El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 en México prende las alertas: el primer presupuesto diseñado íntegramente por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea recortes históricos a las áreas naturales protegidas (ANP) y a los programas de atención al cambio climático, justo en un momento en el que la crisis climática exige más inversión, no menos.
De acuerdo con la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) recibiría cerca de 52 millones de dólares, el monto más bajo en 21 años.
Esto pone en riesgo directo a las 232 ANP del país, que abarcan más del 11 % del territorio nacional y resguardan algunos de los ecosistemas más valiosos de México.
En promedio, cada hectárea protegida recibiría apenas 10.22 pesos al año: una cifra simbólica que revela el abandono estructural de la conservación.
Laguna de Tres Palos: Muerte masiva de peces y crisis ambiental en Guerrero
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 plantea recortes históricos a las áreas naturales protegidas (ANP).
La contradicción es evidente. Claudia Sheinbaum no sólo es presidenta, también es científica y formó parte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Su perfil hacía pensar en una política ambiental fortalecida. Sin embargo, el presupuesto 2026 apunta en la dirección opuesta.
Mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sufrirá una reducción real del 4 %, Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá un aumento del 7.7 %, reforzando la dependencia del país a los combustibles fósiles.
Las consecuencias de estos recortes no son abstractas. En la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, una de las áreas protegidas más grandes del país, existen apenas 13 guardaparques para vigilar más de dos millones de hectáreas.
Cada uno debe cubrir un territorio equivalente a casi 400 campos de fútbol.
Además, los recursos materiales son mínimos: cinco radios, tres motocicletas y algunos vehículos para proteger un santuario clave de la ballena gris.
En la Reserva de la Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, sólo hay cuatro guardaparques para enfrentar amenazas como la tala ilegal y la presencia del crimen organizado.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), responsable de la inspección y vigilancia ambiental, también tendrá un recorte del 3.3 %.
Esto significa menos capacidad para prevenir delitos ambientales, menos presencia en los territorios y mayor vulnerabilidad para quienes defienden el bosque y la biodiversidad.
Cuidar el ambiente no es un gasto, es una inversión estratégica para la vida, la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana.
A esta crisis se suma una distorsión profunda en los presupuestos destinados al cambio climático.
En el Anexo 16, que debería financiar acciones de adaptación y mitigación, el 93 % de los recursos se canaliza a programas que no tienen una contribución clara en la lucha contra la crisis climática.
El Ejército es el principal beneficiado, concentrando más del 41 % de estos fondos, mientras que Semarnat apenas recibe el 3.7 %.
Programas realmente clave, como la conservación de bosques, la gestión del agua o la protección de ANP, quedan relegados a una fracción mínima del presupuesto.
Algo similar ocurre en el Anexo 15, sobre transición energética: el 68 % de los recursos se destina a infraestructura ferroviaria y proyectos petroquímicos, mientras que los proyectos de energías renovables de Semarnat obtienen sólo el 2 %.
Este diseño presupuestal refuerza un modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles, en lugar de impulsar una transición energética justa y limpia.
Las organizaciones ambientales advierten que México debería destinar al menos 2 mil 800 millones de dólares a programas de adaptación y mitigación climática.
Lo que hoy se propone es muy inferior a esa cifra y deja en el abandono a sectores cruciales como la investigación pesquera, la gestión sustentable de recursos naturales y la protección de comunidades vulnerables.
En Denuncia Verde sostenemos que recortar el presupuesto ambiental no es una política de austeridad: es una política de riesgo.
Sin inversión suficiente, las áreas naturales protegidas se convierten en simples líneas en el mapa y el combate al cambio climático en un discurso vacío.
Cuidar el ambiente no es un gasto, es una inversión estratégica para la vida, la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana. La urgencia es ahora.
