En Denuncia Verde, alertamos sobre un posible daño ecológico en La Paz luego del paso del huracán Norma, que dejó una profunda huella en la bahía de esta ciudad.
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, confirmó que más de 20 embarcaciones resultaron dañadas y hundidas, lo que ha provocado derrames de hidrocarburos que podrían afectar gravemente el ecosistema marino.
Urgen acciones concretas para proteger el ecosistema de La Paz
Ante esta situación, el gobernador hizo un llamado a la población para evitar el uso de las playas del malecón, zona donde el impacto parece ser mayor.
Buzos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trabajan en el área afectada para evaluar el nivel de contaminación y tomar muestras del agua, aunque hasta el momento se desconoce el alcance total de los daños.
Esta alerta cobra especial relevancia porque se acerca la temporada de avistamiento del tiburón ballena, uno de los atractivos naturales más importantes de La Paz, que atrae a turistas de todo el mundo.
La contaminación podría poner en riesgo tanto a esta especie como a la economía local, que depende en gran medida del turismo sustentable.
Otro problema identificado es la presencia de embarcaciones abandonadas en la bahía, muchas sin dueño ni registro, que contribuyen a la contaminación y dificultan la recuperación ambiental.
La Marina y la Capitanía de Puerto deberán tomar medidas urgentes para retirarlas y evitar que sigan dañando el entorno.
En Denuncia Verde seguiremos vigilantes y exigiremos transparencia y acciones concretas para proteger el ecosistema de La Paz, porque la rendición de cuentas y el cuidado del medio ambiente son indispensables para preservar nuestro patrimonio natural.
En Ixtaczoquitlán, Veracruz, la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Alto Río Blanco, operada por la empresa japonesa Mitsui desde 2004, ha sido clausurada temporalmente por graves daños ambientales y riesgos a la salud pública.
Vecinos denuncian la emisión constante de ácido sulfhídrico, gases tóxicos y descargas de agua contaminada al río Escamela.
La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) detectó que la planta vertía hasta 700 litros por segundo de aguas residuales sin los permisos necesarios.
A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades
El agua que se descarga es incluso más sucia que la que recibe, con altos niveles de metales pesados y patógenos, lo que pone en riesgo tanto los ecosistemas como a las comunidades cercanas.
Los impactos para la población local son evidentes. Niños que viven a pocos metros sufren enfermedades respiratorias, dolores de cabeza y náuseas por el fuerte olor y los gases liberados.
La escuela primaria vecina ha tenido que suspender clases por la contaminación ambiental, y la salud pública está en serio peligro.
A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades, asegurando haber cumplido con la normativa.
Sin embargo, el informe técnico independiente y la PMA corroboran que la planta opera con tecnología obsoleta, infraestructuras deterioradas y sin los controles ambientales requeridos.
La contaminación no sólo afecta la biodiversidad local ni la calidad de vida de los habitantes. También pone en riesgo los cultivos tradicionales, como café y caña, que dependen del agua limpia de los ríos de la región.
La falta de mantenimiento y supervisión podría ocasionar accidentes industriales, como la trágica muerte de un trabajador en 2021.
El nuevo director del fideicomiso que administra la planta, Edgar Carmona, advierte que se ha decidido rescindir el contrato con Mitsui, pero el futuro de la operación aún es incierto.
La comunidad exige respuestas claras y acciones urgentes para restaurar el equilibrio ambiental y garantizar la salud de la población.
Desde Denuncia Verde seguiremos informando y denunciando para proteger a Veracruz y sus habitantes de daños ecológicos y sociales.
En un lamentable episodio de ecocidio, una red gigante de pesca abandonada por el barco atuneroMaría Guadalupe permanece atrapada en el islote Las Ánimas, en Baja California Sur (BCS), provocando la muerte de cientos de especies marinas.
Esta red, dejada a profundidades de entre 20 y 75 metros, ha quedado convertida en una red fantasma, término que define las artes de pesca perdidas o descartadas que siguen atrapando y matando animales bajo el agua.
Pescadores y buzos locales alertaron sobre esta catástrofe desde el 12 de junio, denunciando que lobos marinos, pepinos de mar, abanicos de mar y otras especies quedan atrapadas y muchas ya han empezado a morir enredadas.
La red, con el folio signado 03230115, fue detectada también por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que visitaron la zona el pasado 14 de junio.
Sin embargo, hasta el día de hoy la red permanece allí.
