Categoría: Denuncia

  • El candidato ‘El Caballo’ Lozoya y la toma clandestina que indigna a Chihuahua

    El candidato ‘El Caballo’ Lozoya y la toma clandestina que indigna a Chihuahua

    En Parral, Chihuahua, una nueva denuncia de daño ecológico y social sacude a la ciudadanía: diversas autoridades señalaron a Alfredo “El Caballo” Lozoya, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, como responsable de una toma clandestina de agua en una de sus propiedades.

    Durante un operativo en la colonia Las Fuentes, encabezado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, con apoyo de la Junta Central (JCAS) y la fiscalía estatal, se localizó una conexión ilegal que abastecía de agua a una vivienda vinculada a Lozoya.

    Mujeres indígenas alzan la voz por tala ilegal disfrazada de saneamiento en La Malinche

    La toma de agua clandestina de Alfredo “El Caballo” Lozoya

    Según declaraciones del director ejecutivo de la JCAS, la propiedad contaba con servicio activo de agua, pero carecía de contrato, por lo que la toma es considerada ilegal.

    La conexión, de tres pulgadas —un tamaño reservado exclusivamente para suministro y no para uso doméstico— atravesaba la casa y abastecía su patio mediante una abrazadera encubierta.

    Lo más grave: se estima que a través de esta toma, Lozoya habría sustraído 283 mil metros cúbicos de agua en un año.

    Eso representa 283 millones de litros, una cantidad escandalosa en un estado que enfrenta escasez hídrica constante.

    El acto constituye un delito de robo de agua, tipificado en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua. Las autoridades informaron que se presentará la denuncia formal ante el Ministerio Público, respaldada con evidencia en video y fotografías.

    Desde Denuncia Verde, subrayamos la gravedad de este caso: mientras miles de familias sufren por falta de agua, un candidato político sustrae este recurso vital en total impunidad. No se trata solo de un delito ambiental, sino de un atropello social.

    Seguiremos de cerca este caso. Porque el agua es de todos. Porque el silencio también contamina.

  • Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing

    Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing

    La petrolera Repsol enfrenta denuncias desde múltiples frentes por prácticas de greenwashing o publicidad engañosa.

    Este tipo de estrategia consiste en presentar productos o servicios como sostenibles o ecológicos, cuando en realidad la información es parcial, sesgada o directamente falsa.

    El objetivo: inducir a los consumidores a adquirir productos que, con información completa, probablemente rechazarían.

    Iberdrola ya presentó una demanda contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa.

    Denuncian destrucción de manglares en Sinaloa para proyecto turístico ilegal

    Repsol, en la mira por “greenwashing”.

    Ahora, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a Ecologistas en Acción y Greenpeace, han sumado nuevas denuncias ante la Dirección General de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

    Según estas organizaciones, la comunicación de Repsol sobre sus biocombustibles está plagada de información engañosa y carece de transparencia.

    Durante 2022 y 2023, las organizaciones denunciantes investigaron el impacto ambiental de Repsol, centrándose en la deforestación en Indonesia y la contribución de la empresa al cambio climático.

    España es el mayor importador europeo de aceite de palma y Repsol, uno de los principales productores de biodiésel con este aceite.

    Los informes periciales revelan que Repsol oculta en su publicidad los daños ambientales y sociales que provoca la producción de aceite de palma, cuya utilización no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los combustibles fósiles.

    La denuncia pone el foco en las afirmaciones de Repsol sobre sus “biocombustibles”, presentados como “sostenibles”, “neutros en carbono” o “renovables”.

    Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing.
    Greenpeace cuestiona la metodología de la empresa para calcular su huella de carbono y señala que solo el 0,8 % de su producción de energía en 2022 fue realmente renovable

    Según Ecologistas en Acción, estas declaraciones inducen a la ciudadanía a confusión, al ser vagas y generalistas, sin diferenciar los impactos reales de cada producto.

    Josep Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma que el biodiésel a base de aceite de palma emite tres veces más gases contaminantes que los combustibles fósiles, debido a la deforestación vinculada a su producción.

