Etiqueta: Denuncia

  • Oaxaca: megaproyectos, devastación ambiental y criminalización de comunidades

    Oaxaca: megaproyectos, devastación ambiental y criminalización de comunidades

    Organizaciones de la sociedad civil denunciaron la devastación ambiental y el aumento de la presencia del crimen organizado en comunidades de Oaxaca donde se desarrollan megaproyectos del gobierno federal bajo la llamada Cuarta Transformación.

    Durante el foro “Los Pueblos y las Alternativas de Vida Frente a la Ilusión del Desarrollo”, las organizaciones señalaron que estos proyectos provocan deforestación, plagas, contaminación del agua, acaparamiento de tierras y monocultivos de maguey.

    También advierten sobre el saqueo de saberes tradicionales y la venta de tierras ejidales y comunales.

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    Organizaciones civiles denuncian la devastación ambiental provocada en Oaxaca durante los últimos años.

    Entre las obras más recientes mencionaron la carretera Barranca Larga-Ventanilla, penales de alta seguridad y la presa Margarita Maza (antes Paso Ancho).

    Además, alertaron sobre la amenaza latente de la explotación minera en la región. En estos espacios, las comunidades denuncian que sus determinaciones no son respetadas.

    En Oaxaca existen tres proyectos de minería: Altagracia y Arista, de una empresa estadounidense, y San José del Progreso, de la firma peruana JRS Ingeniería.

    Los impactos van más allá del medio ambiente; incluyen división social, criminalización de defensores del territorio y violencia, como el asesinato del ingeniero Bernardo Vásquez Sánchez en 2012.

    Los pueblos en resistencia también han enfrentado engaño, represión y violencia en casos como la presa Paso de la Reina, La Parota y la muerte de Tomás Martínez Pinacho en 2020, así como de comuneros de Puente Madera.

    Las organizaciones criticaron que tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el de Claudia Sheinbaum continúan favoreciendo los intereses de la burguesía, la oligarquía financiera y el imperialismo norteamericano.

    Señalan que este modelo profundiza la desigualdad y convierte a los gobiernos en ejecutores de una “guerra sucia” contra quienes defienden el territorio y los recursos naturales.

    Para estas comunidades, la llamada transformación promete desarrollo, pero lo que deja es contaminación, violencia y despojo sistemático.

  • Denuncian perforación ilegal de pozo en Jilotzingo

    Denuncian perforación ilegal de pozo en Jilotzingo

    Habitantes de Jilotzingo, Estado de México, alzaron la voz ante la perforación de un pozo profundo promovido por el alcalde Raziel Eugenio Chavarría Chavarría. La obra, señalan, no cuenta con permisos ambientales, diagnósticos técnicos, ni consulta ciudadana.

    Vecinos de cinco comunidades —Espíritu Santo, San Miguel Tecpan, San Luis Ayucan, Santa María Mazatla y Santa Ana Jilotzingo— se manifestaron frente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), exigiendo la suspensión inmediata del proyecto y una auditoría ambiental urgente.

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    Habitantes de Jilotzingo alzan la voz ante la perforación de un pozo que no cuenta con permisos ambientales

    El ambientalista Max Correa Hernández advirtió que la perforación del pozo puede generar un daño ecológico que trasciende a Jilotzingo.

    El bosque de oyamel y pino en la zona es crucial para la recarga hídrica que alimenta la Presa Madín, de la cual dependen municipios como Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

    La investigadora Xiomara Trujillo Gutiérrez documentó el paso de 158 camiones de carga y 15 pipas de agua el pasado 10 de julio.

    Este flujo constante de vehículos pesados, afirma, revela un patrón sistemático de extracción y tráfico de recursos naturales, presuntamente facilitado por el propio gobierno municipal.

    Correa denunció también la liberación de al menos 14 permisos de construcción entre 2024 y 2025, lo que está fragmentando el ecosistema y dando paso a desarrollos inmobiliarios en zonas boscosas.

    Habitantes de Jilotzingo, Estado de México, alzaron la voz ante la perforación de un pozo profundo promovido por el alcalde Raziel Eugenio Chavarría Chavarría. La obra, señalan, no cuenta con permisos ambientales, diagnósticos técnicos, ni consulta ciudadana.

    Además, las fábricas instaladas en áreas forestales han provocado severos problemas de desabasto de agua, especialmente en la comunidad de Espíritu Santo, donde las autoridades racionan el suministro y lo entregan solo una vez por semana.

