Etiqueta: Impacto Ambiental

  • SpaceX y la basura espacial: el costo ambiental invisible en las playas de Tamaulipas

    SpaceX y la basura espacial: el costo ambiental invisible en las playas de Tamaulipas

    SpaceX, la empresa líder en exploración espacial, no solo deja un rastro de innovación y tecnología, sino también una preocupante huella ambiental en las costas del norte de Tamaulipas, México.

    Más allá del brillo espectacular de sus lanzamientos, los restos de cohetes que caen en el Golfo de México están causando un impacto negativo que amenaza la vida marina y los ecosistemas costeros de la región.

    Desde noviembre de 2024, la organización no gubernamental Conibio Global, liderada por Jesús Elías Ibarra, ha asumido la difícil tarea de recolectar toneladas de escombros provenientes de los lanzamientos de la empresa aeroespacial.

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    Este problema se vuelve aún más urgente debido a que las playas mexicanas reciben una gran cantidad de basura espacial no solo visible en la superficie, sino también enterrada por las mareas.

    Lo que dificulta su limpieza y aumenta el riesgo para la fauna local.

    Ya se analizan posibles acciones legales contra SpaceX.

    Los residuos encontrados incluyen plásticos, goma, aluminio con etiquetas de SpaceX, tubos de acero y piezas de adhesivos, materiales que representan un riesgo directo para especies en peligro como la tortuga lora, que podría ingerirlos accidentalmente.

    Además, el impacto va más allá de la contaminación visible: las vibraciones generadas por los lanzamientos compactan la arena donde estas tortugas anidan.

    Lo que ha provocado la muerte de al menos 300 crías al impedir que emergieran de sus nidos.

    El daño ambiental también se extiende a la vegetación ribereña y a las comunidades cercanas, con reportes de árboles derribados y daños menores a viviendas debido a las explosiones y vibraciones.

    Las labores de limpieza, hasta ahora, han implicado gastos que superan los 26,000 dólares, financiados principalmente por Conibio Global y con apoyo limitado del gobierno mexicano.

    El caso ha escalado a la esfera pública y política.

    Los restos de cohetes de SpaceX que caen en el Golfo de México, están causando un impacto negativo que amenaza la vida marina y los ecosistemas.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido oficialmente la contaminación y anunció que se evaluará el impacto ambiental conforme a las leyes internacionales, incluyendo posibles acciones legales contra SpaceX.

    Mientras tanto, la ONG continúa sus esfuerzos, incluso denunciando el seguimiento con drones por parte de la empresa durante las tareas de limpieza.

    Denuncia Verde hace un llamado a exigir transparencia, responsabilidad ambiental y medidas concretas para proteger la biodiversidad y la salud de las zonas afectadas. La exploración espacial no debe ser a costa de la vida en nuestro propio planeta.

  • Derrames invisibles: la opacidad que protege a Pemex y contamina el Golfo de México

    Derrames invisibles: la opacidad que protege a Pemex y contamina el Golfo de México

    Los derrames de petróleo en el Golfo de México han dejado de ser accidentes aislados para convertirse en una constante invisibilizada.

    Una investigación de Mongabay Latam Data Crítica revela que, en los últimos seis años y medio, científicos y comunidades han detectado manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos —el 60 %— no existe ningún registro oficial.

    El subregistro es sistemático, y la falta de acción institucional permite que la contaminación continúe sin consecuencias reales.

    El caso más grave es el derrame de Ek-Balam en 2023. Las autoridades reportaron una cantidad mínima de crudo, pero análisis satelitales indicaron que el volumen pudo ser entre 10 y 200 veces mayor.

    Esta minimización no es una excepción, sino la regla. Carolina Viggiano, legisladora del PRI, afirmó que esta opacidad ha impedido conocer el verdadero impacto ecológico de la actividad petrolera y ha derivado en impunidad y falta de prevención.

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    Los derrames de petróleo en el Golfo de México son invisibles ante las autoridades mexicanas

    Según los datos, de los 86 derrames reconocidos oficialmente desde 2018, solo 48 han dado lugar a procedimientos sancionatorios. Y de estos, únicamente en 21 se impuso una multa, de las cuales solo ocho han sido pagadas.

    La conclusión es clara: las empresas petroleras, especialmente Pemex, operan sin un marco de responsabilidad real.

