En México, el reciclaje no es una solución ecológica, sino un montaje diseñado para disfrazar la contaminación y favorecer los intereses económicos de las grandes empresas.
Así lo denunciaron activistas, investigadoras y especialistas en el manejo de plásticos durante la presentación del informe “El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México”, convocado por la organización El Poder del Consumidor.
Detrás de campañas publicitarias que promueven el reciclaje en México, como la gran solución a la crisis ambiental, se oculta una red de montaje entre embotelladoras, recicladoras y actores políticos.
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Los intereses detrás del reciclaje en México
El objetivo no es reducir la contaminación, sino perpetuar un modelo que genera ganancias multimillonarias a costa del medio ambiente y la salud pública.
Las especialistas Ana Larrañaga, Kennia Velázquez, Larissa de Orbe y Alejandra Reyes expusieron cómo las grandes empresas han utilizado el reciclaje, para justificar prácticas altamente contaminantes como la termovalorización.
Este proceso, promovido por empresas como Cemex, no solo libera toxinas al aire, sino que incrementa exponencialmente el riesgo de enfermedades como cáncer.
El contubernio entre las grandes corporaciones y el poder político quedó evidenciado con la aprobación de la Ley General de Economía Circular (LGEC) y las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) en 2021.
Los especialistas han señalado estas leyes, que presentó el senador Raúl Bolaños del PVEM y respaldaron legisladores de todos los partidos, por su ambigüedad y por proteger los intereses de los grandes contaminadores.
Incluso senadoras como María Merced González (Morena) y Guadalupe Saldaña (PAN) criticaron públicamente que dichas leyes abren la puerta a prácticas dañinas y debilitan los avances locales en la gestión de residuos.
El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco ha sido neutral. En 2022, la Segunda Sala de la SCJN, encabezada por el ministro Alberto Pérez Dayán, favoreció a una embotelladora que impugnó las restricciones impuestas por el Congreso de Oaxaca.
El fallo debilitó la capacidad de los estados para imponer sus propias políticas ambientales, consolidando el poder de las empresas bajo el amparo de la legislación federal.
Especialistas advierten que es necesario transformar la cadena de producción
Mientras tanto, la realidad ambiental es alarmante: México cuenta con 33 plantas de termovalorización distribuidas en 19 estados.
Nuestro país se ha convertido en un basurero global al recibir más de 70 mil toneladas anuales de residuos plásticos de EE. UU. y China.
En estados como Chiapas, donde la escasez de agua es crítica, las embotelladoras explotan los recursos hídricos sin rendir cuentas ni remediar el daño causado.
Ante este escenario, las especialistas advierten que el reciclaje no basta.
Es necesario transformar la cadena de producción, eliminar el plástico innecesario desde su origen y aplicar con rigor la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Esta medida obliga a las empresas a prevenir, reducir y remediar el daño ambiental que provocan, algo que hoy en México es opcional.
El reciclaje, tal como se presenta hoy en el país, no es una solución: es un negocio sucio con rostro verde.