    ¿Abuso de poder y desvío de recursos?

    Se exige a las autoridades transparentar qué instancia de gobierno facilitó la maquinaria para la perforación.

    De confirmarse que fue proporcionada por alguna dependencia pública, podría tratarse de un caso de abuso de poder y desvío de recursos públicos, advierten los denunciantes.

    Aunque oficialmente el pozo se justificaría como solución para abastecer de agua a Espíritu Santo, los vecinos aseguran que forma parte de un plan más amplio para beneficiar a proyectos inmobiliarios privados.

    Semarnat recibió a los manifestantes en una mesa de diálogo. Sin embargo, los trabajos de perforación iniciados desde el 4 de junio siguen su curso, mientras el bosque y el equilibrio hídrico del Valle de México continúan amenazados.


    En Denuncia Verde seguiremos informando. Porque el silencio también contamina.

  • Denuncian destrucción de manglares en Sinaloa para proyecto turístico ilegal

    Denuncian destrucción de manglares en Sinaloa para proyecto turístico ilegal

    En una clara violación a las normas ambientales, la empresa Housesin Desarrollos inició la destrucción de manglares en Isla Cortés, Navolato, Sinaloa, para construir un fraccionamiento turístico privado sin contar con los permisos requeridos.

    La empresa Housesin Desarrollos devasta esta franja costera, vital como barrera natural contra huracanes y hábitat de especies protegidas, en favor del desarrollo inmobiliario llamado “Manglares”.

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    De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del macroproyecto “Nuevo Altata” —aprobada en 2002 y renovada en 2025— el mangle (Conocarpus erectus) debía conservarse in situ, y estaba prohibido cualquier tipo de relleno o construcción en zonas de humedal.

    No obstante, Housesin ha intervenido el terreno sin acreditar cesión parcial de dicha MIA, sin licencia de construcción municipal, ni autorización de Protección Civil.

    La destrucción de los manglares en Sinaloa, implica una pérdida irreversible para la región.

    Durante una inspección en el sitio, se documentaron canales artificiales, montículos de relleno, remoción de vegetación nativa y maquinaria operando en zonas cercanas al canal de mangle.

    Fotografías aéreas muestran una transformación visible del ecosistema: al menos una hectárea ha sido alterada con vialidades internas y la plantación de palmeras.

    Estas acciones afectan directamente un ecosistema considerado “intocable” bajo la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre.

    Especialistas advierten que este tipo de obras, al realizarse sin evaluaciones específicas, comprometen la biodiversidad y estabilidad ecológica de Isla Cortés.

    El mangle no solo protege contra fenómenos naturales, también es refugio y criadero de especies marinas clave.

    La empresa Housesin Desarrollos inició la destrucción de manglares en Isla Cortés, Navolato, Sinaloa, para construir un fraccionamiento turístico privado sin contar con los permisos requeridos.

    La destrucción de estos hábitats implica una pérdida irreversible para la región.

    Pese a las irregularidades, Housesin ya promueve el desarrollo a través de redes sociales y anuncios en sitio, lo cual evidencia una estrategia de “hechos consumados” que ignora el marco legal y ecológico.

    Al momento, la empresa no ha acreditado la propiedad del predio ni ha iniciado trámites oficiales ante el municipio de Navolato.

    Ante la gravedad del caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección, aunque aún no se conocen acciones concretas.

    Denuncia Verde exige transparencia, aplicación de sanciones y detención inmediata del proyecto. La impunidad ambiental no puede seguir siendo la norma en México.

  • Derrames invisibles: la opacidad que protege a Pemex y contamina el Golfo de México

    Derrames invisibles: la opacidad que protege a Pemex y contamina el Golfo de México

    Los derrames de petróleo en el Golfo de México han dejado de ser accidentes aislados para convertirse en una constante invisibilizada.

    Una investigación de Mongabay Latam Data Crítica revela que, en los últimos seis años y medio, científicos y comunidades han detectado manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos —el 60 %— no existe ningún registro oficial.

    El subregistro es sistemático, y la falta de acción institucional permite que la contaminación continúe sin consecuencias reales.

    El caso más grave es el derrame de Ek-Balam en 2023. Las autoridades reportaron una cantidad mínima de crudo, pero análisis satelitales indicaron que el volumen pudo ser entre 10 y 200 veces mayor.

