En una clara violación a las normas ambientales, la empresa Housesin Desarrollos inició la destrucción de manglares en Isla Cortés, Navolato, Sinaloa, para construir un fraccionamiento turístico privado sin contar con los permisos requeridos.

La empresa Housesin Desarrollos devasta esta franja costera, vital como barrera natural contra huracanes y hábitat de especies protegidas, en favor del desarrollo inmobiliario llamado “Manglares”.

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De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del macroproyecto “Nuevo Altata” —aprobada en 2002 y renovada en 2025— el mangle (Conocarpus erectus) debía conservarse in situ, y estaba prohibido cualquier tipo de relleno o construcción en zonas de humedal.

No obstante, Housesin ha intervenido el terreno sin acreditar cesión parcial de dicha MIA, sin licencia de construcción municipal, ni autorización de Protección Civil.

La destrucción de los manglares en Sinaloa, implica una pérdida irreversible para la región.

Durante una inspección en el sitio, se documentaron canales artificiales, montículos de relleno, remoción de vegetación nativa y maquinaria operando en zonas cercanas al canal de mangle.

Fotografías aéreas muestran una transformación visible del ecosistema: al menos una hectárea ha sido alterada con vialidades internas y la plantación de palmeras.

Estas acciones afectan directamente un ecosistema considerado “intocable” bajo la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre.

Especialistas advierten que este tipo de obras, al realizarse sin evaluaciones específicas, comprometen la biodiversidad y estabilidad ecológica de Isla Cortés.

El mangle no solo protege contra fenómenos naturales, también es refugio y criadero de especies marinas clave.

La destrucción de estos hábitats implica una pérdida irreversible para la región.

Pese a las irregularidades, Housesin ya promueve el desarrollo a través de redes sociales y anuncios en sitio, lo cual evidencia una estrategia de “hechos consumados” que ignora el marco legal y ecológico.

Al momento, la empresa no ha acreditado la propiedad del predio ni ha iniciado trámites oficiales ante el municipio de Navolato.

Ante la gravedad del caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección, aunque aún no se conocen acciones concretas.

Denuncia Verde exige transparencia, aplicación de sanciones y detención inmediata del proyecto. La impunidad ambiental no puede seguir siendo la norma en México.