    La falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.

    El objetivo de las denuncias es claro: que Repsol rectifique sus declaraciones engañosas y cese cualquier práctica de greenwashing.

    La CECU denuncia que la desinformación de Repsol deja a los consumidores en indefensión, propagando falsas narrativas sobre la lucha climática y los compromisos empresariales.

    Por su parte, Greenpeace cuestiona la metodología de la empresa para calcular su huella de carbono y señala que solo el 0,8 % de su producción de energía en 2022 fue realmente renovable, mientras que el 99% restante provino de petróleo y gas, lo que contradice los objetivos del Acuerdo de París.

    Las organizaciones señalan que el comportamiento de Repsol vulnera la legislación vigente, incluyendo la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal.

    Buscan, además de sanciones, la responsabilidad de los directivos implicados y la rectificación pública de la empresa.

    Como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, la falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.

    Las denuncias recuerdan la necesidad de que las compañías cumplan con el Acuerdo de París y advierten: no hay lugar para promesas falsas ni greenwashing en la lucha contra el cambio climático.

  • “No defiende a los animales”: Acusan al activista Arturo Islas Allende de traficar especies

    “No defiende a los animales”: Acusan al activista Arturo Islas Allende de traficar especies

    Una nueva controversia sacude al ambientalismo mediático en México. Arturo Islas Allende, ampliamente conocido por su discurso en favor del bienestar animal, enfrenta graves acusaciones que podrían revertir por completo su imagen pública.

    Fue la activista e influencer Yael Ruiz quien, en un podcast conducido por Luis “Potro” Caballero, destapó una serie de señalamientos contra Islas.

    Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron

    ¿De qué se acusa a Arturo Islas Allende?

    “Yo me podría ir a la cárcel por estas acusaciones, pero tengo las pruebas”, declaró Ruiz, quien asegura contar con videos y otros documentos que confirmarían sus afirmaciones.

    A pesar del peso de sus palabras, hasta el momento el material no ha sido publicado. Sin embargo, Ruiz insiste en que las evidencias demostrarían una operación sistemática de tráfico de animales disfrazada de activismo.

    El caso de Benito, una jirafa que rescató del fallido santuario Black Jaguar White Tiger, dio origen a la denuncia.

    Ruiz afirma que Islas intentó trasladar a Benito a un supuesto santuario manejado por Ernesto Zasueta, con quien tendría una estrecha relación.

    Según la activista, este traslado tenía un fin económico, y no de protección animal.

    Ruiz fue más allá. Asegura que no solo Benito estaba en riesgo: otros animales rescatados podrían haber estado destinados a ser vendidos a la India.

    “Sí, hay un interés económico de su socio. Hay reportajes que lo evidencian. No los quieren trasladar… los quieren vender”, denunció.

    Una denuncia que exige respuesta

    Estas declaraciones ponen bajo la lupa a Islas y a Zasueta, este último con antecedentes de señalamientos relacionados con tráfico de especies.

    Zasueta es miembro activo de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Antes, medios y usuarios ya habían mencionado su nombre en contextos polémicos, y según Ruiz, Islas habría fortalecido estratégicamente su vínculo con él en redes sociales.

    La pregunta que deja esta revelación es contundente: ¿las campañas de rescate lideradas por Arturo Islas tienen un trasfondo comercial?

    En Denuncia Verde nos mantenemos atentos a la evolución de este caso. Aunque aún no se han presentado las pruebas de manera pública, la gravedad de las acusaciones amerita una respuesta clara y transparente por parte del señalado.

    Si existe evidencia de que se ha lucrado con animales rescatados, los responsables deben rendir cuentas. No se debe usar la protección animal como fachada para el enriquecimiento personal.

  • Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron

    Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron

    En una reciente conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que durante más de 30 años “no hubo ambientalistas” que denunciaran las actividades de Calica, la empresa extractora de piedra caliza en Quintana Roo.

    Incluso acusó que actuaron con complicidad. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas y desinforman sobre una lucha ambiental que lleva décadas.

