo Valencia, exlíder yaqui que encabezó la lucha contra el Acueducto Independencia.
En junio, asesinaron a balazos a Luis Urbano, defensor del territorio, tras salir de un banco, y en los últimos dos años, personas no identificadas desaparecieron a más de 20 jóvenes de Vícam sin que las autoridades den respuestas.
La presencia del crimen organizado es una realidad, pero líderes yaquis y organizaciones señalan que también hay violencia orquestada desde intereses empresariales.
“La psicosis es parte de la estrategia para que abandonemos nuestras tierras”, afirma Guadalupe Flores Maldonado, vocero de Loma de Bácum.
A todo esto se suma la pobreza. El 95 % de la tierra yaqui está rentada a grandes empresas agroindustriales.
Sin acceso a crédito, apoyo estatal o autonomía económica, muchas comunidades se ven obligadas a entregar sus tierras por una renta mínima.
Mientras el gobierno promete desviar el gasoducto, la violencia no da tregua. Ni las promesas ni las carpetas de investigación alcanzan para devolverles a sus desaparecidos.
En Denuncia Verde creemos que el caso yaqui debe estar en el centro del debate ambiental y de derechos humanos en México.
La defensa del territorio no puede seguir pagándose con vidas. Si el Estado mexicano no actúa con firmeza, los intereses extractivos seguirán dictando el destino de pueblos enteros.