Las autoridades, indiferentes ante el ecocidio que ocurre en Baja California Sur
Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades han sido reacias a actuar con prontitud. Martín Inzunza Tamayo, director Técnico del Fideicomiso Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), se negó a dar declaraciones.
Mientras FONMAR emitió una disculpa pública por haber filtrado información relacionada con el operativo, justificando el silencio.
Los pescadores ribereños también denuncian que la embarcaciónMaría Guadalupe mantuvo apagado su sistema de identificación automática (AIS) durante 13 días.
Lo que impide un monitoreo adecuado; además, ellos reportaron esta situación a las autoridades, pero no obtuvieron una respuesta efectiva.
Además, alertan que otro barco ha estado lanzando redes en la misma zona, agravando la mortandad de peces y mamíferos marinos.
Francisco Gómez, director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, explicó la dimensión del problema.
Las redes fantasma pueden permanecer cientos de años en el mar, degradándose lentamente y liberando microplásticos que la fauna marina ingiere. Causando daños irreparables al ecosistema.
Además, el continuo enmallamiento de animales crea una presión letal sobre las poblaciones marinas.
El llamado urgente de pescadores, buzos y activistas es claro: las autoridades deben intervenir inmediatamente para retirar la red y proteger el Golfo de California de estos daños recurrentes.
También exigen un reforzamiento en la vigilancia y regulación, incluyendo la prohibición de entrada de barcos industriales a 50 millas de la costa, y campañas educativas para evitar futuros ecocidios.
Desde hace años, la comunidad pesquera y turística de BCS clama por una gestión responsable que frene el impacto devastador de la pesca industrial en sus mares.
En Denuncia Verde nos unimos a esta voz para exigir justicia ambiental y la protección urgente de nuestros océanos.
En su conferencia matutina del pasado 19 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la suspensión del tramo cinco del Tren Maya era un asunto político y cuestionó por qué los ambientalistas no se habían pronunciado contra Xcaret.
Señalando supuestas desviaciones de ríos subterráneos en esa zona. Sin embargo, esta afirmación es falsa.
Un exhaustivo análisis realizado por Corroborado, unidad de fact checking de NotiPress, revela que desde mucho antes de que se anunciara el Tren Maya, ambientalistas, académicos, comunidades afectadas y organismos especializados ya se habían manifestado en contra de múltiples proyectos de Grupo Xcaret que han afectado ecosistemas naturales en la Riviera Maya.
Por ejemplo, en 2006, Alfredo Sachary, doctor en Ciencias Sociales y especialista en turismo sostenible, denunció a Xcaret como un ejemplo de “alteración de la historia y el ambiente en un antiguo santuario natural”, mucho antes de que el Tren Maya fuera siquiera una idea.
AMLO asegura que Xcaret impulsa las protestas contra el Tren Maya
Además, en 2014 y 2016, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) recibió múltiples solicitudes de proyectos por parte de Destino Xcaret, que incluían construcción de hoteles, centros comerciales, canales artificiales y áreas recreativas.
En ambas ocasiones, la comunidad local y organismos como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtieron sobre graves riesgos ambientales.
Afectación a especies protegidas, manejo deficiente de residuos, impacto en ecosistemas costeros y la ausencia de estudios claros sobre el impacto en el sistema cárstico.
El biólogo y académico de la UNAM, Serguei Damián Rico, se expresó públicamente en 2016 contra estos megaproyectos de Xcaret, alertando sobre los peligros que representan para el equilibrio ecológico.
Incluso, en 2001, Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, denunció la destrucción del cenote original para construir canales y ríos subterráneos en Xcaret.
Este grupo, junto con otros, ha interpuesto numerosas denuncias legales contra la empresa por irregularidades y daños ambientales.
La narrativa del presidente intenta minimizar las críticas ambientales
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) también rechazó en 2019 el proyecto Sol de Selva, promovido por Xcaret, debido a su impacto en la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano y a una plaga que afecta severamente a los corales de la zona, agravada por la mala calidad del agua resultado de actividades humanas.
Por tanto, la narrativa del presidente que intenta minimizar las críticas ambientales al Tren Maya acusando que no hubo oposición previa a Xcaret, no se sostiene frente a la evidencia documental y testimonial.
Las voces de los ambientalistas, académicos y comunidades han estado presentes desde hace años denunciando los daños y la falta de transparencia en proyectos turísticos que afectan gravemente al ecosistema de la región.