    Uno de los principales responsables de esta situación es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

    Aunque fue creada para vigilar al sector de hidrocarburos, cada año recibe menos presupuesto y ha fallado sistemáticamente en sus funciones de inspección, monitoreo y sanción.

    Desde 2018, su financiamiento se ha reducido en más de un 60 %, y no ha generado una base de datos pública sobre accidentes ni sobre los castigos impuestos a los responsables.

    Organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) han señalado las fallas de ASEA, calificando su actuación como “reactiva” y sin capacidad de prevenir o remediar los daños.

    Los derrames de petróleo en el Golfo de México, son una constante sin castigos reales, ante indiferencia e impunidad.

    La agencia depende casi exclusivamente de los reportes de las empresas, ignorando las denuncias ciudadanas que, además de ser difíciles de presentar, no se consideran en los conteos oficiales.

    Los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria.

    Mientras tanto, el Senado ha optado por lavarse las manos. La Comisión de Medio Ambiente descartó trabajar en iniciativas que integren fuentes independientes en el monitoreo.

    La senadora del PVEM, Maki Ortiz se deslindó de la responsabilidad, alegando que otras dependencias deben encargarse del tema.

    Sin presión política, sin rendición de cuentas, y con mecanismos ineficaces de denuncia, la realidad en el Golfo de México es preocupante.

    La emergencia climática ha sido incluida en la Ley de Seguridad Nacional, pero los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria. La información permanece clasificada y las comunidades afectadas, desprotegidas.

    En Denuncia Verde creemos que es momento de romper el silencio. Mientras las autoridades protejan más a las empresas que al medio ambiente, los mares seguirán siendo vertederos invisibles. Y cada nuevo derrame no solo destruye el ecosistema, también erosiona la posibilidad de justicia.

  • Tren Interoceánico en Oaxaca: violencia y amenazas contra defensores del territorio

    Tren Interoceánico en Oaxaca: violencia y amenazas contra defensores del territorio

    El Tren Interoceánico, proyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico en el istmo de Tehuantepec, ha desatado un clima de violencia en Oaxaca, el estado más peligroso para defensores de derechos humanos en México.

    La reciente muerte de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal en San Juan Guichicovi, encendió alarmas entre las comunidades indígenas y activistas que se oponen a este megaproyecto.

    Romero fue reportado desaparecido el 17 de enero y cuatro días después su cuerpo fue hallado con una herida de arma de fuego.

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    Su trabajo en defensa del territorio lo había convertido en una figura respetada entre los ejidatarios y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

    Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe y compañera de Romero, denuncia que este asesinato refleja la violencia inédita en la región.

    Ramírez, junto con otras 23 personas defensoras, enfrenta procesos penales iniciados en 2023 por manifestaciones pacíficas contra el tren.

    A pesar de que las obras en su tramo concluyeron en diciembre de ese año, las afectaciones ambientales y las amenazas persisten.

    El Tren Interoceánico ha desatado un clima de violencia en Oaxaca.

    El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto que busca modernizar vías y puertos para convertirse en una plataforma de comercio global.

    La Línea Z, que conecta Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca, ha generado la mayor resistencia por la tala excesiva, contaminación de ríos y afectación de manantiales, vitales para la agricultura y el ganado local.

    Por ejemplo, organizaciones civiles señalan que la consulta a comunidades indígenas no cumplió con los criterios de consentimiento previo, libre e informado del convenio 169 de la OIT.

    Además, los estudios de impacto ambiental fueron incompletos y no contemplaron la biodiversidad ni los riesgos para la población.

    Tren Interoceánico en Oaxaca: violencia y amenazas contra defensores del territorio.
    Organizaciones civiles señalan que la consulta a comunidades indígenas no cumplió con los criterios de consentimiento previo, libre e informado del convenio 169 de la OIT.

    La presencia de empresas y grupos del crimen organizado ha agravado la inseguridad.

    Entre 2018 y 2023, los homicidios con arma de fuego aumentaron un 24 % en los municipios de Santa María Petapa, San Juan Guichicovi y Matías Romero.

    La instalación de maquinaria, la tala de árboles y las amenazas hacia autoridades locales evidencian una estrategia de intimidación hacia quienes defienden el territorio.