    Esta minimización no es una excepción, sino la regla. Carolina Viggiano, legisladora del PRI, afirmó que esta opacidad ha impedido conocer el verdadero impacto ecológico de la actividad petrolera y ha derivado en impunidad y falta de prevención.

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    Los derrames de petróleo en el Golfo de México son invisibles ante las autoridades mexicanas

    Según los datos, de los 86 derrames reconocidos oficialmente desde 2018, solo 48 han dado lugar a procedimientos sancionatorios. Y de estos, únicamente en 21 se impuso una multa, de las cuales solo ocho han sido pagadas.

    La conclusión es clara: las empresas petroleras, especialmente Pemex, operan sin un marco de responsabilidad real.

    Uno de los principales responsables de esta situación es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

    Aunque fue creada para vigilar al sector de hidrocarburos, cada año recibe menos presupuesto y ha fallado sistemáticamente en sus funciones de inspección, monitoreo y sanción.

    Desde 2018, su financiamiento se ha reducido en más de un 60 %, y no ha generado una base de datos pública sobre accidentes ni sobre los castigos impuestos a los responsables.

    Organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) han señalado las fallas de ASEA, calificando su actuación como “reactiva” y sin capacidad de prevenir o remediar los daños.

    Los derrames de petróleo en el Golfo de México, son una constante sin castigos reales, ante indiferencia e impunidad.

    La agencia depende casi exclusivamente de los reportes de las empresas, ignorando las denuncias ciudadanas que, además de ser difíciles de presentar, no se consideran en los conteos oficiales.

    Los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria.

    Mientras tanto, el Senado ha optado por lavarse las manos. La Comisión de Medio Ambiente descartó trabajar en iniciativas que integren fuentes independientes en el monitoreo.

    La senadora del PVEM, Maki Ortiz se deslindó de la responsabilidad, alegando que otras dependencias deben encargarse del tema.

    Sin presión política, sin rendición de cuentas, y con mecanismos ineficaces de denuncia, la realidad en el Golfo de México es preocupante.

    La emergencia climática ha sido incluida en la Ley de Seguridad Nacional, pero los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria. La información permanece clasificada y las comunidades afectadas, desprotegidas.

    En Denuncia Verde creemos que es momento de romper el silencio. Mientras las autoridades protejan más a las empresas que al medio ambiente, los mares seguirán siendo vertederos invisibles. Y cada nuevo derrame no solo destruye el ecosistema, también erosiona la posibilidad de justicia.

  • Tren Interoceánico en Oaxaca: violencia y amenazas contra defensores del territorio

    Tren Interoceánico en Oaxaca: violencia y amenazas contra defensores del territorio

    El Tren Interoceánico, proyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico en el istmo de Tehuantepec, ha desatado un clima de violencia en Oaxaca, el estado más peligroso para defensores de derechos humanos en México.

    La reciente muerte de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal en San Juan Guichicovi, encendió alarmas entre las comunidades indígenas y activistas que se oponen a este megaproyecto.

    Romero fue reportado desaparecido el 17 de enero y cuatro días después su cuerpo fue hallado con una herida de arma de fuego.

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    Su trabajo en defensa del territorio lo había convertido en una figura respetada entre los ejidatarios y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

    Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe y compañera de Romero, denuncia que este asesinato refleja la violencia inédita en la región.

    Ramírez, junto con otras 23 personas defensoras, enfrenta procesos penales iniciados en 2023 por manifestaciones pacíficas contra el tren.

    A pesar de que las obras en su tramo concluyeron en diciembre de ese año, las afectaciones ambientales y las amenazas persisten.

    El Tren Interoceánico ha desatado un clima de violencia en Oaxaca.

    El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto que busca modernizar vías y puertos para convertirse en una plataforma de comercio global.

    La Línea Z, que conecta Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca, ha generado la mayor resistencia por la tala excesiva, contaminación de ríos y afectación de manantiales, vitales para la agricultura y el ganado local.

    Por ejemplo, organizaciones civiles señalan que la consulta a comunidades indígenas no cumplió con los criterios de consentimiento previo, libre e informado del convenio 169 de la OIT.

    Además, los estudios de impacto ambiental fueron incompletos y no contemplaron la biodiversidad ni los riesgos para la población.

