Autor: Redacción

  • Apicultores mayas denuncian el avance de la deforestación en Maxcanú

    Apicultores mayas denuncian el avance de la deforestación en Maxcanú

    En Maxcanú, Yucatán, la deforestación del paisaje es evidente. Hace una década, la selva tropical cubría la zona con un manto verde, pero hoy las granjas porcícolas, los caminos y las zonas de extracción de tierra roja están reemplazándola.

    En el corazón de esta región, la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on ha documentado la pérdida de al menos 200 hectáreas de selva, sólo en el ejido de Chactún.

    Este cambio de uso de suelo, impulsado en parte por la expansión de megaproyectos como el Tren Maya, afecta directamente a la apicultura, una actividad tradicional de las comunidades mayas.

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    “Hay menos abejas, menos floración, y eso significa menos miel”, explica uno de los apicultores de la Alianza.

    La afectación no solo es ecológica: se pone en riesgo una fuente de sustento económico y cultural para más de 700 familias apicultoras.

    Aunque la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on presentó denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde 2021, las autoridades han logrado pocos avances.

    Ademas de la deforestación por el Tren Maya, los campesinos se enfrentan a otros problemas como la extracción de tierra roja para construcción y la venta de terrenos para desarrollos inmobiliarios

    Se han colocado sellos de clausura en algunas granjas, pero estas continúan operando de forma irregular.

    Además, algunos denunciantes han recibido amenazas, lo que genera un clima de miedo e impunidad en la región.

    Greenpeace documentó en 2020 la instalación de 257 granjas porcícolas en el sureste del país, de las cuales 222 se encuentran en Yucatán.

    Estas granjas han contribuido a la pérdida de casi 11 mil hectáreas de selva maya y, en algunos casos, se ubican dentro de Áreas Naturales Protegidas.

    Maxcanú no es un caso aislado. Municipios como Opichén, Uman y Halachó también enfrentan un avance agresivo del desmonte.

    Ademas de la deforestación por el Tren Maya, los campesinos se enfrentan a otros problemas como la extracción de tierra roja para construcción y la venta de terrenos para desarrollos inmobiliarios.

    La extracción de tierra roja para construcción y la venta de terrenos para desarrollos inmobiliarios se suman al problema.

    La Alianza Kaabnalo’on exige no solo la clausura efectiva de las zonas deforestadas, sino también medidas de restauración y protección ecológica.

    “El ecosistema está herido, pero aún puede salvarse”, concluye David Linares, asesor jurídico de la organización.

    En este contexto, desde Denuncia Verde creemos que cuidar el ambiente no es solo una tarea de las autoridades, es una lucha por la vida, la cultura y la biodiversidad de un territorio que ha sostenido a los pueblos mayas por generaciones.

  • Grupo Xcaret amenaza arrecife centenario con su nueva marina turística

    Grupo Xcaret amenaza arrecife centenario con su nueva marina turística

    Grupo Xcaret enfrenta una nueva denuncia por daño ambiental, esta vez por la construcción de una marina que, según organizaciones civiles y ciudadanos de Quintana Roo, pone en grave riesgo un arrecife de más de 200 años de antigüedad.

    El proyecto, denominado Sol de Selva, contempla el desarrollo de una marina para 15 embarcaciones, con un volumen de dragado superior a los 67 mil metros cúbicos.

    Este movimiento masivo de sedimentos podría alterar significativamente las corrientes marinas, lo que provocaría la destrucción parcial o total del arrecife Sábalos y Tortugas, una zona de alto valor ecológico.

    Una nueva denuncia para Grupo Xcaret

    A pesar de que en 2019 la Semarnat otorgó la autorización de impacto ambiental, los efectos negativos del proyecto han motivado una denuncia formal ante la Profepa, interpuesta por cooperativas turísticas, pescadores de Solidaridad y organizaciones ambientalistas.

    El recurso exige la revocación de la autorización por considerar que hubo omisiones graves y que no se contemplaron adecuadamente los riesgos al ecosistema.