    El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero y de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García en noviembre de 2024 pone en evidencia que en Oaxaca no hay garantía de seguridad para defensores.

    Los procesos penales abiertos, las amenazas constantes y la falta de intervención efectiva del Estado confirman que el derecho a la defensa del territorio sigue siendo un riesgo de vida.

    El Tren Interoceánico no solo modifica el paisaje, sino que también amenaza la vida y seguridad de quienes luchan por protegerlo.

    Oaxaca exige justicia y rendición de cuentas ante este patrón de violencia y despojo.

  • Seis años de devastación: la agenda ambiental olvidada del sexenio de López Obrador

    Seis años de devastación: la agenda ambiental olvidada del sexenio de López Obrador

    Durante el 2024, último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quedó claro que la agenda ambiental no solo fue ignorada, sino que también fue deliberadamente desplazada por un modelo de desarrollo basado en megaproyectos, militarización de obras y desprecio a la participación ciudadana.

    El cierre simbólico del sexenio ocurrió en septiembre, con la inauguración del Tren Maya. Mientras el entonces presidente celebraba lo que llamó una “hazaña”, omitía los más de 6 mil 600 hectáreas deforestadas, la fragmentación de la Selva Maya, la perforación de cenotes y la instalación de un hotel dentro de una Reserva de la Biosfera.

    La devastación fue minimizada y las voces críticas —de científicos, activistas y comunidades indígenas— fueron estigmatizadas públicamente.

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    Durante seis años, el gobierno debilitó instituciones clave como Profepa y Conafor hasta llevarlas a niveles de inoperancia.

    Recortes presupuestales, falta de personal y corrupción impidieron que estas dependencias pudieran actuar ante la tala ilegal, los incendios forestales o la pesca furtiva.

    Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ignoró la agenda ambiental.

    Mientras tanto, el crimen organizado ganó terreno en los territorios, controlando el manejo forestal comunitario y agravando la violencia contra defensores del medio ambiente.

    Durante el sexenio de AMLO, asesinaron a 102 defensores ambientales. Aunque en 2024 los homicidios disminuyeron ligeramente, aumentaron otras formas de violencia: criminalización, intimidación y desapariciones.

    A pesar de haber promovido el Acuerdo de Escazú, México no avanzó en su implementación: no hay jueces ambientales especializados ni garantías reales de acceso a la información.

    El caso del programa “Sembrando Vida” es ilustrativo del enfoque errático. Aunque promovido como un proyecto de reforestación, careció de indicadores ambientales serios y, según expertos, no contribuyó a la restauración de ecosistemas.

    Durante el gobierno de López Obrador, quedó claro que la agenda ambiental no solo fue ignorada, sino que también fue desplazada.

    En paralelo, proyectos como la Refinería Dos Bocas o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec recibieron apoyo irrestricto, a costa del medio ambiente y sin consultas válidas a las comunidades afectadas.

    ¿Será diferente con Claudia Sheinbaum?

    La situación de la pesca no fue distinta. Conapesca fue una dependencia fantasma, sin capacidad de vigilancia ni estrategias para enfrentar el cambio climático.

    Entre 2018 y 2023, los decomisos por pesca ilegal se desplomaron. Hoy, al menos 28 pesquerías están sobreexplotadas y no existen planes de manejo para la mayoría.

    El gobierno saliente presumió la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, más de 100 carecen de planes de manejo y muchas no tienen presupuesto ni personal.

    En algunos casos, el gobierno usó la designación de nuevas ANPs como moneda de cambio ante la destrucción que provocaron los mismos megaproyectos.

    Con la llegada de Claudia Sheinbaum y un nuevo equipo técnico con trayectoria ambiental, se abre una ventana de esperanza.

    Pero las señales presupuestales para 2025 son preocupantes. El tiempo dirá si la promesa de restaurar la relación entre gobierno y naturaleza se cumple o si, como en el pasado sexenio, el discurso vuelve a imponerse sobre la realidad.

  • Hopelchén logra histórica victoria ambiental: las abejas ganan batalla contra los agrotóxicos

    Hopelchén logra histórica victoria ambiental: las abejas ganan batalla contra los agrotóxicos

    En Hopelchén, Campeche, una lucha comunitaria logró lo que durante años parecía imposible: que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en la protección de las abejas frente a los agrotóxicos y la deforestación.