    Tren Interoceánico en Oaxaca: violencia y amenazas contra defensores del territorio.
    Organizaciones civiles señalan que la consulta a comunidades indígenas no cumplió con los criterios de consentimiento previo, libre e informado del convenio 169 de la OIT.

    La presencia de empresas y grupos del crimen organizado ha agravado la inseguridad.

    Entre 2018 y 2023, los homicidios con arma de fuego aumentaron un 24 % en los municipios de Santa María Petapa, San Juan Guichicovi y Matías Romero.

    La instalación de maquinaria, la tala de árboles y las amenazas hacia autoridades locales evidencian una estrategia de intimidación hacia quienes defienden el territorio.

    El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero y de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García en noviembre de 2024 pone en evidencia que en Oaxaca no hay garantía de seguridad para defensores.

    Los procesos penales abiertos, las amenazas constantes y la falta de intervención efectiva del Estado confirman que el derecho a la defensa del territorio sigue siendo un riesgo de vida.

    El Tren Interoceánico no solo modifica el paisaje, sino que también amenaza la vida y seguridad de quienes luchan por protegerlo.

    Oaxaca exige justicia y rendición de cuentas ante este patrón de violencia y despojo.

  • El candidato ‘El Caballo’ Lozoya y la toma clandestina que indigna a Chihuahua

    El candidato ‘El Caballo’ Lozoya y la toma clandestina que indigna a Chihuahua

    En Parral, Chihuahua, una nueva denuncia de daño ecológico y social sacude a la ciudadanía: diversas autoridades señalaron a Alfredo “El Caballo” Lozoya, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, como responsable de una toma clandestina de agua en una de sus propiedades.

    Durante un operativo en la colonia Las Fuentes, encabezado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, con apoyo de la Junta Central (JCAS) y la fiscalía estatal, se localizó una conexión ilegal que abastecía de agua a una vivienda vinculada a Lozoya.

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    La toma de agua clandestina de Alfredo “El Caballo” Lozoya

    Según declaraciones del director ejecutivo de la JCAS, la propiedad contaba con servicio activo de agua, pero carecía de contrato, por lo que la toma es considerada ilegal.

    La conexión, de tres pulgadas —un tamaño reservado exclusivamente para suministro y no para uso doméstico— atravesaba la casa y abastecía su patio mediante una abrazadera encubierta.

    Lo más grave: se estima que a través de esta toma, Lozoya habría sustraído 283 mil metros cúbicos de agua en un año.

    Eso representa 283 millones de litros, una cantidad escandalosa en un estado que enfrenta escasez hídrica constante.

    El acto constituye un delito de robo de agua, tipificado en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua. Las autoridades informaron que se presentará la denuncia formal ante el Ministerio Público, respaldada con evidencia en video y fotografías.

    Desde Denuncia Verde, subrayamos la gravedad de este caso: mientras miles de familias sufren por falta de agua, un candidato político sustrae este recurso vital en total impunidad. No se trata solo de un delito ambiental, sino de un atropello social.

    Seguiremos de cerca este caso. Porque el agua es de todos. Porque el silencio también contamina.

  • Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing

    Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing

    La petrolera Repsol enfrenta denuncias desde múltiples frentes por prácticas de greenwashing o publicidad engañosa.

    Este tipo de estrategia consiste en presentar productos o servicios como sostenibles o ecológicos, cuando en realidad la información es parcial, sesgada o directamente falsa.

    El objetivo: inducir a los consumidores a adquirir productos que, con información completa, probablemente rechazarían.

    Iberdrola ya presentó una demanda contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa.

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    Repsol, en la mira por “greenwashing”.

    Ahora, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a Ecologistas en Acción y Greenpeace, han sumado nuevas denuncias ante la Dirección General de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

    Según estas organizaciones, la comunicación de Repsol sobre sus biocombustibles está plagada de información engañosa y carece de transparencia.

    Durante 2022 y 2023, las organizaciones denunciantes investigaron el impacto ambiental de Repsol, centrándose en la deforestación en Indonesia y la contribución de la empresa al cambio climático.

    España es el mayor importador europeo de aceite de palma y Repsol, uno de los principales productores de biodiésel con este aceite.

    Los informes periciales revelan que Repsol oculta en su publicidad los daños ambientales y sociales que provoca la producción de aceite de palma, cuya utilización no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los combustibles fósiles.

