El Gobierno de México abrió la puerta a una posible expansión del fracking como parte de su estrategia para fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de un comité de 17 especialistas que analizará la viabilidad de aplicar nuevas tecnologías para la explotación de gas en yacimientos no convencionales bajo criterios de sustentabilidad.
La propuesta ha generado cuestionamientos entre investigadores, organizaciones civiles y comunidades afectadas, quienes sostienen que la discusión avanza sin evidencia científica suficiente que respalde la existencia de un fracking “sostenible” a gran escala.
El fracking consiste en perforar el subsuelo e inyectar agua, arena y compuestos químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas y liberar hidrocarburos.
Diversos estudios han asociado esta técnica con contaminación de fuentes de agua, deterioro de la calidad del aire, afectaciones a la salud humana y actividad sísmica inducida.
Las autoridades federales argumentan que los avances tecnológicos permiten reducir parte de estos impactos mediante el reciclaje de agua residual y el uso de sustancias menos tóxicas.
El futuro del fracking vuelve al centro de la política energética nacional.
Sin embargo, especialistas como Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, consideran que estas alternativas siguen en etapas experimentales y enfrentan altos costos de implementación.
Ferrari señala que el reciclaje de agua depende de las condiciones de cada yacimiento y rara vez supera el 50 % del volumen utilizado.
Además, advierte que las empresas suelen priorizar la reducción de costos, lo que limita la adopción de tecnologías más complejas.
En su opinión, la naturaleza misma de la actividad impide hablar de un fracking completamente sustentable.
Manuel Llano, director de CartoCrítica, coincide con ese diagnóstico y destaca que la mayoría de las operaciones de fracking en Estados Unidos continúan utilizando grandes volúmenes de agua dulce.
También recuerda que más de 2 mil 300 estudios recopilados por organizaciones médicas y científicas documentan riesgos para la salud, el clima y los ecosistemas.
La investigadora María del Sol Vázquez de León, de la Universidad de Guadalajara, agrega que la inyección de fluidos en el subsuelo puede generar microsismos y aumentar la preocupación de las poblaciones cercanas.
Mientras el comité científico prepara sus conclusiones, comunidades indígenas y campesinas de regiones como la Huasteca Potosina han expresado su rechazo a la técnica.
Sus representantes temen daños al agua, la biodiversidad y las actividades agrícolas locales.
El debate ocurre además en un contexto de contradicciones políticas. Aunque gobiernos recientes prometieron limitar o prohibir el fracking, registros oficiales muestran que la perforación de pozos mediante fractura hidráulica continuó en distintos estados del país.
Ahora, el futuro de esta técnica vuelve al centro de la política energética nacional, entre promesas de autosuficiencia y advertencias sobre sus costos ambientales, económicos y sociales.