    La protagonista de esta historia es la Melipona beecheii, conocida en lengua maya como Xunán Kab (“la señora abeja”), una especie sagrada desde la época prehispánica y fundamental para la vida biocultural de la región.

    Hoy, Hopelchén no solo defiende a sus abejas: defiende el derecho a un medio ambiente sano.

    La importancia de las abejas en Hopelchén

    En Hopelchén, la crianza tradicional de la abeja sin aguijón se realiza en jobones, troncos huecos donde producen miel, cera y propóleo. No es solo una actividad económica: es herencia cultural viva del pueblo maya.

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    Sin embargo, el uso indiscriminado de pesticidas como fipronil, glifosato y neonicotinoides, sumado a la deforestación acelerada, provocó la muerte masiva de abejas y colocó a Hopelchén entre los municipios con mayor pérdida de selva en México.

    Frente a esta crisis, las comunidades mayas decidieron actuar.

    La sentencia que marca un precedente

    Habitantes de Hopelchén promovieron un juicio de amparo denunciando la omisión de autoridades federales y estatales en la protección de las abejas.

    La jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región dio la razón a las comunidades y estableció que el Estado mexicano debe garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, íntimamente ligado a la protección de estos polinizadores.

    La resolución ordena:

    • Prohibir totalmente el uso de fipronil y neonicotinoides.
    • Aplicar plenamente el decreto que restringe el glifosato.
    • Prohibir fumigaciones aéreas.
    • Investigar la deforestación ilegal en Hopelchén.
    • Declarar a las abejas como sujetos de derechos, reconociendo a las comunidades mayas como sus guardianas.

    Además, las autoridades deberán demostrar que sus acciones tienen un impacto real y efectivo en la protección ambiental.

    Desde Denuncia Verde celebramos esta victoria histórica en Hopelchén. Es una prueba de que la organización comunitaria puede transformar la justicia ambiental en un instrumento poderoso.

  • Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing

    Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing

    La petrolera Repsol enfrenta denuncias desde múltiples frentes por prácticas de greenwashing o publicidad engañosa.

    Este tipo de estrategia consiste en presentar productos o servicios como sostenibles o ecológicos, cuando en realidad la información es parcial, sesgada o directamente falsa.

    El objetivo: inducir a los consumidores a adquirir productos que, con información completa, probablemente rechazarían.

    Iberdrola ya presentó una demanda contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa.

    Denuncian destrucción de manglares en Sinaloa para proyecto turístico ilegal

    Repsol, en la mira por “greenwashing”.

    Ahora, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a Ecologistas en Acción y Greenpeace, han sumado nuevas denuncias ante la Dirección General de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

    Según estas organizaciones, la comunicación de Repsol sobre sus biocombustibles está plagada de información engañosa y carece de transparencia.

    Durante 2022 y 2023, las organizaciones denunciantes investigaron el impacto ambiental de Repsol, centrándose en la deforestación en Indonesia y la contribución de la empresa al cambio climático.

    España es el mayor importador europeo de aceite de palma y Repsol, uno de los principales productores de biodiésel con este aceite.

    Los informes periciales revelan que Repsol oculta en su publicidad los daños ambientales y sociales que provoca la producción de aceite de palma, cuya utilización no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los combustibles fósiles.

    La denuncia pone el foco en las afirmaciones de Repsol sobre sus “biocombustibles”, presentados como “sostenibles”, “neutros en carbono” o “renovables”.

    Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing.
    Greenpeace cuestiona la metodología de la empresa para calcular su huella de carbono y señala que solo el 0,8 % de su producción de energía en 2022 fue realmente renovable

    Según Ecologistas en Acción, estas declaraciones inducen a la ciudadanía a confusión, al ser vagas y generalistas, sin diferenciar los impactos reales de cada producto.

    Josep Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma que el biodiésel a base de aceite de palma emite tres veces más gases contaminantes que los combustibles fósiles, debido a la deforestación vinculada a su producción.

    La falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.

    El objetivo de las denuncias es claro: que Repsol rectifique sus declaraciones engañosas y cese cualquier práctica de greenwashing.

    La CECU denuncia que la desinformación de Repsol deja a los consumidores en indefensión, propagando falsas narrativas sobre la lucha climática y los compromisos empresariales.

