En la zona norte de Puebla, el ejido Cruz de Ocote representa un ejemplo contundente de que es posible vivir del bosque sin destruirlo.
Desde hace 27 años, 70 ejidatarios han organizado un modelo de silvicultura comunitaria que no solo garantiza ingresos económicos, sino que protege una de las principales fuentes de agua, biodiversidad y captura de carbono de la región.
Hoy, ese equilibrio está amenazado por concesiones mineras otorgadas sin consulta previa.
México, un peligro para quienes quieren proteger el medio ambiente
Cruz de Ocote representa un ejemplo contundente de que es posible vivir del bosque sin destruirlo.
El bosque de pinos y encinos de Cruz de Ocote, con una extensión de 800 hectáreas, es hogar de especies como la chara coroniazul, coyotes, zorras y armadillos.
Pero también es el sustento directo de decenas de familias que, con asesoría técnica, realizan una tala selectiva y responsable: reforestan, abren brechas cortafuego, vigilan para evitar incendios y prohíben la cacería.
No hay tala clandestina. Hay reglas comunitarias claras y sanciones para quien las incumpla.
Este modelo, reconocido incluso con certificaciones de manejo forestal, demuestra que la conservación no es un obstáculo para el desarrollo, sino su base.
Sin embargo, dos concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense Almaden Minerals —a través de su filial Minera Gorrión— cubren gran parte del territorio del ejido y de comunidades vecinas.
El objetivo: la extracción de oro y plata mediante minería a cielo abierto.
Las comunidades se enteraron años después de que las concesiones ya estaban otorgadas.
No hubo consulta previa, libre e informada, pese a que el proyecto pone en riesgo el agua, el suelo y la vida comunitaria.
En México, más del 40% de los núcleos agrarios tienen concesiones mineras en su territorio
En 2015, ejidos y pueblos de Ixtacamaxtitlán interpusieron un amparo que logró suspender temporalmente las concesiones. El proceso legal sigue abierto.
Mientras la empresa asegura que no habrá afectaciones ambientales ni uso intensivo de agua, la experiencia en otros territorios mineros del país contradice ese discurso.
Además, organizaciones civiles han documentado presiones y ofrecimientos de empleo a comunidades para destrabar procesos legales, una práctica que profundiza la división social.
El caso de Cruz de Ocote no es aislado. En México, más del 40% de los núcleos agrarios tienen concesiones mineras en su territorio, muchas veces superpuestas a bosques y selvas comunitarias. La pregunta es clara: ¿qué modelo de desarrollo se está priorizando?
Desde este espacio de denuncia ambiental, señalamos una realidad incómoda pero urgente: los bosques vivos, manejados por sus comunidades, generan beneficios reales y sostenibles.
Defenderlos no es un capricho; es defender el agua, el clima y el futuro. Cruz de Ocote lo tiene claro: los árboles valen más que el oro.
