Etiqueta: daño ambiental

  • SpaceX y la basura espacial: el costo ambiental invisible en las playas de Tamaulipas

    SpaceX y la basura espacial: el costo ambiental invisible en las playas de Tamaulipas

    SpaceX, la empresa líder en exploración espacial, no solo deja un rastro de innovación y tecnología, sino también una preocupante huella ambiental en las costas del norte de Tamaulipas, México.

    Más allá del brillo espectacular de sus lanzamientos, los restos de cohetes que caen en el Golfo de México están causando un impacto negativo que amenaza la vida marina y los ecosistemas costeros de la región.

    Desde noviembre de 2024, la organización no gubernamental Conibio Global, liderada por Jesús Elías Ibarra, ha asumido la difícil tarea de recolectar toneladas de escombros provenientes de los lanzamientos de la empresa aeroespacial.

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    Este problema se vuelve aún más urgente debido a que las playas mexicanas reciben una gran cantidad de basura espacial no solo visible en la superficie, sino también enterrada por las mareas.

    Lo que dificulta su limpieza y aumenta el riesgo para la fauna local.

    Ya se analizan posibles acciones legales contra SpaceX.

    Los residuos encontrados incluyen plásticos, goma, aluminio con etiquetas de SpaceX, tubos de acero y piezas de adhesivos, materiales que representan un riesgo directo para especies en peligro como la tortuga lora, que podría ingerirlos accidentalmente.

    Además, el impacto va más allá de la contaminación visible: las vibraciones generadas por los lanzamientos compactan la arena donde estas tortugas anidan.

    Lo que ha provocado la muerte de al menos 300 crías al impedir que emergieran de sus nidos.

    El daño ambiental también se extiende a la vegetación ribereña y a las comunidades cercanas, con reportes de árboles derribados y daños menores a viviendas debido a las explosiones y vibraciones.

    Las labores de limpieza, hasta ahora, han implicado gastos que superan los 26,000 dólares, financiados principalmente por Conibio Global y con apoyo limitado del gobierno mexicano.

    El caso ha escalado a la esfera pública y política.

    Los restos de cohetes de SpaceX que caen en el Golfo de México, están causando un impacto negativo que amenaza la vida marina y los ecosistemas.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido oficialmente la contaminación y anunció que se evaluará el impacto ambiental conforme a las leyes internacionales, incluyendo posibles acciones legales contra SpaceX.

    Mientras tanto, la ONG continúa sus esfuerzos, incluso denunciando el seguimiento con drones por parte de la empresa durante las tareas de limpieza.

    Denuncia Verde hace un llamado a exigir transparencia, responsabilidad ambiental y medidas concretas para proteger la biodiversidad y la salud de las zonas afectadas. La exploración espacial no debe ser a costa de la vida en nuestro propio planeta.

  • Derrames invisibles: la opacidad que protege a Pemex y contamina el Golfo de México

    Derrames invisibles: la opacidad que protege a Pemex y contamina el Golfo de México

    Los derrames de petróleo en el Golfo de México han dejado de ser accidentes aislados para convertirse en una constante invisibilizada.

    Una investigación de Mongabay Latam Data Crítica revela que, en los últimos seis años y medio, científicos y comunidades han detectado manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos —el 60 %— no existe ningún registro oficial.

    El subregistro es sistemático, y la falta de acción institucional permite que la contaminación continúe sin consecuencias reales.

    El caso más grave es el derrame de Ek-Balam en 2023. Las autoridades reportaron una cantidad mínima de crudo, pero análisis satelitales indicaron que el volumen pudo ser entre 10 y 200 veces mayor.

    Esta minimización no es una excepción, sino la regla. Carolina Viggiano, legisladora del PRI, afirmó que esta opacidad ha impedido conocer el verdadero impacto ecológico de la actividad petrolera y ha derivado en impunidad y falta de prevención.