Desde Denuncia Verde, hacemos un llamado a no permitir que se silencie ni manipule la lucha por la defensa del medio ambiente.
La verdad es clara: la oposición a los impactos ambientales de Grupo Xcaret ha existido mucho antes que el Tren Maya y seguirá vigente hasta que se respeten los derechos de la naturaleza y las comunidades.
En Maxcanú, Yucatán, la deforestación del paisaje es evidente. Hace una década, la selva tropical cubría la zona con un manto verde, pero hoy las granjas porcícolas, los caminos y las zonas de extracción de tierra roja están reemplazándola.
En el corazón de esta región, la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on ha documentado la pérdida de al menos 200 hectáreas de selva, sólo en el ejido de Chactún.
Este cambio de uso de suelo, impulsado en parte por la expansión de megaproyectos como el Tren Maya, afecta directamente a la apicultura, una actividad tradicional de las comunidades mayas.
“Hay menos abejas, menos floración, y eso significa menos miel”, explica uno de los apicultores de la Alianza.
La afectación no solo es ecológica: se pone en riesgo una fuente de sustento económico y cultural para más de 700 familias apicultoras.
Aunque la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on presentó denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde 2021, las autoridades han logrado pocos avances.
Ademas de la deforestación por el Tren Maya, los campesinos se enfrentan a otros problemas como la extracción de tierra roja para construcción y la venta de terrenos para desarrollos inmobiliarios
Se han colocado sellos de clausura en algunas granjas, pero estas continúan operando de forma irregular.
Además, algunos denunciantes han recibido amenazas, lo que genera un clima de miedo e impunidad en la región.
Greenpeace documentó en 2020 la instalación de 257 granjas porcícolas en el sureste del país, de las cuales 222 se encuentran en Yucatán.
Estas granjas han contribuido a la pérdida de casi 11 mil hectáreas de selva maya y, en algunos casos, se ubican dentro de Áreas Naturales Protegidas.
Maxcanú no es un caso aislado. Municipios como Opichén, Uman y Halachó también enfrentan un avance agresivo del desmonte.
La extracción de tierra roja para construcción y la venta de terrenos para desarrollos inmobiliarios se suman al problema.
La Alianza Kaabnalo’on exige no solo la clausura efectiva de las zonas deforestadas, sino también medidas de restauración y protección ecológica.
“El ecosistema está herido, pero aún puede salvarse”, concluye David Linares, asesor jurídico de la organización.
En este contexto, desde Denuncia Verde creemos que cuidar el ambiente no es solo una tarea de las autoridades, es una lucha por la vida, la cultura y la biodiversidad de un territorio que ha sostenido a los pueblos mayas por generaciones.
Grupo Xcaret enfrenta una nueva denuncia por daño ambiental, esta vez por la construcción de una marina que, según organizaciones civiles y ciudadanos de Quintana Roo, pone en grave riesgo un arrecife de más de 200 años de antigüedad.
El proyecto, denominado Sol de Selva, contempla el desarrollo de una marina para 15 embarcaciones, con un volumen de dragado superior a los 67 mil metros cúbicos.
Este movimiento masivo de sedimentos podría alterar significativamente las corrientes marinas, lo que provocaría la destrucción parcial o total del arrecife Sábalos y Tortugas, una zona de alto valor ecológico.
Una nueva denuncia para Grupo Xcaret
A pesar de que en 2019 la Semarnat otorgó la autorización de impacto ambiental, los efectos negativos del proyecto han motivado una denuncia formal ante la Profepa, interpuesta por cooperativas turísticas, pescadores de Solidaridad y organizaciones ambientalistas.
El recurso exige la revocación de la autorización por considerar que hubo omisiones graves y que no se contemplaron adecuadamente los riesgos al ecosistema.
La denuncia también recuerda que la Profepa tiene la obligación legal de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, aplicar medidas de seguridad urgentes y suspender permisos si se detecta daño ecológico.
Este no es un hecho aislado. En años recientes, Grupo Xcaret ha sido señalado en múltiples ocasiones por su impacto negativo en el medio ambiente.
En 2023, la organización Moce Yax Cuxtal denunció que las obras de expansión del parque Xcaret estaban generando impactos severos en los ecosistemas locales.
Desde Denuncia Verde reiteramos la importancia de visibilizar estos casos y exigimos a las autoridades una evaluación responsable, transparente y basada en la protección de los recursos naturales, no en intereses turísticos o comerciales.