    La denuncia pone el foco en las afirmaciones de Repsol sobre sus “biocombustibles”, presentados como “sostenibles”, “neutros en carbono” o “renovables”.

    Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing.
    Greenpeace cuestiona la metodología de la empresa para calcular su huella de carbono y señala que solo el 0,8 % de su producción de energía en 2022 fue realmente renovable

    Según Ecologistas en Acción, estas declaraciones inducen a la ciudadanía a confusión, al ser vagas y generalistas, sin diferenciar los impactos reales de cada producto.

    Josep Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma que el biodiésel a base de aceite de palma emite tres veces más gases contaminantes que los combustibles fósiles, debido a la deforestación vinculada a su producción.

    La falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.

    El objetivo de las denuncias es claro: que Repsol rectifique sus declaraciones engañosas y cese cualquier práctica de greenwashing.

    La CECU denuncia que la desinformación de Repsol deja a los consumidores en indefensión, propagando falsas narrativas sobre la lucha climática y los compromisos empresariales.

    Por su parte, Greenpeace cuestiona la metodología de la empresa para calcular su huella de carbono y señala que solo el 0,8 % de su producción de energía en 2022 fue realmente renovable, mientras que el 99% restante provino de petróleo y gas, lo que contradice los objetivos del Acuerdo de París.

    Las organizaciones señalan que el comportamiento de Repsol vulnera la legislación vigente, incluyendo la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal.

    Buscan, además de sanciones, la responsabilidad de los directivos implicados y la rectificación pública de la empresa.

    Como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, la falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.

    Las denuncias recuerdan la necesidad de que las compañías cumplan con el Acuerdo de París y advierten: no hay lugar para promesas falsas ni greenwashing en la lucha contra el cambio climático.

  • “No defiende a los animales”: Acusan al activista Arturo Islas Allende de traficar especies

    “No defiende a los animales”: Acusan al activista Arturo Islas Allende de traficar especies

    Una nueva controversia sacude al ambientalismo mediático en México. Arturo Islas Allende, ampliamente conocido por su discurso en favor del bienestar animal, enfrenta graves acusaciones que podrían revertir por completo su imagen pública.

    Fue la activista e influencer Yael Ruiz quien, en un podcast conducido por Luis “Potro” Caballero, destapó una serie de señalamientos contra Islas.

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    ¿De qué se acusa a Arturo Islas Allende?

    “Yo me podría ir a la cárcel por estas acusaciones, pero tengo las pruebas”, declaró Ruiz, quien asegura contar con videos y otros documentos que confirmarían sus afirmaciones.

    A pesar del peso de sus palabras, hasta el momento el material no ha sido publicado. Sin embargo, Ruiz insiste en que las evidencias demostrarían una operación sistemática de tráfico de animales disfrazada de activismo.

    El caso de Benito, una jirafa que rescató del fallido santuario Black Jaguar White Tiger, dio origen a la denuncia.

    Ruiz afirma que Islas intentó trasladar a Benito a un supuesto santuario manejado por Ernesto Zasueta, con quien tendría una estrecha relación.

    Según la activista, este traslado tenía un fin económico, y no de protección animal.

    Ruiz fue más allá. Asegura que no solo Benito estaba en riesgo: otros animales rescatados podrían haber estado destinados a ser vendidos a la India.

    “Sí, hay un interés económico de su socio. Hay reportajes que lo evidencian. No los quieren trasladar… los quieren vender”, denunció.

    Una denuncia que exige respuesta

    Estas declaraciones ponen bajo la lupa a Islas y a Zasueta, este último con antecedentes de señalamientos relacionados con tráfico de especies.

    Zasueta es miembro activo de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Antes, medios y usuarios ya habían mencionado su nombre en contextos polémicos, y según Ruiz, Islas habría fortalecido estratégicamente su vínculo con él en redes sociales.

    La pregunta que deja esta revelación es contundente: ¿las campañas de rescate lideradas por Arturo Islas tienen un trasfondo comercial?

    En Denuncia Verde nos mantenemos atentos a la evolución de este caso. Aunque aún no se han presentado las pruebas de manera pública, la gravedad de las acusaciones amerita una respuesta clara y transparente por parte del señalado.

    Si existe evidencia de que se ha lucrado con animales rescatados, los responsables deben rendir cuentas. No se debe usar la protección animal como fachada para el enriquecimiento personal.