    Desde los 80 ya existían denuncias contra Calica

    Desde 1986, organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y activistas independientes dieron la voz de alerta sobre los riesgos ecológicos de la operación de Calica (hoy Sac-Tun). Las protestas no solo fueron locales: llegaron a medios nacionales e incluso al Senado.

    Iván Restrepo, director del Centro de Ecología y Desarrollo, fue testigo y parte activa de esa lucha en los años 90. Acompañó a GEMA cuando obligaron a la empresa a emitir una “declaración de principios” en la que prometía operar con responsabilidad ambiental.

    Protestas contra Calica en Quintana Roo antes del sexenio de AMLO.

    Promesa que, a la vista de los hechos, no se cumplió. En 2016, durante la COP13 en Cancún, activistas como Marciano Toledo Sánchez protestaron visiblemente contra Calica.

    Sostuvieron pancartas advirtiendo sobre la destrucción de los mantos freáticos y el ecocidio que la empresa provocaba.

    Mujeres indígenas alzan la voz por tala ilegal disfrazada de saneamiento en La Malinche

    Ese mismo año, los periodistas Carlos Underwood y Sergio Santiago comenzaron a filmar Erosión, un documental que retrata los impactos ambientales de la empresa.

    Fue publicado en 2018, meses antes del inicio del gobierno de López Obrador. Algunas escenas del documental fueron incluso utilizadas —sin crédito— en la conferencia presidencial del 4 de mayo de 2022.

    Permisos y omisiones

    Los daños de Calica no ocurrieron en la sombra. Desde su inicio, la empresa operó con permisos otorgados por gobiernos anteriores.

    El primero fue en 1986, y en el año 2000, bajo la gestión de Julia Carabias, la Semarnap le concedió autorización por 20 años más, incluso para extraer por debajo del manto freático.

    Carabias reconoció públicamente haber firmado esa autorización, aunque asegura que se trató de un proceso regulado con evaluaciones de impacto ambiental.

    Lo cierto es que las consecuencias fueron devastadoras: hoy, los mapas satelitales muestran enormes cráteres donde antes había ecosistemas.

    AMLO declaró que durante más de 30 años “no hubo ambientalistas” que denunciaran las actividades de Calica, lo cual es falso.

    Activismo constante, no oportunista

    Lejos de ser “ambientalistas de ocasión”, las voces que hoy se oponen al Tren Maya han estado presentes desde antes del actual sexenio.

    Marciano Toledo, por ejemplo, encabezó otra protesta en 2018 frente a las instalaciones de Calica, denunciando un supuesto intento de soborno millonario para cambiar el uso de suelo.

    Organizaciones como La Tierra Nuestra Casa también exigieron entonces que se castigara a los responsables del ecocidio en la Riviera Maya.

    En un giro reciente, el gobierno federal —tras clausurar y sancionar a Calica en varias ocasiones— ahora busca adquirir el terreno devastado para convertirlo en una reserva natural y centro de entretenimiento. Una solución que genera dudas: ¿se trata de restauración ecológica o de lavado de imagen?


    En “Denuncia Verde” lo decimos claro: minimizar la labor ambientalista no solo invisibiliza años de lucha ciudadana, sino que distorsiona la memoria histórica.

  • Greenwashing: El engaño ecológico de Coca-Cola, Nestlé y Danone que pone en jaque al planeta

    Greenwashing: El engaño ecológico de Coca-Cola, Nestlé y Danone que pone en jaque al planeta

    En un momento en que la preocupación por el medio ambiente crece a nivel global, organizaciones acusan formalmente a tres gigantes de la industria de bienes de consumo —Coca-Cola, Nestlé y Danone— de greenwashing, o lavado verde de imagen.

    Organizaciones ambientalistas como ClientEarth y la Organización de Protección al Consumidor de la Unión Europea (BEUC) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por falsas afirmaciones sobre la sostenibilidad de sus botellas plásticas.

    Apicultores mayas denuncian el avance de la deforestación en Maxcanú

    Estas empresas aseguran en sus envases que reciclan al 100% las botellas y que son completamente reciclables, mensajes que hacen pensar que sus productos forman parte de una economía circular perfecta.

