En las últimas semanas, más de 12 especies de peces —incluyendo robalo, pargo, lisa, camarón y tilapia— han muerto de manera masiva, devastando los medios de vida de alrededor de 7.500 familias directamente afectadas y otras 15.000 de manera indirecta.

Los pescadores del poblado Plan de los Amates denuncian que la mortandad se debe a altos niveles de contaminación y descargas residuales, situación que afecta tanto a la pesca tradicional como a la acuicultura.

Revelación de género amenaza ecosistema de Los Arcos de Mismaloya, en Puerto Vallarta

La Laguna de Tres Palos no solo es un ecosistema vulnerable; es también el sustento de miles de familias

Óscar de Jesús Fernández, con 30 años de experiencia, reporta pérdidas cercanas a 1,5 millones de pesos en los últimos tres años.

Otro pescador, Gustavo Cruz Nava, relató que el pescado presentaba olor a combustible, obligándolos a dejar de comercializarlo y buscar trabajos alternativos.

Las autoridades han atribuido el desastre a la elevada temperatura del agua, que alcanzó los 34 °C, reduciendo los niveles de oxígeno disuelto.

Sin embargo, estudios previos documentan problemas de eutrofización, pérdida de manglares, presencia de metales pesados y contaminación fecal, física y química desde al menos 2008.

Los pescadores señalan la urbanización desordenada y descargas sin tratamiento como principales responsables de la degradación de la laguna.

Los habitantes exigen la intervención urgente de biólogos, ecólogos y autoridades para evaluar y restaurar la laguna, proteger manglares, regular desarrollos urbanos y mejorar el tratamiento de aguas residuales.

La Laguna de Tres Palos no solo es un ecosistema vulnerable; es también el sustento de miles de familias cuya voz exige atención y acción inmediata.

El cargo Laguna de Tres Palos: Muerte masiva de peces y crisis ambiental en Guerrero apareció primero en Denuncia Verde.

Shein multada en Italia por greenwashing: cuando la moda rápida se viste de mentira ambiental

La sentencia establece que los 24 departamentos y penthouses deben ser demolidos y que el ecosistema afectado sea recuperado.

La protección del medio ambiente no puede quedarse en palabras ni en trámites burocráticos.

Mónica Huerta, de la Asociación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), señaló que este fallo protege el derecho a un ambiente sano y aplica principios internacionales que obligan a actuar frente a riesgos de daños irreversibles.

“Se incorpora la responsabilidad de prevenir daños cuando hay incertidumbre sobre los impactos ambientales”, explicó.

El caso Adamar en Tulum, también abre la puerta a que otros ciudadanos y organizaciones puedan interponer amparos similares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reforzado que cualquier persona tiene interés colectivo en la defensa del medio ambiente, consolidando así la participación ciudadana en la protección ecológica.

Profepa tiene un plazo de 35 días hábiles, una vez que la sentencia quede firme, para cumplir con la demolición y supervisar la restauración del ecosistema.

Además, deberá asegurar que se cumplan las multas correspondientes y coordinarse con el Ministerio Público federal para garantizar que las acciones de recuperación se realicen de manera efectiva.

En Denuncia Verde lo tenemos claro: La protección del medio ambiente no puede quedarse en palabras ni en trámites burocráticos.

Es un derecho de todos y una obligación del Estado. La justicia ambiental debe ser tangible: los ecosistemas dañados necesitan reparación, y las autoridades responsables deben rendir cuentas.

Denunciar y vigilar estos procesos es fundamental. Cada amparo, cada sentencia y cada acción ciudadana fortalece la defensa del planeta. La naturaleza no espera; nuestra responsabilidad tampoco.

El cargo Profepa debe restaurar el ecosistema de Adamar en Tulum apareció primero en Denuncia Verde.

La reciente muerte de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal en San Juan Guichicovi, encendió alarmas entre las comunidades indígenas y activistas que se oponen a este megaproyecto.

Romero fue reportado desaparecido el 17 de enero y cuatro días después su cuerpo fue hallado con una herida de arma de fuego.

Seis años de devastación: la agenda ambiental olvidada del sexenio de López Obrador

Su trabajo en defensa del territorio lo había convertido en una figura respetada entre los ejidatarios y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe y compañera de Romero, denuncia que este asesinato refleja la violencia inédita en la región.