    Por su parte, Greenpeace cuestiona la metodología de la empresa para calcular su huella de carbono y señala que solo el 0,8 % de su producción de energía en 2022 fue realmente renovable, mientras que el 99% restante provino de petróleo y gas, lo que contradice los objetivos del Acuerdo de París.

    Las organizaciones señalan que el comportamiento de Repsol vulnera la legislación vigente, incluyendo la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal.

    Buscan, además de sanciones, la responsabilidad de los directivos implicados y la rectificación pública de la empresa.

    Como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, la falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.

    Las denuncias recuerdan la necesidad de que las compañías cumplan con el Acuerdo de París y advierten: no hay lugar para promesas falsas ni greenwashing en la lucha contra el cambio climático.

  • Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron

    Calica: La verdad que AMLO niega y los ambientalistas documentaron

    En una reciente conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que durante más de 30 años “no hubo ambientalistas” que denunciaran las actividades de Calica, la empresa extractora de piedra caliza en Quintana Roo.

    Incluso acusó que actuaron con complicidad. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas y desinforman sobre una lucha ambiental que lleva décadas.

    Desde los 80 ya existían denuncias contra Calica

    Desde 1986, organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y activistas independientes dieron la voz de alerta sobre los riesgos ecológicos de la operación de Calica (hoy Sac-Tun). Las protestas no solo fueron locales: llegaron a medios nacionales e incluso al Senado.

    Iván Restrepo, director del Centro de Ecología y Desarrollo, fue testigo y parte activa de esa lucha en los años 90. Acompañó a GEMA cuando obligaron a la empresa a emitir una “declaración de principios” en la que prometía operar con responsabilidad ambiental.

    Protestas contra Calica en Quintana Roo antes del sexenio de AMLO.

    Promesa que, a la vista de los hechos, no se cumplió. En 2016, durante la COP13 en Cancún, activistas como Marciano Toledo Sánchez protestaron visiblemente contra Calica.

    Sostuvieron pancartas advirtiendo sobre la destrucción de los mantos freáticos y el ecocidio que la empresa provocaba.

    Mujeres indígenas alzan la voz por tala ilegal disfrazada de saneamiento en La Malinche

    Ese mismo año, los periodistas Carlos Underwood y Sergio Santiago comenzaron a filmar Erosión, un documental que retrata los impactos ambientales de la empresa.

    Fue publicado en 2018, meses antes del inicio del gobierno de López Obrador. Algunas escenas del documental fueron incluso utilizadas —sin crédito— en la conferencia presidencial del 4 de mayo de 2022.

    Permisos y omisiones

    Los daños de Calica no ocurrieron en la sombra. Desde su inicio, la empresa operó con permisos otorgados por gobiernos anteriores.

    El primero fue en 1986, y en el año 2000, bajo la gestión de Julia Carabias, la Semarnap le concedió autorización por 20 años más, incluso para extraer por debajo del manto freático.

    Carabias reconoció públicamente haber firmado esa autorización, aunque asegura que se trató de un proceso regulado con evaluaciones de impacto ambiental.

    Lo cierto es que las consecuencias fueron devastadoras: hoy, los mapas satelitales muestran enormes cráteres donde antes había ecosistemas.

    AMLO declaró que durante más de 30 años “no hubo ambientalistas” que denunciaran las actividades de Calica, lo cual es falso.

    Activismo constante, no oportunista

    Lejos de ser “ambientalistas de ocasión”, las voces que hoy se oponen al Tren Maya han estado presentes desde antes del actual sexenio.

    Marciano Toledo, por ejemplo, encabezó otra protesta en 2018 frente a las instalaciones de Calica, denunciando un supuesto intento de soborno millonario para cambiar el uso de suelo.

    Organizaciones como La Tierra Nuestra Casa también exigieron entonces que se castigara a los responsables del ecocidio en la Riviera Maya.

    En un giro reciente, el gobierno federal —tras clausurar y sancionar a Calica en varias ocasiones— ahora busca adquirir el terreno devastado para convertirlo en una reserva natural y centro de entretenimiento. Una solución que genera dudas: ¿se trata de restauración ecológica o de lavado de imagen?


    En “Denuncia Verde” lo decimos claro: minimizar la labor ambientalista no solo invisibiliza años de lucha ciudadana, sino que distorsiona la memoria histórica.