    La denuncia también recuerda que la Profepa tiene la obligación legal de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, aplicar medidas de seguridad urgentes y suspender permisos si se detecta daño ecológico.

    La guerra silenciosa contra los Yaquis

    Este no es un hecho aislado. En años recientes, Grupo Xcaret ha sido señalado en múltiples ocasiones por su impacto negativo en el medio ambiente.

    En 2023, la organización Moce Yax Cuxtal denunció que las obras de expansión del parque Xcaret estaban generando impactos severos en los ecosistemas locales.

    Desde Denuncia Verde reiteramos la importancia de visibilizar estos casos y exigimos a las autoridades una evaluación responsable, transparente y basada en la protección de los recursos naturales, no en intereses turísticos o comerciales.

  • La guerra silenciosa contra los Yaquis

    La guerra silenciosa contra los Yaquis

    Desde hace más de cinco siglos, los pueblos yaquis han resistido la colonización, el despojo territorial y la explotación de sus recursos. Hoy, esa resistencia sigue más viva que nunca, pero en un entorno cada vez más hostil y violento.

    La tribu yaqui, compuesta por ocho pueblos asentados en el sur de Sonora, habita un territorio privilegiado en biodiversidad: con costas, sierra, valles agrícolas y un río —el Yaqui— que es su corazón espiritual, cultural y económico. Sin embargo, esta riqueza natural se ha convertido en su mayor amenaza.

    En los últimos 15 años, los yaquis han luchado contra la imposición de megaproyectos como el Acueducto Independencia, que ha desviado millones de metros cúbicos de agua desde su río hacia la ciudad de Hermosillo.

    También han resistido la instalación del Gasoducto Sonora, impulsado por empresas transnacionales como IEnova, sin consulta previa ni consentimiento.

    Todo esto, en medio del avance constante de concesiones mineras —al menos 25 activas— que operan en su territorio con respaldo estatal.

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    Durante siglos, los Yaquis han defendido su territorio

    Pero la defensa del territorio tiene un precio. El 14 de julio, diez yaquis, entre ellos siete integrantes de la guardia tradicional de Loma de Bácum, fueron víctimas de desaparición forzada.

    No ha habido rescates, llamadas ni demandas de rescate. Solo silencio. La fiscalía del estado apenas ha iniciado investigaciones y sigue sin abrir una línea sobre la posible participación de las empresas extractivas.

    Esta no es una tragedia aislada. En mayo fue asesinado Tomás Rojo Valencia, exlíder yaqui que encabezó la lucha contra el Acueducto Independencia.

    En junio, asesinaron a balazos a Luis Urbano, defensor del territorio, tras salir de un banco, y en los últimos dos años, personas no identificadas desaparecieron a más de 20 jóvenes de Vícam sin que las autoridades den respuestas.

    La presencia del crimen organizado es una realidad, pero líderes yaquis y organizaciones señalan que también hay violencia orquestada desde intereses empresariales.

    “La psicosis es parte de la estrategia para que abandonemos nuestras tierras”, afirma Guadalupe Flores Maldonado, vocero de Loma de Bácum.

    Desde hace más de cinco siglos, los pueblos yaquis han resistido la colonización, el despojo territorial y la explotación de sus recursos. Hoy, esa resistencia sigue más viva que nunca, pero en un entorno cada vez más hostil y violento.

    A todo esto se suma la pobreza. El 95 % de la tierra yaqui está rentada a grandes empresas agroindustriales.

    Sin acceso a crédito, apoyo estatal o autonomía económica, muchas comunidades se ven obligadas a entregar sus tierras por una renta mínima.

    Mientras el gobierno promete desviar el gasoducto, la violencia no da tregua. Ni las promesas ni las carpetas de investigación alcanzan para devolverles a sus desaparecidos.

    En Denuncia Verde creemos que el caso yaqui debe estar en el centro del debate ambiental y de derechos humanos en México.

    La defensa del territorio no puede seguir pagándose con vidas. Si el Estado mexicano no actúa con firmeza, los intereses extractivos seguirán dictando el destino de pueblos enteros.