Ramírez, junto con otras 23 personas defensoras, enfrenta procesos penales iniciados en 2023 por manifestaciones pacíficas contra el tren.

A pesar de que las obras en su tramo concluyeron en diciembre de ese año, las afectaciones ambientales y las amenazas persisten.

El Tren Interoceánico ha desatado un clima de violencia en Oaxaca.

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto que busca modernizar vías y puertos para convertirse en una plataforma de comercio global.

La Línea Z, que conecta Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca, ha generado la mayor resistencia por la tala excesiva, contaminación de ríos y afectación de manantiales, vitales para la agricultura y el ganado local.

Por ejemplo, organizaciones civiles señalan que la consulta a comunidades indígenas no cumplió con los criterios de consentimiento previo, libre e informado del convenio 169 de la OIT.

Además, los estudios de impacto ambiental fueron incompletos y no contemplaron la biodiversidad ni los riesgos para la población.

La presencia de empresas y grupos del crimen organizado ha agravado la inseguridad.

Entre 2018 y 2023, los homicidios con arma de fuego aumentaron un 24 % en los municipios de Santa María Petapa, San Juan Guichicovi y Matías Romero.

La instalación de maquinaria, la tala de árboles y las amenazas hacia autoridades locales evidencian una estrategia de intimidación hacia quienes defienden el territorio.

El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero y de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García en noviembre de 2024 pone en evidencia que en Oaxaca no hay garantía de seguridad para defensores.

Los procesos penales abiertos, las amenazas constantes y la falta de intervención efectiva del Estado confirman que el derecho a la defensa del territorio sigue siendo un riesgo de vida.

El Tren Interoceánico no solo modifica el paisaje, sino que también amenaza la vida y seguridad de quienes luchan por protegerlo.

Oaxaca exige justicia y rendición de cuentas ante este patrón de violencia y despojo.

El cargo Tren Interoceánico en Oaxaca: violencia y amenazas contra defensores del territorio apareció primero en Denuncia Verde.

Incluso acusó que actuaron con complicidad. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas y desinforman sobre una lucha ambiental que lleva décadas.

Desde los 80 ya existían denuncias contra Calica

Desde 1986, organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y activistas independientes dieron la voz de alerta sobre los riesgos ecológicos de la operación de Calica (hoy Sac-Tun). Las protestas no solo fueron locales: llegaron a medios nacionales e incluso al Senado.

Iván Restrepo, director del Centro de Ecología y Desarrollo, fue testigo y parte activa de esa lucha en los años 90. Acompañó a GEMA cuando obligaron a la empresa a emitir una “declaración de principios” en la que prometía operar con responsabilidad ambiental.

Promesa que, a la vista de los hechos, no se cumplió. En 2016, durante la COP13 en Cancún, activistas como Marciano Toledo Sánchez protestaron visiblemente contra Calica.

Sostuvieron pancartas advirtiendo sobre la destrucción de los mantos freáticos y el ecocidio que la empresa provocaba.

Mujeres indígenas alzan la voz por tala ilegal disfrazada de saneamiento en La Malinche

Ese mismo año, los periodistas Carlos Underwood y Sergio Santiago comenzaron a filmar Erosión, un documental que retrata los impactos ambientales de la empresa.

Fue publicado en 2018, meses antes del inicio del gobierno de López Obrador. Algunas escenas del documental fueron incluso utilizadas —sin crédito— en la conferencia presidencial del 4 de mayo de 2022.

Permisos y omisiones

Los daños de Calica no ocurrieron en la sombra. Desde su inicio, la empresa operó con permisos otorgados por gobiernos anteriores.

El primero fue en 1986, y en el año 2000, bajo la gestión de Julia Carabias, la Semarnap le concedió autorización por 20 años más, incluso para extraer por debajo del manto freático.

Carabias reconoció públicamente haber firmado esa autorización, aunque asegura que se trató de un proceso regulado con evaluaciones de impacto ambiental.

Lo cierto es que las consecuencias fueron devastadoras: hoy, los mapas satelitales muestran enormes cráteres donde antes había ecosistemas.