  • Aguas negras y gases tóxicos: la contaminación que amenaza Veracruz bajo la operación de Mitsui

    Aguas negras y gases tóxicos: la contaminación que amenaza Veracruz bajo la operación de Mitsui

    En Ixtaczoquitlán, Veracruz, la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Alto Río Blanco, operada por la empresa japonesa Mitsui desde 2004, ha sido clausurada temporalmente por graves daños ambientales y riesgos a la salud pública.

    Vecinos denuncian la emisión constante de ácido sulfhídrico, gases tóxicos y descargas de agua contaminada al río Escamela.

    La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) detectó que la planta vertía hasta 700 litros por segundo de aguas residuales sin los permisos necesarios.

    A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades

    El agua que se descarga es incluso más sucia que la que recibe, con altos niveles de metales pesados y patógenos, lo que pone en riesgo tanto los ecosistemas como a las comunidades cercanas.

    Los impactos para la población local son evidentes. Niños que viven a pocos metros sufren enfermedades respiratorias, dolores de cabeza y náuseas por el fuerte olor y los gases liberados.

    La escuela primaria vecina ha tenido que suspender clases por la contaminación ambiental, y la salud pública está en serio peligro.

    A pesar de las denuncias y las inspecciones realizadas desde 2022, Mitsui ha negado las irregularidades, asegurando haber cumplido con la normativa.

    Sin embargo, el informe técnico independiente y la PMA corroboran que la planta opera con tecnología obsoleta, infraestructuras deterioradas y sin los controles ambientales requeridos.

    La contaminación no sólo afecta la biodiversidad local ni la calidad de vida de los habitantes. También pone en riesgo los cultivos tradicionales, como café y caña, que dependen del agua limpia de los ríos de la región.

    La falta de mantenimiento y supervisión podría ocasionar accidentes industriales, como la trágica muerte de un trabajador en 2021.

    El nuevo director del fideicomiso que administra la planta, Edgar Carmona, advierte que se ha decidido rescindir el contrato con Mitsui, pero el futuro de la operación aún es incierto.

    La comunidad exige respuestas claras y acciones urgentes para restaurar el equilibrio ambiental y garantizar la salud de la población.

    Desde Denuncia Verde seguiremos informando y denunciando para proteger a Veracruz y sus habitantes de daños ecológicos y sociales.

  • Grupo Xcaret amenaza arrecife centenario con su nueva marina turística

    Grupo Xcaret amenaza arrecife centenario con su nueva marina turística

    Grupo Xcaret enfrenta una nueva denuncia por daño ambiental, esta vez por la construcción de una marina que, según organizaciones civiles y ciudadanos de Quintana Roo, pone en grave riesgo un arrecife de más de 200 años de antigüedad.

    El proyecto, denominado Sol de Selva, contempla el desarrollo de una marina para 15 embarcaciones, con un volumen de dragado superior a los 67 mil metros cúbicos.

    Este movimiento masivo de sedimentos podría alterar significativamente las corrientes marinas, lo que provocaría la destrucción parcial o total del arrecife Sábalos y Tortugas, una zona de alto valor ecológico.

    Una nueva denuncia para Grupo Xcaret

    A pesar de que en 2019 la Semarnat otorgó la autorización de impacto ambiental, los efectos negativos del proyecto han motivado una denuncia formal ante la Profepa, interpuesta por cooperativas turísticas, pescadores de Solidaridad y organizaciones ambientalistas.

    El recurso exige la revocación de la autorización por considerar que hubo omisiones graves y que no se contemplaron adecuadamente los riesgos al ecosistema.

    La denuncia también recuerda que la Profepa tiene la obligación legal de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, aplicar medidas de seguridad urgentes y suspender permisos si se detecta daño ecológico.

    La guerra silenciosa contra los Yaquis

    Este no es un hecho aislado. En años recientes, Grupo Xcaret ha sido señalado en múltiples ocasiones por su impacto negativo en el medio ambiente.

    En 2023, la organización Moce Yax Cuxtal denunció que las obras de expansión del parque Xcaret estaban generando impactos severos en los ecosistemas locales.

    Desde Denuncia Verde reiteramos la importancia de visibilizar estos casos y exigimos a las autoridades una evaluación responsable, transparente y basada en la protección de los recursos naturales, no en intereses turísticos o comerciales.