Elon Musk ha impulsado tecnologías sostenibles a través de empresas como Tesla, pero también ha sido objeto de denuncia verde por el impacto ambiental de proyectos como SpaceX. Desde nuestra organización, analizamos tanto sus aportes al desarrollo sustentable como las críticas que generan sus acciones en el ámbito ecológico.
Musk ha tenido un impacto significativo en el ámbito medioambiental, tanto por sus acciones como por sus declaraciones. Es conocido por su apoyo a la sostenibilidad y la energía renovable a través de Tesla y sistemas de almacenamiento de energía. Sin embargo, también ha enfrentado críticas por el impacto ambiental de sus proyectos, como SpaceX, y por su influencia en la política climática.
El magnate, cuya fortuna se disparó un 622 % encabezó la lista de multimillonarios “verdes” con un “patrimonio ecológico” de 181 millones de dólares.
Puntos clave:
Energía renovable y vehículos eléctricos: Tesla, fundada por Musk, es una empresa líder en la producción de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.
Declaraciones sobre el cambio climático:
Musk ha calificado el cambio climático como una amenaza importante y ha abogado por medidas como gravar las emisiones de carbono.
Críticas al impacto ambiental de SpaceX:
El crecimiento de SpaceX en Boca Chica, Texas, ha generado preocupaciones sobre el impacto ambiental, incluyendo el hábitat de aves migratorias y tortugas marinas.
Ecomodernismo:
Musk se considera un ecomodernista, creyendo que la tecnología puede ser una herramienta para proteger la naturaleza y desvincular los impactos humanos del medio ambiente natural.
Fundación Musk:
La Fundación Musk apoya iniciativas en energías renovables, exploración espacial y otras áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología, con el objetivo de beneficiar a la humanidad.
Críticas a su enfoque:
Algunos críticos señalan que Musk a veces prioriza sus propios resultados económicos sobre las consideraciones ambientales, y mencionan que Tesla ha tenido infracciones de calidad del aire en algunas de sus fábricas.
En resumen, Elon Musk ha sido un actor importante en la promoción de la sostenibilidad y la energía renovable, pero su impacto en el medio ambiente no está exento de controversia y críticas.
Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó con urgencia al gobierno mexicano para proteger a las comunidades afectadas por la contaminación del río Santiago, en Jalisco.
Sin embargo, la situación no ha mejorado: la contaminación persiste y con ella, las enfermedades y daños al entorno.
Primero murieron los peces, luego se perdieron los árboles frutales, y ahora, los habitantes sufren graves enfermedades: cáncer, problemas renales, respiratorios y cutáneos afectan a niños, mujeres embarazadas y adultos.
La cascada de Juanacatlán, otrora un atractivo natural conocido como el “Niagara mexicano”, hoy muestra un paisaje triste de aguas turbias y espuma contaminada que se dispersa con el viento.
La contaminación es resultado del vertido de metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio y plomo, así como compuestos químicos peligrosos que superan por mucho los límites permitidos por la ley.
La contaminación del río Santiago ha ido en aumento desde hace décadas.
Sin embargo, las normas ambientales vigentes apenas regulan una pequeña parte de estos contaminantes y las inspecciones a las industrias responsables son escasas.
El principal obstáculo para solucionar esta crisis no es la falta de información, sino la prioridad que se le da al capital económico sobre la salud y el ambiente.
El corredor industrial que rodea al río Santiago es clave para la economía regional y nacional, y esto ha hecho que las autoridades permitan la contaminación para no afectar inversiones y empleo.
Los programas gubernamentales se han centrado en construir plantas de tratamiento y monitorear la contaminación, pero destinan un porcentaje muy pequeño de recursos para atender a las personas afectadas por enfermedades relacionadas con el río.
En Jalisco, apenas un 1.8% de la población vulnerable ha recibido atención médica adecuada, y a este ritmo se necesitarían más de un siglo para cubrir a todos.
La falta de coordinación entre autoridades federales y estatales, la reducción de presupuesto para la protección ambiental y las disputas políticas han paralizado cualquier avance real.
Sin acciones integrales, el daño será irreversible
Las agencias encargadas de la vigilancia ambiental han visto recortes presupuestales de hasta 60% en los últimos años, limitando su capacidad para inspeccionar y sancionar a quienes contaminan.
La gravedad de la situación convierte al río Santiago en una “zona de sacrificio” donde la contaminación tóxica se tolera para mantener la actividad industrial, sin importar el costo para la vida de millones de personas y el equilibrio del ecosistema.