    Sin embargo, la realidad es muy diferente. La tasa de reciclaje de plástico en la UE es inferior al 40%, y solo alrededor del 50% de las botellas PET son recogidas para reciclaje. Siendo una parte mínima la que vuelve a usarse en envases de calidad alimentaria.

    A nivel global, apenas el 9% del plástico producido ha sido reciclado alguna vez.

    Además, la etiqueta de “100% reciclable” no garantiza que el envase realmente se recicle, pues depende de las instalaciones de recolección y reciclaje disponibles en cada localidad, las cuales son muy variables.

    Tampoco se aclara que tapas y etiquetas no siempre entran en estas afirmaciones, lo que genera confusión en los consumidores.

    La denuncia presentada busca frenar el “Greenwashing” y exigir mayor responsabilidad y honestidad en las comunicaciones sobre sostenibilidad.

    Esta falta de transparencia fomenta una falsa sensación de sostenibilidad que puede hacer que la gente opte por botellas de plástico en lugar de alternativas reutilizables, que son la verdadera solución al problema.

    Según la Fundación Ellen MacArthur, solo el 2% de los productos vendidos por grandes minoristas usan envases reutilizables, una cifra que apenas ha cambiado en años.

    Las respuestas de las compañías incluyen compromisos para aumentar el reciclaje y la reutilización, pero los ambientalistas los consideran insuficientes ante la expansión continua del plástico de un solo uso.

    Coca-Cola, Nestlé y Danone, están siendo acusados por ambientalistas de greenwashing, o lavado verde de imagen y de falso ambientalismo.

    La denuncia presentada busca frenar estas prácticas engañosas y exigir mayor responsabilidad y honestidad en las comunicaciones sobre sostenibilidad.

    Porque mientras las empresas juegan con palabras, el planeta sigue sufriendo el impacto irreversible de la contaminación plástica.

    En “Denuncia Verde” creemos que el cambio real pasa por exigir a las grandes corporaciones transparencia total y un compromiso auténtico con la reducción del plástico desde su origen.

    Solo así podremos avanzar hacia un futuro verdaderamente sostenible.

  • Nicaragua simula consultas para obtener fondos del Fondo Verde del Clima, denuncia ONG

    Nicaragua simula consultas para obtener fondos del Fondo Verde del Clima, denuncia ONG

    En Nicaragua, una grave irregularidad ambiental está saliendo a la luz. La Fundación del Río, una organización ambientalista local, ha denunciado que el gobierno nicaragüense está simulando un proceso de consulta con comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, con el fin de desbloquear un multimillonario financiamiento del Fondo Verde del Clima (FVC).

    Este fondo, dependiente de Naciones Unidas y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobó un proyecto llamado Bio-Clima.

    Este proyecto esta destinado a combatir la deforestación y fortalecer la resiliencia ambiental en zonas vitales como Bosawás y la biosfera de Río San Juan.

    El financiamiento total asciende a 115.7 millones de dólares, que buscan transformar actividades como la ganadería, agricultura y explotación forestal para proteger los ecosistemas y mejorar la vida de las comunidades indígenas.

    Falso que ambientalistas no se pronunciaron contra Xcaret antes del Tren Maya

    Denuncian que el gobierno de Nicaragua está llevando a cabo consultas simuladas

    Sin embargo, según denunció Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, el gobierno nicaragüense está llevando a cabo «consultas simuladas», enfocándose solo en un 4.6% de la población indígena, y eligiendo participantes afines al régimen o ajenos a las comunidades afectadas.

    Además, en algunas regiones como Mayagna Sauni As, la presencia militar y presiones sobre líderes locales han impedido que estas consultas sean libres y genuinas.

    La ONU y sus agencias, como la UNOPS y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), están instrumentalizando este proceso para legitimar su avance.

    Denuncian que el gobierno de Nicaragua está llevando a cabo consultas simuladas.

    El cual ha sido rechazado por varias comunidades indígenas que defienden su derecho a participar verdaderamente.