  • Pemex bajo la lupa: daños ambientales ocultos en el Golfo de México

    Pemex bajo la lupa: daños ambientales ocultos en el Golfo de México

    El pasado 2 de julio, una imagen apocalíptica recorrió el mundo: un “ojo de fuego” ardía sobre el mar, en inmediaciones de la plataforma KU-Charly, en el Golfo de México.

    Pemex atribuyó el fenómeno a una tormenta eléctrica que provocó la ruptura de un gasoducto submarino, liberando gas que luego se incendió.

    La paraestatal aseguró que el incendio fue controlado en cinco horas, sin impactos ambientales permanentes. Sin embargo, científicos, ambientalistas y organizaciones civiles no comparten ese optimismo.

    Turismo y crisis hídrica: una “denuncia verde” al consumo de agua excesivo

    El principal problema: la opacidad. Investigadores como Héctor Reyes Bonilla (UABC) y Lorenzo Álvarez Filip (UNAM) han denunciado la falta de acceso a la zona para evaluar los posibles daños.

    La dispersión de contaminantes en el océano y la ausencia de estudios sistemáticos dificultan cualquier diagnóstico certero.

    Además, según datos satelitales, el accidente generó una alarmante emisión de dióxido de nitrógeno (NO₂), con potenciales efectos crónicos en la salud humana.

    El Golfo de México alberga una biodiversidad invaluable que esta en peligro

    No se trata de un hecho aislado. En 2019, otro derrame en Cayo Arcas pasó desapercibido y fue reconocido por Pemex cinco meses después.

    Según Álvarez Filip, “el estrés crónico” de estos “accidentes menores” puede ser incluso más dañino que eventos espectaculares como el “ojo de fuego”.

    La falta de monitoreo ambiental, sistemas de inspección deficientes y la negativa a transparentar información por parte del gobierno y Pemex agravan el problema.

    Organizaciones como Cartocrítica y Greenpeace México han señalado que la empresa no solo carece de controles adecuados, sino que es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero del mundo.

    Pemex bajo la lupa: daños ambientales ocultos en el Golfo de México.

    Frente a esta realidad, 25 organizaciones civiles exigieron al gobierno mexicano que investigue el incidente, sancione a los responsables y elabore un plan de reparación del daño.

    También urgieron a abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, detener la extracción en aguas profundas y prohibir el fracking.

    El Golfo de México alberga una biodiversidad invaluable. Pero sin transparencia, sin ciencia independiente y sin voluntad política, cada nueva fuga es una herida más al océano… y a nuestro futuro.


    Síguenos en Denuncia Verde para más investigaciones sobre justicia ambiental y defensa del territorio.

  • Agua que enferma, minería que mata: la emergencia invisible en Oaxaca

    Agua que enferma, minería que mata: la emergencia invisible en Oaxaca

    En los Valles Centrales de Oaxaca, la promesa de desarrollo de una minería se convirtió en una pesadilla silenciosa para las comunidades zapotecas.

    Desde que la Compañía Minera Cuzcatlán —filial de la canadiense Fortuna Silver Mines— comenzó operaciones en 2010 en San José del Progreso, los habitantes de al menos seis municipios denuncian un deterioro alarmante en su salud, en su agua y en su entorno.

    Los testimonios son muchos. Algunos habitantes narran cómo el agua que usan les irrita la piel, mientras otros sufren una tos persistente.

    En San José del Progreso, varios niños han sido diagnosticados con hepatitis. Los animales también están muriendo: chivos, gallinas y peces aparecen enfermos o deformes cerca de los cuerpos de agua contaminados.

    Elon Musk bajo la lupa ambiental: Innovación tecnológica y Denuncia Verde

    La minería de Oaxaca que se convirtió en una pesadilla

    Un estudio del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reveló un incremento de enfermedades respiratorias e intestinales desde que la mina comenzó a operar.

    En 2006 se registraron 73 infecciones intestinales mal definidas en San José del Progreso. Para 2013, la cifra se disparó a 322. En 2019, seguía muy por encima del nivel previo a la minería.

    El punto de quiebre fue el derrame del 8 de octubre de 2018, cuando las lluvias desbordaron la piscina de residuos mineros, contaminando el arroyo Coyote.