Para revertir esta tragedia es urgente que el gobierno implemente acciones integrales que incluyan prevención, control estricto de descargas contaminantes, atención médica para los afectados y coordinación interinstitucional real.
La salud ambiental debe estar por encima de los intereses económicos y políticos.
Desde Denuncia Verde seguiremos denunciando esta crisis y exigiendo que el río Santiago recupere su vida y sus comunidades recuperen su salud. La naturaleza no puede seguir pagando el precio del beneficio económico a corto plazo.
La tala ilegal es el oscuro motor que impulsa gran parte del mercado de la madera en México, donde se estima que al menos la mitad de la madera comercializada proviene de fuentes ilícitas.
Este fenómeno no solo amenaza la integridad de los bosques nacionales, sino que también golpea a las comunidades forestales que intentan producir madera legalmente y de manera sostenible, enfrentando la impunidad, la corrupción y una burocracia excesiva que favorecen a los grupos del crimen organizado.
Un ejemplo claro ocurre en la costa norte de Jalisco, donde árboles como la parota —conocida por su madera semipreciosa— son derribados sin permisos oficiales, mientras el verdadero control lo ejercen líderes locales ligados al crimen, como “don Guty”.
La tala ilegal no solo elimina ejemplares valiosos, sino que ha diezmado maderas duras como la caoba pacífica, el granadillo y el tampicirán, especies muy demandadas en mercados internacionales, especialmente en China.
Esta realidad se replica en regiones de todo México, desde el sur hasta el norte.
La tala ilegal representa un negocio anual de miles de millones de pesos
El crimen organizado no es el único actor; comunidades enteras también participan en la tala clandestina, aprovechando la falta de políticas públicas efectivas para promover la silvicultura sustentable.
De acuerdo con expertos, los productores legales luchan por competir en un mercado inundado de madera ilegal que no cumple con regulaciones ni paga impuestos ni costos de manejo ambiental.
Los datos oficiales muestran que el 76 % de la madera legalmente producida proviene de bosques comunitarios.
Pero para satisfacer la demanda nacional, México importa gran volumen de madera y no contabiliza el consumo ilegal.
Esto evidencia la magnitud del problema: la tala ilegal representa un negocio anual de miles de millones de pesos, que no solo afecta el medio ambiente.
También destruye la economía y la organización social de las comunidades forestales.
En estados como Jalisco, Guerrero, Puebla y Chiapas, la tala ilegal está vinculada con grupos criminales que imponen “cuotas” para permitir el saqueo.
Mientras las autoridades ambientales muestran una preocupante permisividad.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de combatir esta práctica, ha reducido sus incautaciones y enfrenta filtraciones internas, lo que perpetúa la impunidad.
Expertos y organizaciones civiles coinciden en que la solución pasa por fortalecer a las comunidades forestales.
Además, producir madera legal en México implica un proceso burocrático complejo y costoso que puede tardar hasta dos años, lo que desalienta a las comunidades.
La competencia desleal de la madera ilegal, que no paga trámites ni impuestos, devalúa el precio y mina la viabilidad económica de los proyectos sustentables.
Solo un pequeño porcentaje de ejidos y comunidades logra operar legalmente, y muchos han abandonado sus esfuerzos tras enfrentarse a la violencia y la corrupción.
La falta de regulación efectiva también se refleja en la industria maderera, donde la falsificación de guías y permisos facilita el blanqueo de madera ilegal.
Las propuestas para implementar sistemas voluntarios de certificación de legalidad y trazabilidad han sido frenadas por intereses económicos que temen la sobrerregulación.
Expertos y organizaciones civiles coinciden en que la solución pasa por fortalecer a las comunidades forestales.
Simplificar trámites, impulsar políticas públicas con presupuesto suficiente y garantizar una vigilancia efectiva y transparente.
Solo así será posible frenar el avance de la tala ilegal, proteger los bosques y asegurar un mercado justo que beneficie tanto al medio ambiente como a las personas que dependen de él.
Mientras la tala ilegal continúa su avance, los ecosistemas se destruyen, los derechos de las comunidades se vulneran y el Estado permanece ausente o permisivo.
En un país con una riqueza forestal invaluable, la urgencia de actuar con responsabilidad y firmeza es una deuda que tenemos con las futuras generaciones.
¿Quieres saber más o ayudar a denunciar estos casos? En Denuncia Verde seguimos investigando y llevando evidencia para exigir rendición de cuentas y justicia ambiental.