    La Fundación del Río alerta que este intento desesperado busca presentar avances ficticios en la próxima reunión del Fondo Verde en octubre, para así acceder al millonario desembolso.

    Desde Denuncia Verde exigimos transparencia, respeto a los pueblos originarios y que los recursos destinados a proteger el ambiente se utilicen de manera ética y efectiva, respetando los derechos humanos y ambientales.

  • Aguas negras y gases tóxicos: la contaminación que amenaza Veracruz bajo la operación de Mitsui

    Aguas negras y gases tóxicos: la contaminación que amenaza Veracruz bajo la operación de Mitsui

    En Ixtaczoquitlán, Veracruz, la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Alto Río Blanco, operada por la empresa japonesa Mitsui desde 2004, ha sido clausurada temporalmente por graves daños ambientales y riesgos a la salud pública.

    Vecinos denuncian la emisión constante de ácido sulfhídrico, gases tóxicos y descargas de agua contaminada al río Escamela.

    La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) detectó que la planta vertía hasta 700 litros por segundo de aguas residuales sin los permisos necesarios.

    A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades

    El agua que se descarga es incluso más sucia que la que recibe, con altos niveles de metales pesados y patógenos, lo que pone en riesgo tanto los ecosistemas como a las comunidades cercanas.

    Los impactos para la población local son evidentes. Niños que viven a pocos metros sufren enfermedades respiratorias, dolores de cabeza y náuseas por el fuerte olor y los gases liberados.

    La escuela primaria vecina ha tenido que suspender clases por la contaminación ambiental, y la salud pública está en serio peligro.

    A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades, asegurando haber cumplido con la normativa.

    Sin embargo, el informe técnico independiente y la PMA corroboran que la planta opera con tecnología obsoleta, infraestructuras deterioradas y sin los controles ambientales requeridos.

    La contaminación no sólo afecta la biodiversidad local ni la calidad de vida de los habitantes. También pone en riesgo los cultivos tradicionales, como café y caña, que dependen del agua limpia de los ríos de la región.

    La falta de mantenimiento y supervisión podría ocasionar accidentes industriales, como la trágica muerte de un trabajador en 2021.

    El nuevo director del fideicomiso que administra la planta, Edgar Carmona, advierte que se ha decidido rescindir el contrato con Mitsui, pero el futuro de la operación aún es incierto.

    La comunidad exige respuestas claras y acciones urgentes para restaurar el equilibrio ambiental y garantizar la salud de la población.

    Desde Denuncia Verde seguiremos informando y denunciando para proteger a Veracruz y sus habitantes de daños ecológicos y sociales.

  • Red atunera causa ecocidio en Baja California Sur

    Red atunera causa ecocidio en Baja California Sur

    En un lamentable episodio de ecocidio, una red gigante de pesca abandonada por el barco atunero María Guadalupe permanece atrapada en el islote Las Ánimas, en Baja California Sur (BCS), provocando la muerte de cientos de especies marinas.

    Esta red, dejada a profundidades de entre 20 y 75 metros, ha quedado convertida en una red fantasma, término que define las artes de pesca perdidas o descartadas que siguen atrapando y matando animales bajo el agua.

    Falso que ambientalistas no se pronunciaron contra Xcaret antes del Tren Maya

    Pescadores y buzos locales alertaron sobre esta catástrofe desde el 12 de junio, denunciando que lobos marinos, pepinos de mar, abanicos de mar y otras especies quedan atrapadas y muchas ya han empezado a morir enredadas.

    La red, con el folio signado 03230115, fue detectada también por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que visitaron la zona el pasado 14 de junio.

    Sin embargo, hasta el día de hoy la red permanece allí.

    Las autoridades, indiferentes ante el ecocidio que ocurre en Baja California Sur

    Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades han sido reacias a actuar con prontitud. Martín Inzunza Tamayo, director Técnico del Fideicomiso Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), se negó a dar declaraciones.

    Mientras FONMAR emitió una disculpa pública por haber filtrado información relacionada con el operativo, justificando el silencio.