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    Los derrames de petróleo en el Golfo de México son invisibles ante las autoridades mexicanas

    Según los datos, de los 86 derrames reconocidos oficialmente desde 2018, solo 48 han dado lugar a procedimientos sancionatorios. Y de estos, únicamente en 21 se impuso una multa, de las cuales solo ocho han sido pagadas.

    La conclusión es clara: las empresas petroleras, especialmente Pemex, operan sin un marco de responsabilidad real.

    Uno de los principales responsables de esta situación es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

    Aunque fue creada para vigilar al sector de hidrocarburos, cada año recibe menos presupuesto y ha fallado sistemáticamente en sus funciones de inspección, monitoreo y sanción.

    Desde 2018, su financiamiento se ha reducido en más de un 60 %, y no ha generado una base de datos pública sobre accidentes ni sobre los castigos impuestos a los responsables.

    Organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) han señalado las fallas de ASEA, calificando su actuación como “reactiva” y sin capacidad de prevenir o remediar los daños.

    Los derrames de petróleo en el Golfo de México, son una constante sin castigos reales, ante indiferencia e impunidad.

    La agencia depende casi exclusivamente de los reportes de las empresas, ignorando las denuncias ciudadanas que, además de ser difíciles de presentar, no se consideran en los conteos oficiales.

    Los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria.

    Mientras tanto, el Senado ha optado por lavarse las manos. La Comisión de Medio Ambiente descartó trabajar en iniciativas que integren fuentes independientes en el monitoreo.

    La senadora del PVEM, Maki Ortiz se deslindó de la responsabilidad, alegando que otras dependencias deben encargarse del tema.

    Sin presión política, sin rendición de cuentas, y con mecanismos ineficaces de denuncia, la realidad en el Golfo de México es preocupante.

    La emergencia climática ha sido incluida en la Ley de Seguridad Nacional, pero los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria. La información permanece clasificada y las comunidades afectadas, desprotegidas.

    En Denuncia Verde creemos que es momento de romper el silencio. Mientras las autoridades protejan más a las empresas que al medio ambiente, los mares seguirán siendo vertederos invisibles. Y cada nuevo derrame no solo destruye el ecosistema, también erosiona la posibilidad de justicia.

  • Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron

    Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron

    En una reciente conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que durante más de 30 años “no hubo ambientalistas” que denunciaran las actividades de Calica, la empresa extractora de piedra caliza en Quintana Roo.

    Incluso acusó que actuaron con complicidad. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas y desinforman sobre una lucha ambiental que lleva décadas.

    Desde los 80 ya existían denuncias contra Calica

    Desde 1986, organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y activistas independientes dieron la voz de alerta sobre los riesgos ecológicos de la operación de Calica (hoy Sac-Tun). Las protestas no solo fueron locales: llegaron a medios nacionales e incluso al Senado.

    Iván Restrepo, director del Centro de Ecología y Desarrollo, fue testigo y parte activa de esa lucha en los años 90. Acompañó a GEMA cuando obligaron a la empresa a emitir una “declaración de principios” en la que prometía operar con responsabilidad ambiental.

    Protestas contra Calica en Quintana Roo antes del sexenio de AMLO.

    Promesa que, a la vista de los hechos, no se cumplió. En 2016, durante la COP13 en Cancún, activistas como Marciano Toledo Sánchez protestaron visiblemente contra Calica.

    Sostuvieron pancartas advirtiendo sobre la destrucción de los mantos freáticos y el ecocidio que la empresa provocaba.

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    Ese mismo año, los periodistas Carlos Underwood y Sergio Santiago comenzaron a filmar Erosión, un documental que retrata los impactos ambientales de la empresa.

    Fue publicado en 2018, meses antes del inicio del gobierno de López Obrador. Algunas escenas del documental fueron incluso utilizadas —sin crédito— en la conferencia presidencial del 4 de mayo de 2022.

    Permisos y omisiones

    Los daños de Calica no ocurrieron en la sombra. Desde su inicio, la empresa operó con permisos otorgados por gobiernos anteriores.

