Durante el 2024, último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quedó claro que la agenda ambiental no solo fue ignorada, sino que también fue deliberadamente desplazada por un modelo de desarrollo basado en megaproyectos, militarización de obras y desprecio a la participación ciudadana.

El cierre simbólico del sexenio ocurrió en septiembre, con la inauguración del Tren Maya. Mientras el entonces presidente celebraba lo que llamó una “hazaña”, omitía los más de 6 mil 600 hectáreas deforestadas, la fragmentación de la Selva Maya, la perforación de cenotes y la instalación de un hotel dentro de una Reserva de la Biosfera.

La devastación fue minimizada y las voces críticas —de científicos, activistas y comunidades indígenas— fueron estigmatizadas públicamente.

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Durante seis años, el gobierno debilitó instituciones clave como Profepa y Conafor hasta llevarlas a niveles de inoperancia.

Recortes presupuestales, falta de personal y corrupción impidieron que estas dependencias pudieran actuar ante la tala ilegal, los incendios forestales o la pesca furtiva.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ignoró la agenda ambiental.

Mientras tanto, el crimen organizado ganó terreno en los territorios, controlando el manejo forestal comunitario y agravando la violencia contra defensores del medio ambiente.

Durante el sexenio de AMLO, asesinaron a 102 defensores ambientales. Aunque en 2024 los homicidios disminuyeron ligeramente, aumentaron otras formas de violencia: criminalización, intimidación y desapariciones.

A pesar de haber promovido el Acuerdo de Escazú, México no avanzó en su implementación: no hay jueces ambientales especializados ni garantías reales de acceso a la información.

El caso del programa “Sembrando Vida” es ilustrativo del enfoque errático. Aunque promovido como un proyecto de reforestación, careció de indicadores ambientales serios y, según expertos, no contribuyó a la restauración de ecosistemas.

En paralelo, proyectos como la Refinería Dos Bocas o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec recibieron apoyo irrestricto, a costa del medio ambiente y sin consultas válidas a las comunidades afectadas.

¿Será diferente con Claudia Sheinbaum?

La situación de la pesca no fue distinta. Conapesca fue una dependencia fantasma, sin capacidad de vigilancia ni estrategias para enfrentar el cambio climático.

Entre 2018 y 2023, los decomisos por pesca ilegal se desplomaron. Hoy, al menos 28 pesquerías están sobreexplotadas y no existen planes de manejo para la mayoría.

El gobierno saliente presumió la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, más de 100 carecen de planes de manejo y muchas no tienen presupuesto ni personal.

En algunos casos, el gobierno usó la designación de nuevas ANPs como moneda de cambio ante la destrucción que provocaron los mismos megaproyectos.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum y un nuevo equipo técnico con trayectoria ambiental, se abre una ventana de esperanza.

Pero las señales presupuestales para 2025 son preocupantes. El tiempo dirá si la promesa de restaurar la relación entre gobierno y naturaleza se cumple o si, como en el pasado sexenio, el discurso vuelve a imponerse sobre la realidad.