    Este cauce atraviesa las instalaciones de la mina y llega hasta varias comunidades. Estudios oficiales de Conagua confirmaron la presencia de aluminio, bario, plomo, manganeso y cromo por encima de los límites permitidos.

    Estos metales, explican expertos, están relacionados con enfermedades respiratorias, gastrointestinales, neurológicas e incluso cáncer.

    Justicia ambiental y derecho básico al agua limpia y a la salud.

    Aunque la minera sostiene que no hay daño ambiental grave y presume inversiones en mitigación, las irregularidades son numerosas.

    La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha detectado al menos 75 obras irregulares y sancionado a la empresa en cinco ocasiones.

    Agua que enferma, minería que mata: la emergencia invisible en Oaxaca.

    La multa más alta fue de apenas 3.2 millones de pesos, un monto irrisorio frente al daño a la salud y al ambiente.

    La situación es aún más alarmante si se considera la pobreza en la región. Muchas familias no pueden comprar agua embotellada de forma constante, y vuelven a consumir del pozo que pudo haber sido contaminado.

    Mientras tanto, Profepa y Conagua niegan entrevistas, ocultan expedientes y retrasan la entrega de resultados.

    Organizaciones comunitarias como el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos siguen exigiendo estudios independientes y acciones firmes. Su exigencia es clara: justicia ambiental y el derecho básico al agua limpia y a la salud.

    Pero la amenaza no termina aquí. La minera planea seguir operando hasta 2029 y expandirse a nuevas zonas de Oaxaca y Sinaloa.

    Lo que está en juego no es solo la vida de un río. Son cientos de vidas humanas y animales afectadas por una industria que, en nombre del progreso, deja una estela de muerte.

    En Denuncia Verde seguiremos vigilantes. Porque visibilizar es el primer paso hacia la justicia.

  • Elon Musk bajo la lupa ambiental: Innovación tecnológica y Denuncia Verde

    Elon Musk bajo la lupa ambiental: Innovación tecnológica y Denuncia Verde

    Elon Musk ha impulsado tecnologías sostenibles a través de empresas como Tesla, pero también ha sido objeto de denuncia verde por el impacto ambiental de proyectos como SpaceX. Desde nuestra organización, analizamos tanto sus aportes al desarrollo sustentable como las críticas que generan sus acciones en el ámbito ecológico.

    Elon Musk encabeza la lista de multimillonarios verdes

    Musk ha tenido un impacto significativo en el ámbito medioambiental, tanto por sus acciones como por sus declaraciones. Es conocido por su apoyo a la sostenibilidad y la energía renovable a través de Tesla y sistemas de almacenamiento de energía. Sin embargo, también ha enfrentado críticas por el impacto ambiental de sus proyectos, como SpaceX, y por su influencia en la política climática.

    El magnate, cuya fortuna se disparó un 622 % encabezó la lista de multimillonarios “verdes” con un “patrimonio ecológico” de 181 millones de dólares.


    Puntos clave:


    Energía renovable y vehículos eléctricos:
    Tesla, fundada por Musk, es una empresa líder en la producción de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.


    Declaraciones sobre el cambio climático:


    Musk ha calificado el cambio climático como una amenaza importante y ha abogado por medidas como gravar las emisiones de carbono.


    Críticas al impacto ambiental de SpaceX:


    El crecimiento de SpaceX en Boca Chica, Texas, ha generado preocupaciones sobre el impacto ambiental, incluyendo el hábitat de aves migratorias y tortugas marinas.


    Ecomodernismo:


    Musk se considera un ecomodernista, creyendo que la tecnología puede ser una herramienta para proteger la naturaleza y desvincular los impactos humanos del medio ambiente natural.


    Fundación Musk:


    La Fundación Musk apoya iniciativas en energías renovables, exploración espacial y otras áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología, con el objetivo de beneficiar a la humanidad.

    Críticas a su enfoque:


    Algunos críticos señalan que Musk a veces prioriza sus propios resultados económicos sobre las consideraciones ambientales, y mencionan que Tesla ha tenido infracciones de calidad del aire en algunas de sus fábricas.