    El primero fue en 1986, y en el año 2000, bajo la gestión de Julia Carabias, la Semarnap le concedió autorización por 20 años más, incluso para extraer por debajo del manto freático.

    Carabias reconoció públicamente haber firmado esa autorización, aunque asegura que se trató de un proceso regulado con evaluaciones de impacto ambiental.

    Lo cierto es que las consecuencias fueron devastadoras: hoy, los mapas satelitales muestran enormes cráteres donde antes había ecosistemas.

    AMLO declaró que durante más de 30 años “no hubo ambientalistas” que denunciaran las actividades de Calica, lo cual es falso.

    Activismo constante, no oportunista

    Lejos de ser “ambientalistas de ocasión”, las voces que hoy se oponen al Tren Maya han estado presentes desde antes del actual sexenio.

    Marciano Toledo, por ejemplo, encabezó otra protesta en 2018 frente a las instalaciones de Calica, denunciando un supuesto intento de soborno millonario para cambiar el uso de suelo.

    Organizaciones como La Tierra Nuestra Casa también exigieron entonces que se castigara a los responsables del ecocidio en la Riviera Maya.

    En un giro reciente, el gobierno federal —tras clausurar y sancionar a Calica en varias ocasiones— ahora busca adquirir el terreno devastado para convertirlo en una reserva natural y centro de entretenimiento. Una solución que genera dudas: ¿se trata de restauración ecológica o de lavado de imagen?


    En “Denuncia Verde” lo decimos claro: minimizar la labor ambientalista no solo invisibiliza años de lucha ciudadana, sino que distorsiona la memoria histórica.

  • Preocupa posible daño ambiental en la bahía de La Paz tras huracán Norma

    Preocupa posible daño ambiental en la bahía de La Paz tras huracán Norma

    En Denuncia Verde, alertamos sobre un posible daño ecológico en La Paz luego del paso del huracán Norma, que dejó una profunda huella en la bahía de esta ciudad.

    El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, confirmó que más de 20 embarcaciones resultaron dañadas y hundidas, lo que ha provocado derrames de hidrocarburos que podrían afectar gravemente el ecosistema marino.

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    Urgen acciones concretas para proteger el ecosistema de La Paz

    Ante esta situación, el gobernador hizo un llamado a la población para evitar el uso de las playas del malecón, zona donde el impacto parece ser mayor.

    Buzos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trabajan en el área afectada para evaluar el nivel de contaminación y tomar muestras del agua, aunque hasta el momento se desconoce el alcance total de los daños.

    Esta alerta cobra especial relevancia porque se acerca la temporada de avistamiento del tiburón ballena, uno de los atractivos naturales más importantes de La Paz, que atrae a turistas de todo el mundo.

    La contaminación podría poner en riesgo tanto a esta especie como a la economía local, que depende en gran medida del turismo sustentable.

    Otro problema identificado es la presencia de embarcaciones abandonadas en la bahía, muchas sin dueño ni registro, que contribuyen a la contaminación y dificultan la recuperación ambiental.

    La Marina y la Capitanía de Puerto deberán tomar medidas urgentes para retirarlas y evitar que sigan dañando el entorno.

    En Denuncia Verde seguiremos vigilantes y exigiremos transparencia y acciones concretas para proteger el ecosistema de La Paz, porque la rendición de cuentas y el cuidado del medio ambiente son indispensables para preservar nuestro patrimonio natural.

  • Aguas negras y gases tóxicos: la contaminación que amenaza Veracruz bajo la operación de Mitsui

    Aguas negras y gases tóxicos: la contaminación que amenaza Veracruz bajo la operación de Mitsui

    En Ixtaczoquitlán, Veracruz, la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Alto Río Blanco, operada por la empresa japonesa Mitsui desde 2004, ha sido clausurada temporalmente por graves daños ambientales y riesgos a la salud pública.

    Vecinos denuncian la emisión constante de ácido sulfhídrico, gases tóxicos y descargas de agua contaminada al río Escamela.

    La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) detectó que la planta vertía hasta 700 litros por segundo de aguas residuales sin los permisos necesarios.