Activismo constante, no oportunista

Lejos de ser “ambientalistas de ocasión”, las voces que hoy se oponen al Tren Maya han estado presentes desde antes del actual sexenio.

Marciano Toledo, por ejemplo, encabezó otra protesta en 2018 frente a las instalaciones de Calica, denunciando un supuesto intento de soborno millonario para cambiar el uso de suelo.

Organizaciones como La Tierra Nuestra Casa también exigieron entonces que se castigara a los responsables del ecocidio en la Riviera Maya.

En un giro reciente, el gobierno federal —tras clausurar y sancionar a Calica en varias ocasiones— ahora busca adquirir el terreno devastado para convertirlo en una reserva natural y centro de entretenimiento. Una solución que genera dudas: ¿se trata de restauración ecológica o de lavado de imagen?

En “Denuncia Verde” lo decimos claro: minimizar la labor ambientalista no solo invisibiliza años de lucha ciudadana, sino que distorsiona la memoria histórica.

El cargo Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron apareció primero en Denuncia Verde.

Esta red, dejada a profundidades de entre 20 y 75 metros, ha quedado convertida en una red fantasma, término que define las artes de pesca perdidas o descartadas que siguen atrapando y matando animales bajo el agua.

Falso que ambientalistas no se pronunciaron contra Xcaret antes del Tren Maya

Pescadores y buzos locales alertaron sobre esta catástrofe desde el 12 de junio, denunciando que lobos marinos, pepinos de mar, abanicos de mar y otras especies quedan atrapadas y muchas ya han empezado a morir enredadas.

La red, con el folio signado 03230115, fue detectada también por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que visitaron la zona el pasado 14 de junio.

Sin embargo, hasta el día de hoy la red permanece allí.

Las autoridades, indiferentes ante el ecocidio que ocurre en Baja California Sur

Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades han sido reacias a actuar con prontitud. Martín Inzunza Tamayo, director Técnico del Fideicomiso Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), se negó a dar declaraciones.

Mientras FONMAR emitió una disculpa pública por haber filtrado información relacionada con el operativo, justificando el silencio.

Los pescadores ribereños también denuncian que la embarcación María Guadalupe mantuvo apagado su sistema de identificación automática (AIS) durante 13 días.

Lo que impide un monitoreo adecuado; además, ellos reportaron esta situación a las autoridades, pero no obtuvieron una respuesta efectiva.

Además, alertan que otro barco ha estado lanzando redes en la misma zona, agravando la mortandad de peces y mamíferos marinos.

Francisco Gómez, director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, explicó la dimensión del problema.

Las redes fantasma pueden permanecer cientos de años en el mar, degradándose lentamente y liberando microplásticos que la fauna marina ingiere. Causando daños irreparables al ecosistema.

Además, el continuo enmallamiento de animales crea una presión letal sobre las poblaciones marinas.

El llamado urgente de pescadores, buzos y activistas es claro: las autoridades deben intervenir inmediatamente para retirar la red y proteger el Golfo de California de estos daños recurrentes.

También exigen un reforzamiento en la vigilancia y regulación, incluyendo la prohibición de entrada de barcos industriales a 50 millas de la costa, y campañas educativas para evitar futuros ecocidios.

Desde hace años, la comunidad pesquera y turística de BCS clama por una gestión responsable que frene el impacto devastador de la pesca industrial en sus mares. 

En Denuncia Verde nos unimos a esta voz para exigir justicia ambiental y la protección urgente de nuestros océanos.

El cargo Red atunera causa ecocidio en Baja California Sur apareció primero en Denuncia Verde.

Un incendio, presuntamente provocado por habitantes de la zona ribereña, arrasó con al menos siete hectáreas de vegetación.

Las llamas consumieron pastizales, árboles y tule, una planta acuática esencial para la vida de cientos de especies, especialmente aves migratorias.

Esta agresión no fue un accidente ni producto de un descuido, sino un acto deliberado para invadir el cuerpo lacustre, advierten activistas y organizaciones ambientales.

De acuerdo con la asociación civil “Patos Verdes al Rescate”, el objetivo detrás de estos incendios es claro: ganar terreno al humedal para rellenarlo y posteriormente construir viviendas.