    En resumen, Elon Musk ha sido un actor importante en la promoción de la sostenibilidad y la energía renovable, pero su impacto en el medio ambiente no está exento de controversia y críticas.

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  • Río Santiago: la crisis ambiental que el dinero no quiere resolver

    Río Santiago: la crisis ambiental que el dinero no quiere resolver

    Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó con urgencia al gobierno mexicano para proteger a las comunidades afectadas por la contaminación del río Santiago, en Jalisco.

    Sin embargo, la situación no ha mejorado: la contaminación persiste y con ella, las enfermedades y daños al entorno.

    Primero murieron los peces, luego se perdieron los árboles frutales, y ahora, los habitantes sufren graves enfermedades: cáncer, problemas renales, respiratorios y cutáneos afectan a niños, mujeres embarazadas y adultos.

    La cascada de Juanacatlán, otrora un atractivo natural conocido como el “Niagara mexicano”, hoy muestra un paisaje triste de aguas turbias y espuma contaminada que se dispersa con el viento.

    La contaminación es resultado del vertido de metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio y plomo, así como compuestos químicos peligrosos que superan por mucho los límites permitidos por la ley.

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    La contaminación del río Santiago ha ido en aumento desde hace décadas.

    Sin embargo, las normas ambientales vigentes apenas regulan una pequeña parte de estos contaminantes y las inspecciones a las industrias responsables son escasas.

    El principal obstáculo para solucionar esta crisis no es la falta de información, sino la prioridad que se le da al capital económico sobre la salud y el ambiente.

    El corredor industrial que rodea al río Santiago es clave para la economía regional y nacional, y esto ha hecho que las autoridades permitan la contaminación para no afectar inversiones y empleo.

    Los programas gubernamentales se han centrado en construir plantas de tratamiento y monitorear la contaminación, pero destinan un porcentaje muy pequeño de recursos para atender a las personas afectadas por enfermedades relacionadas con el río.

    En Jalisco, apenas un 1.8% de la población vulnerable ha recibido atención médica adecuada, y a este ritmo se necesitarían más de un siglo para cubrir a todos.

    Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó con urgencia al gobierno mexicano para proteger a las comunidades afectadas por la contaminación del río Santiago, en Jalisco.
Sin embargo, la situación no ha mejorado: la contaminación persiste y con ella, las enfermedades y daños al entorno.

    La falta de coordinación entre autoridades federales y estatales, la reducción de presupuesto para la protección ambiental y las disputas políticas han paralizado cualquier avance real.

    Sin acciones integrales, el daño será irreversible

    Las agencias encargadas de la vigilancia ambiental han visto recortes presupuestales de hasta 60% en los últimos años, limitando su capacidad para inspeccionar y sancionar a quienes contaminan.

    La gravedad de la situación convierte al río Santiago en una “zona de sacrificio” donde la contaminación tóxica se tolera para mantener la actividad industrial, sin importar el costo para la vida de millones de personas y el equilibrio del ecosistema.

    Para revertir esta tragedia es urgente que el gobierno implemente acciones integrales que incluyan prevención, control estricto de descargas contaminantes, atención médica para los afectados y coordinación interinstitucional real.

    La salud ambiental debe estar por encima de los intereses económicos y políticos.

    Desde Denuncia Verde seguiremos denunciando esta crisis y exigiendo que el río Santiago recupere su vida y sus comunidades recuperen su salud. La naturaleza no puede seguir pagando el precio del beneficio económico a corto plazo.

  • Denuncian presunta caza ilegal de bisontes en el Rancho Buenavista, en Coahuila

    Denuncian presunta caza ilegal de bisontes en el Rancho Buenavista, en Coahuila

    La caza ilegal ha vuelto a cobrar víctimas, esta vez en Coahuila, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por la presunta caza ilegal de bisontes en el Rancho Buenavista, ubicado en el municipio de Ocampo.

    Los hechos salieron a la luz tras difundirse imágenes en redes sociales que indignaron a la ciudadanía y a defensores del medio ambiente.