    A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades

    El agua que se descarga es incluso más sucia que la que recibe, con altos niveles de metales pesados y patógenos, lo que pone en riesgo tanto los ecosistemas como a las comunidades cercanas.

    Los impactos para la población local son evidentes. Niños que viven a pocos metros sufren enfermedades respiratorias, dolores de cabeza y náuseas por el fuerte olor y los gases liberados.

    La escuela primaria vecina ha tenido que suspender clases por la contaminación ambiental, y la salud pública está en serio peligro.

    A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades, asegurando haber cumplido con la normativa.

    Sin embargo, el informe técnico independiente y la PMA corroboran que la planta opera con tecnología obsoleta, infraestructuras deterioradas y sin los controles ambientales requeridos.

    La contaminación no sólo afecta la biodiversidad local ni la calidad de vida de los habitantes. También pone en riesgo los cultivos tradicionales, como café y caña, que dependen del agua limpia de los ríos de la región.

    La falta de mantenimiento y supervisión podría ocasionar accidentes industriales, como la trágica muerte de un trabajador en 2021.

    El nuevo director del fideicomiso que administra la planta, Edgar Carmona, advierte que se ha decidido rescindir el contrato con Mitsui, pero el futuro de la operación aún es incierto.

    La comunidad exige respuestas claras y acciones urgentes para restaurar el equilibrio ambiental y garantizar la salud de la población.

    Desde Denuncia Verde seguiremos informando y denunciando para proteger a Veracruz y sus habitantes de daños ecológicos y sociales.

  • Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso

    Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso

    El pasado 28 de febrero, la Laguna de Acuitlapilco, ubicada en Tlaxcala, fue escenario de un nuevo atentado ecológico.

    Un incendio, presuntamente provocado por habitantes de la zona ribereña, arrasó con al menos siete hectáreas de vegetación.

    Las llamas consumieron pastizales, árboles y tule, una planta acuática esencial para la vida de cientos de especies, especialmente aves migratorias.

    Esta agresión no fue un accidente ni producto de un descuido, sino un acto deliberado para invadir el cuerpo lacustre, advierten activistas y organizaciones ambientales.

    De acuerdo con la asociación civil “Patos Verdes al Rescate”, el objetivo detrás de estos incendios es claro: ganar terreno al humedal para rellenarlo y posteriormente construir viviendas.

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    ¿Quién está detrás de los incendios en Acuitlapilco?

    Esta práctica, además de ilegal, pone en riesgo la integridad de un ecosistema que alberga a más de 250 especies de flora y fauna.

    La quema del tule, combinada con el uso de maquinaria pesada y el acarreo de tierra, busca modificar la geografía de la laguna y transformar un bien común en propiedad privada.

    La problemática no es reciente. Activistas y defensores ambientales han documentado esta clase de invasiones desde el siglo XIX, pero en las últimas semanas la frecuencia de estos incendios ha aumentado alarmantemente en las comunidades de Acuitlapilco y Tlacochcalco, perteneciente al municipio de Tepeyanco.

    La sequía que afecta al humedal ha facilitado que algunos lugareños se apropien arbitrariamente del terreno, argumentando propiedad sobre áreas que pertenecen al ecosistema.

    Juan Rafael Rodríguez Razgado, biólogo y defensor de la laguna, ha denunciado públicamente estas prácticas.

    El defensor ha señalado que los incendios son solo una parte de una estrategia sistemática para destruir el humedal.

    Denuncian incendios provocados en Acuitlapilco: un crimen ecológico en curso.

    Además, subraya que estos actos van acompañados de violencia ambiental silenciosa: la pérdida de hábitat, la erosión del suelo, y la expulsión de especies nativas.

    Desde Denuncia Verde hacemos un llamado urgente al Gobierno del Estado de Tlaxcala, así como a los municipios de Tlaxcala y Tepeyanco, para que detengan esta destrucción y protejan la Laguna de Acuitlapilco.

    La omisión es complicidad. No se trata solo de tierras: está en juego la vida de un ecosistema invaluable. La naturaleza no puede esperar.