Falso que ambientalistas no se pronunciaron contra Xcaret antes del Tren Maya

¿Quién está detrás de los incendios en Acuitlapilco?

Esta práctica, además de ilegal, pone en riesgo la integridad de un ecosistema que alberga a más de 250 especies de flora y fauna.

La quema del tule, combinada con el uso de maquinaria pesada y el acarreo de tierra, busca modificar la geografía de la laguna y transformar un bien común en propiedad privada.

La problemática no es reciente. Activistas y defensores ambientales han documentado esta clase de invasiones desde el siglo XIX, pero en las últimas semanas la frecuencia de estos incendios ha aumentado alarmantemente en las comunidades de Acuitlapilco y Tlacochcalco, perteneciente al municipio de Tepeyanco.

La sequía que afecta al humedal ha facilitado que algunos lugareños se apropien arbitrariamente del terreno, argumentando propiedad sobre áreas que pertenecen al ecosistema.

Juan Rafael Rodríguez Razgado, biólogo y defensor de la laguna, ha denunciado públicamente estas prácticas.

El defensor ha señalado que los incendios son solo una parte de una estrategia sistemática para destruir el humedal.

Además, subraya que estos actos van acompañados de violencia ambiental silenciosa: la pérdida de hábitat, la erosión del suelo, y la expulsión de especies nativas.

Desde Denuncia Verde hacemos un llamado urgente al Gobierno del Estado de Tlaxcala, así como a los municipios de Tlaxcala y Tepeyanco, para que detengan esta destrucción y protejan la Laguna de Acuitlapilco.

La omisión es complicidad. No se trata solo de tierras: está en juego la vida de un ecosistema invaluable. La naturaleza no puede esperar.

El cargo Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso apareció primero en Denuncia Verde.

El proyecto, denominado Sol de Selva, contempla el desarrollo de una marina para 15 embarcaciones, con un volumen de dragado superior a los 67 mil metros cúbicos.

Este movimiento masivo de sedimentos podría alterar significativamente las corrientes marinas, lo que provocaría la destrucción parcial o total del arrecife Sábalos y Tortugas, una zona de alto valor ecológico.

Una nueva denuncia para Grupo Xcaret

A pesar de que en 2019 la Semarnat otorgó la autorización de impacto ambiental, los efectos negativos del proyecto han motivado una denuncia formal ante la Profepa, interpuesta por cooperativas turísticas, pescadores de Solidaridad y organizaciones ambientalistas.

El recurso exige la revocación de la autorización por considerar que hubo omisiones graves y que no se contemplaron adecuadamente los riesgos al ecosistema.

La denuncia también recuerda que la Profepa tiene la obligación legal de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, aplicar medidas de seguridad urgentes y suspender permisos si se detecta daño ecológico.

La guerra silenciosa contra los Yaquis

Este no es un hecho aislado. En años recientes, Grupo Xcaret ha sido señalado en múltiples ocasiones por su impacto negativo en el medio ambiente.

En 2023, la organización Moce Yax Cuxtal denunció que las obras de expansión del parque Xcaret estaban generando impactos severos en los ecosistemas locales.

Desde Denuncia Verde reiteramos la importancia de visibilizar estos casos y exigimos a las autoridades una evaluación responsable, transparente y basada en la protección de los recursos naturales, no en intereses turísticos o comerciales.

El cargo Grupo Xcaret amenaza arrecife centenario con su nueva marina turística apareció primero en Denuncia Verde.

Este caso no es aislado. Forma parte de un patrón de devastación ambiental que se repite en distintos puntos del estado.

Mientras Flor del Bosque se fragmenta, en Atlixco el proyecto inmobiliario Cola de Lagarto avanza prácticamente dentro del Área Natural Protegida del Tentzo, una región que abarca 13 municipios de la mixteca poblana.

En ambos territorios existe una alta biodiversidad, así como especies endémicas cuya supervivencia depende de la conservación de estos ecosistemas.

Tala ilegal inunda el mercado de la madera en México: un negocio que destruye bosques y comunidades

Defender el Parque Estatal Flor del Bosque es defender el derecho a la salud, al agua y a una ciudad habitable.

Para entender la gravedad del problema, basta observar el contexto nacional.