    Los pescadores ribereños también denuncian que la embarcación María Guadalupe mantuvo apagado su sistema de identificación automática (AIS) durante 13 días.

    Lo que impide un monitoreo adecuado; además, ellos reportaron esta situación a las autoridades, pero no obtuvieron una respuesta efectiva.

    Además, alertan que otro barco ha estado lanzando redes en la misma zona, agravando la mortandad de peces y mamíferos marinos.

    Francisco Gómez, director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, explicó la dimensión del problema.

    Las redes fantasma pueden permanecer cientos de años en el mar, degradándose lentamente y liberando microplásticos que la fauna marina ingiere. Causando daños irreparables al ecosistema.

    Además, el continuo enmallamiento de animales crea una presión letal sobre las poblaciones marinas.

    Desde hace años, la comunidad pesquera y turística de Baja California Sur clama por una gestión responsable que frene el ecocidio.

    El llamado urgente de pescadores, buzos y activistas es claro: las autoridades deben intervenir inmediatamente para retirar la red y proteger el Golfo de California de estos daños recurrentes.

    También exigen un reforzamiento en la vigilancia y regulación, incluyendo la prohibición de entrada de barcos industriales a 50 millas de la costa, y campañas educativas para evitar futuros ecocidios.

    Desde hace años, la comunidad pesquera y turística de BCS clama por una gestión responsable que frene el impacto devastador de la pesca industrial en sus mares. 

    En Denuncia Verde nos unimos a esta voz para exigir justicia ambiental y la protección urgente de nuestros océanos.

  • Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso

    Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso

    El pasado 28 de febrero, la Laguna de Acuitlapilco, ubicada en Tlaxcala, fue escenario de un nuevo atentado ecológico.

    Un incendio, presuntamente provocado por habitantes de la zona ribereña, arrasó con al menos siete hectáreas de vegetación.

    Las llamas consumieron pastizales, árboles y tule, una planta acuática esencial para la vida de cientos de especies, especialmente aves migratorias.

    Esta agresión no fue un accidente ni producto de un descuido, sino un acto deliberado para invadir el cuerpo lacustre, advierten activistas y organizaciones ambientales.

    De acuerdo con la asociación civil “Patos Verdes al Rescate”, el objetivo detrás de estos incendios es claro: ganar terreno al humedal para rellenarlo y posteriormente construir viviendas.

    Falso que ambientalistas no se pronunciaron contra Xcaret antes del Tren Maya

    ¿Quién está detrás de los incendios en Acuitlapilco?

    Esta práctica, además de ilegal, pone en riesgo la integridad de un ecosistema que alberga a más de 250 especies de flora y fauna.

    La quema del tule, combinada con el uso de maquinaria pesada y el acarreo de tierra, busca modificar la geografía de la laguna y transformar un bien común en propiedad privada.

    La problemática no es reciente. Activistas y defensores ambientales han documentado esta clase de invasiones desde el siglo XIX, pero en las últimas semanas la frecuencia de estos incendios ha aumentado alarmantemente en las comunidades de Acuitlapilco y Tlacochcalco, perteneciente al municipio de Tepeyanco.

    La sequía que afecta al humedal ha facilitado que algunos lugareños se apropien arbitrariamente del terreno, argumentando propiedad sobre áreas que pertenecen al ecosistema.

    Juan Rafael Rodríguez Razgado, biólogo y defensor de la laguna, ha denunciado públicamente estas prácticas.

    El defensor ha señalado que los incendios son solo una parte de una estrategia sistemática para destruir el humedal.

    Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso.

    Además, subraya que estos actos van acompañados de violencia ambiental silenciosa: la pérdida de hábitat, la erosión del suelo, y la expulsión de especies nativas.

    Desde Denuncia Verde hacemos un llamado urgente al Gobierno del Estado de Tlaxcala, así como a los municipios de Tlaxcala y Tepeyanco, para que detengan esta destrucción y protejan la Laguna de Acuitlapilco.

    La omisión es complicidad. No se trata solo de tierras: está en juego la vida de un ecosistema invaluable. La naturaleza no puede esperar.