  • Grupo Xcaret amenaza arrecife centenario con su nueva marina turística

    Grupo Xcaret amenaza arrecife centenario con su nueva marina turística

    Grupo Xcaret enfrenta una nueva denuncia por daño ambiental, esta vez por la construcción de una marina que, según organizaciones civiles y ciudadanos de Quintana Roo, pone en grave riesgo un arrecife de más de 200 años de antigüedad.

    El proyecto, denominado Sol de Selva, contempla el desarrollo de una marina para 15 embarcaciones, con un volumen de dragado superior a los 67 mil metros cúbicos.

    Este movimiento masivo de sedimentos podría alterar significativamente las corrientes marinas, lo que provocaría la destrucción parcial o total del arrecife Sábalos y Tortugas, una zona de alto valor ecológico.

    Una nueva denuncia para Grupo Xcaret

    A pesar de que en 2019 la Semarnat otorgó la autorización de impacto ambiental, los efectos negativos del proyecto han motivado una denuncia formal ante la Profepa, interpuesta por cooperativas turísticas, pescadores de Solidaridad y organizaciones ambientalistas.

    El recurso exige la revocación de la autorización por considerar que hubo omisiones graves y que no se contemplaron adecuadamente los riesgos al ecosistema.

    La denuncia también recuerda que la Profepa tiene la obligación legal de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, aplicar medidas de seguridad urgentes y suspender permisos si se detecta daño ecológico.

    La guerra silenciosa contra los Yaquis

    Este no es un hecho aislado. En años recientes, Grupo Xcaret ha sido señalado en múltiples ocasiones por su impacto negativo en el medio ambiente.

    En 2023, la organización Moce Yax Cuxtal denunció que las obras de expansión del parque Xcaret estaban generando impactos severos en los ecosistemas locales.

    Desde Denuncia Verde reiteramos la importancia de visibilizar estos casos y exigimos a las autoridades una evaluación responsable, transparente y basada en la protección de los recursos naturales, no en intereses turísticos o comerciales.

  • Pemex bajo la lupa: daños ambientales ocultos en el Golfo de México

    Pemex bajo la lupa: daños ambientales ocultos en el Golfo de México

    El pasado 2 de julio, una imagen apocalíptica recorrió el mundo: un “ojo de fuego” ardía sobre el mar, en inmediaciones de la plataforma KU-Charly, en el Golfo de México.

    Pemex atribuyó el fenómeno a una tormenta eléctrica que provocó la ruptura de un gasoducto submarino, liberando gas que luego se incendió.

    La paraestatal aseguró que el incendio fue controlado en cinco horas, sin impactos ambientales permanentes. Sin embargo, científicos, ambientalistas y organizaciones civiles no comparten ese optimismo.

    Turismo y crisis hídrica: una “denuncia verde” al consumo de agua excesivo

    El principal problema: la opacidad. Investigadores como Héctor Reyes Bonilla (UABC) y Lorenzo Álvarez Filip (UNAM) han denunciado la falta de acceso a la zona para evaluar los posibles daños.

    La dispersión de contaminantes en el océano y la ausencia de estudios sistemáticos dificultan cualquier diagnóstico certero.

    Además, según datos satelitales, el accidente generó una alarmante emisión de dióxido de nitrógeno (NO₂), con potenciales efectos crónicos en la salud humana.

    El Golfo de México alberga una biodiversidad invaluable que esta en peligro

    No se trata de un hecho aislado. En 2019, otro derrame en Cayo Arcas pasó desapercibido y fue reconocido por Pemex cinco meses después.

    Según Álvarez Filip, “el estrés crónico” de estos “accidentes menores” puede ser incluso más dañino que eventos espectaculares como el “ojo de fuego”.

    La falta de monitoreo ambiental, sistemas de inspección deficientes y la negativa a transparentar información por parte del gobierno y Pemex agravan el problema.

    Organizaciones como Cartocrítica y Greenpeace México han señalado que la empresa no solo carece de controles adecuados, sino que es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero del mundo.