    La reacción oficial no se hizo esperar: la SMA confirmó que el rancho implicado no cuenta con los permisos necesarios para el aprovechamiento de esta especie, lo que convierte la actividad en un presunto delito ambiental de competencia federal.

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    La Secretaría de Medio Ambiente enfatizó que en Coahuila no se permite la caza ilegal

    Desde Denuncia Verde reiteramos la gravedad de este tipo de acciones. El bisonte americano, especie emblemática y clave en los ecosistemas del norte del país, ha sido sujeto de esfuerzos de conservación que no pueden ser vulnerados por intereses privados o la omisión de autoridades.

    La SMA enfatizó que en Coahuila no se permite la caza ilegal, y que cualquier aprovechamiento de flora y fauna debe realizarse bajo procedimientos estrictamente regulados y con criterios técnicos avalados por consejos especializados.

    Además, aclararon que la manada recientemente introducida en el Rancho Pilares y la Reserva del Carmen no tiene relación alguna con los hechos denunciados.

    El Gobierno Estatal manifestó su disposición a colaborar plenamente con la PROFEPA y la SEMARNAT para esclarecer el caso e informar a la ciudadanía sobre sus resultados.

    Asimismo, reprobó enérgicamente cualquier acción que atente contra el patrimonio natural del estado, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilegal y a sumarse al respeto y protección del entorno.

    En Denuncia Verde exigimos transparencia en las investigaciones y sanciones ejemplares. No podemos permitir que retrocedamos en la lucha por conservar nuestra biodiversidad. La caza ilegal no es sólo un delito, es una traición al futuro ecológico del país.

  • Parque Estatal Flor del Bosque:  en la mira del negocio inmobiliario

    Parque Estatal Flor del Bosque: en la mira del negocio inmobiliario

    Desarrolladores inmobiliarios, con respaldo político, amenazan hoy 42 hectáreas del Parque Estatal Flor del Bosque, ubicado en el municipio de Amozoc, al mantenerlas en un limbo jurídico para su posible aprovechamiento.

    Este caso no es aislado. Forma parte de un patrón de devastación ambiental que se repite en distintos puntos del estado.

    Mientras Flor del Bosque se fragmenta, en Atlixco el proyecto inmobiliario Cola de Lagarto avanza prácticamente dentro del Área Natural Protegida del Tentzo, una región que abarca 13 municipios de la mixteca poblana.

    En ambos territorios existe una alta biodiversidad, así como especies endémicas cuya supervivencia depende de la conservación de estos ecosistemas.

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    Defender el Parque Estatal Flor del Bosque es defender el derecho a la salud, al agua y a una ciudad habitable.

    Para entender la gravedad del problema, basta observar el contexto nacional.

    De acuerdo con la FAO, los bosques albergan más del 80% de las especies animales y vegetales del planeta y son fundamentales para la captación de agua y la mitigación del cambio climático.

    Sin embargo, México pierde alrededor de 500 mil hectáreas de bosques y selvas cada año, lo que lo coloca entre los países con mayor deforestación a nivel mundial.

    En Puebla, esta tendencia es evidente. Tan solo en 2018 se perdieron cerca de 70 mil hectáreas de cobertura forestal, como resultado de la tala ilegal, los incendios y el cambio de uso de suelo.

    Uno de los factores más determinantes es el crecimiento desordenado de la mancha urbana, impulsado por decisiones tomadas en contubernio con autoridades municipales.

    Además, esta expansión urbana tiene un impacto directo en la calidad de vida.

    Mientras la OMS recomienda entre nueve y 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, la ciudad de Puebla apenas alcanza 2.8.

    Esta carencia convierte a los bosques periurbanos en espacios estratégicos para la salud pública.

    Flor del Bosque no solo es un pulmón verde, sino también un sitio con una profunda historia de conservación ambiental.

    Su defensa representa hoy un llamado urgente a frenar la mercantilización del territorio y a garantizar su protección definitiva.

    Defender el bosque es, al mismo tiempo, defender el derecho a una ciudad habitable.