De acuerdo con la FAO, los bosques albergan más del 80% de las especies animales y vegetales del planeta y son fundamentales para la captación de agua y la mitigación del cambio climático.

Sin embargo, México pierde alrededor de 500 mil hectáreas de bosques y selvas cada año, lo que lo coloca entre los países con mayor deforestación a nivel mundial.

En Puebla, esta tendencia es evidente. Tan solo en 2018 se perdieron cerca de 70 mil hectáreas de cobertura forestal, como resultado de la tala ilegal, los incendios y el cambio de uso de suelo.

Uno de los factores más determinantes es el crecimiento desordenado de la mancha urbana, impulsado por decisiones tomadas en contubernio con autoridades municipales.

Además, esta expansión urbana tiene un impacto directo en la calidad de vida.

Mientras la OMS recomienda entre nueve y 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, la ciudad de Puebla apenas alcanza 2.8.

Esta carencia convierte a los bosques periurbanos en espacios estratégicos para la salud pública.

Flor del Bosque no solo es un pulmón verde, sino también un sitio con una profunda historia de conservación ambiental.

Su defensa representa hoy un llamado urgente a frenar la mercantilización del territorio y a garantizar su protección definitiva.

Defender el bosque es, al mismo tiempo, defender el derecho a una ciudad habitable.

El cargo Parque Estatal Flor del Bosque: en la mira del negocio inmobiliario apareció primero en Denuncia Verde.

Desde hace 27 años, 70 ejidatarios han organizado un modelo de silvicultura comunitaria que no solo garantiza ingresos económicos, sino que protege una de las principales fuentes de agua, biodiversidad y captura de carbono de la región.

Hoy, ese equilibrio está amenazado por concesiones mineras otorgadas sin consulta previa.

México, un peligro para quienes quieren proteger el medio ambiente

Cruz de Ocote representa un ejemplo contundente de que es posible vivir del bosque sin destruirlo.

El bosque de pinos y encinos de Cruz de Ocote, con una extensión de 800 hectáreas, es hogar de especies como la chara coroniazul, coyotes, zorras y armadillos.

Pero también es el sustento directo de decenas de familias que, con asesoría técnica, realizan una tala selectiva y responsable: reforestan, abren brechas cortafuego, vigilan para evitar incendios y prohíben la cacería.

No hay tala clandestina. Hay reglas comunitarias claras y sanciones para quien las incumpla.

Este modelo, reconocido incluso con certificaciones de manejo forestal, demuestra que la conservación no es un obstáculo para el desarrollo, sino su base.

Sin embargo, dos concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense Almaden Minerals —a través de su filial Minera Gorrión— cubren gran parte del territorio del ejido y de comunidades vecinas.

El objetivo: la extracción de oro y plata mediante minería a cielo abierto.

Las comunidades se enteraron años después de que las concesiones ya estaban otorgadas.

No hubo consulta previa, libre e informada, pese a que el proyecto pone en riesgo el agua, el suelo y la vida comunitaria.

En México, más del 40% de los núcleos agrarios tienen concesiones mineras en su territorio

En 2015, ejidos y pueblos de Ixtacamaxtitlán interpusieron un amparo que logró suspender temporalmente las concesiones. El proceso legal sigue abierto.

Mientras la empresa asegura que no habrá afectaciones ambientales ni uso intensivo de agua, la experiencia en otros territorios mineros del país contradice ese discurso.

Además, organizaciones civiles han documentado presiones y ofrecimientos de empleo a comunidades para destrabar procesos legales, una práctica que profundiza la división social.

El caso de Cruz de Ocote no es aislado. En México, más del 40% de los núcleos agrarios tienen concesiones mineras en su territorio, muchas veces superpuestas a bosques y selvas comunitarias. La pregunta es clara: ¿qué modelo de desarrollo se está priorizando?

Desde este espacio de denuncia ambiental, señalamos una realidad incómoda pero urgente: los bosques vivos, manejados por sus comunidades, generan beneficios reales y sostenibles.

Defenderlos no es un capricho; es defender el agua, el clima y el futuro. Cruz de Ocote lo tiene claro: los árboles valen más que el oro.

El cargo Defender el bosque para defender la vida: Cruz de Ocote frente al avance minero apareció primero en Denuncia Verde.