    Pemex bajo la lupa: daños ambientales ocultos en el Golfo de México.

    Frente a esta realidad, 25 organizaciones civiles exigieron al gobierno mexicano que investigue el incidente, sancione a los responsables y elabore un plan de reparación del daño.

    También urgieron a abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, detener la extracción en aguas profundas y prohibir el fracking.

    El Golfo de México alberga una biodiversidad invaluable. Pero sin transparencia, sin ciencia independiente y sin voluntad política, cada nueva fuga es una herida más al océano… y a nuestro futuro.


    Síguenos en Denuncia Verde para más investigaciones sobre justicia ambiental y defensa del territorio.

  • Agua que enferma, minería que mata: la emergencia invisible en Oaxaca

    Agua que enferma, minería que mata: la emergencia invisible en Oaxaca

    En los Valles Centrales de Oaxaca, la promesa de desarrollo de una minería se convirtió en una pesadilla silenciosa para las comunidades zapotecas.

    Desde que la Compañía Minera Cuzcatlán —filial de la canadiense Fortuna Silver Mines— comenzó operaciones en 2010 en San José del Progreso, los habitantes de al menos seis municipios denuncian un deterioro alarmante en su salud, en su agua y en su entorno.

    Los testimonios son muchos. Algunos habitantes narran cómo el agua que usan les irrita la piel, mientras otros sufren una tos persistente.

    En San José del Progreso, varios niños han sido diagnosticados con hepatitis. Los animales también están muriendo: chivos, gallinas y peces aparecen enfermos o deformes cerca de los cuerpos de agua contaminados.

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    La minería de Oaxaca que se convirtió en una pesadilla

    Un estudio del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reveló un incremento de enfermedades respiratorias e intestinales desde que la mina comenzó a operar.

    En 2006 se registraron 73 infecciones intestinales mal definidas en San José del Progreso. Para 2013, la cifra se disparó a 322. En 2019, seguía muy por encima del nivel previo a la minería.

    El punto de quiebre fue el derrame del 8 de octubre de 2018, cuando las lluvias desbordaron la piscina de residuos mineros, contaminando el arroyo Coyote.

    Este cauce atraviesa las instalaciones de la mina y llega hasta varias comunidades. Estudios oficiales de Conagua confirmaron la presencia de aluminio, bario, plomo, manganeso y cromo por encima de los límites permitidos.

    Estos metales, explican expertos, están relacionados con enfermedades respiratorias, gastrointestinales, neurológicas e incluso cáncer.

    Justicia ambiental y derecho básico al agua limpia y a la salud.

    Aunque la minera sostiene que no hay daño ambiental grave y presume inversiones en mitigación, las irregularidades son numerosas.

    La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha detectado al menos 75 obras irregulares y sancionado a la empresa en cinco ocasiones.

    Agua que enferma, minería que mata: la emergencia invisible en Oaxaca.

    La multa más alta fue de apenas 3.2 millones de pesos, un monto irrisorio frente al daño a la salud y al ambiente.

    La situación es aún más alarmante si se considera la pobreza en la región. Muchas familias no pueden comprar agua embotellada de forma constante, y vuelven a consumir del pozo que pudo haber sido contaminado.

    Mientras tanto, Profepa y Conagua niegan entrevistas, ocultan expedientes y retrasan la entrega de resultados.

    Organizaciones comunitarias como el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos siguen exigiendo estudios independientes y acciones firmes. Su exigencia es clara: justicia ambiental y el derecho básico al agua limpia y a la salud.

    Pero la amenaza no termina aquí. La minera planea seguir operando hasta 2029 y expandirse a nuevas zonas de Oaxaca y Sinaloa.

    Lo que está en juego no es solo la vida de un río. Son cientos de vidas humanas y animales afectadas por una industria que, en nombre del progreso, deja una estela de muerte.

    En Denuncia Verde seguiremos vigilantes. Porque visibilizar es el primer paso hacia la justicia.