La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de un comité de 17 especialistas que analizará la viabilidad de aplicar nuevas tecnologías para la explotación de gas en yacimientos no convencionales bajo criterios de sustentabilidad.

La propuesta ha generado cuestionamientos entre investigadores, organizaciones civiles y comunidades afectadas, quienes sostienen que la discusión avanza sin evidencia científica suficiente que respalde la existencia de un fracking “sostenible” a gran escala.

El secuestro de Miguel Ángel De la Torre Loranca expone la violencia contra defensores ambientales en México

El fracking consiste en perforar el subsuelo e inyectar agua, arena y compuestos químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas y liberar hidrocarburos.

Diversos estudios han asociado esta técnica con contaminación de fuentes de agua, deterioro de la calidad del aire, afectaciones a la salud humana y actividad sísmica inducida.

Las autoridades federales argumentan que los avances tecnológicos permiten reducir parte de estos impactos mediante el reciclaje de agua residual y el uso de sustancias menos tóxicas.

El futuro del fracking vuelve al centro de la política energética nacional.

Sin embargo, especialistas como Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, consideran que estas alternativas siguen en etapas experimentales y enfrentan altos costos de implementación.

Ferrari señala que el reciclaje de agua depende de las condiciones de cada yacimiento y rara vez supera el 50 % del volumen utilizado.

Además, advierte que las empresas suelen priorizar la reducción de costos, lo que limita la adopción de tecnologías más complejas.

En su opinión, la naturaleza misma de la actividad impide hablar de un fracking completamente sustentable.

Manuel Llano, director de CartoCrítica, coincide con ese diagnóstico y destaca que la mayoría de las operaciones de fracking en Estados Unidos continúan utilizando grandes volúmenes de agua dulce.

También recuerda que más de 2 mil 300 estudios recopilados por organizaciones médicas y científicas documentan riesgos para la salud, el clima y los ecosistemas.

La investigadora María del Sol Vázquez de León, de la Universidad de Guadalajara, agrega que la inyección de fluidos en el subsuelo puede generar microsismos y aumentar la preocupación de las poblaciones cercanas.

Mientras el comité científico prepara sus conclusiones, comunidades indígenas y campesinas de regiones como la Huasteca Potosina han expresado su rechazo a la técnica.

Sus representantes temen daños al agua, la biodiversidad y las actividades agrícolas locales.

El debate ocurre además en un contexto de contradicciones políticas. Aunque gobiernos recientes prometieron limitar o prohibir el fracking, registros oficiales muestran que la perforación de pozos mediante fractura hidráulica continuó en distintos estados del país.

Ahora, el futuro de esta técnica vuelve al centro de la política energética nacional, entre promesas de autosuficiencia y advertencias sobre sus costos ambientales, económicos y sociales.

El cargo México debate sobre el fracking mientras los científicos cuestionan su viabilidad y sus impactos apareció primero en Denuncia Verde.

Desde su desaparición, luego de que hombres armados lo interceptaron, familiares, colegas y comunidades no tienen noticias de su paradero y su preocupación crece.

De la Torre ha dedicado su vida al estudio y conservación de la biodiversidad en esta región montañosa.

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La desaparición de Miguel Ángel De la Torre Loranca no es un hecho aislado.

Como herpetólogo, participó en el descubrimiento de especies como la serpiente Geophis lorancai, nombrada en su honor, y el lagarto Abronia zongolica.

Su trabajo también incluyó investigaciones sobre hábitats de reptiles en el sureste del país, fundamentales para su protección.

Más allá de la ciencia, impulsó proyectos educativos y comunitarios. Fue clave en el desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, ampliando oportunidades para jóvenes, y creó junto a su familia “Herping Zongolica”, una iniciativa de ecoturismo y educación ambiental reconocida a nivel estatal.

Hoy, estas actividades están detenidas, afectando también el sustento de su familia.

El caso ha estado marcado por la falta de avances en la investigación. Sus familiares denuncian escaso apoyo institucional, ausencia de resultados y un clima de miedo que impide la movilización social en la región.

A ello se suma la violencia local, evidenciada por el asesinato de un líder indígena días después del secuestro.

La desaparición de De la Torre no es un hecho aislado. En los últimos años, varios científicos y defensores ambientales han sido víctimas de ataques y asesinatos en el país, especialmente en zonas donde la biodiversidad convive con contextos de inseguridad.

Mientras tanto, su familia y la comunidad científica mantienen la exigencia: que las autoridades refuercen su búsqueda y que el caso no quede impune. También hacen un llamado a sus captores para que lo liberen con vida.

El caso refleja una realidad alarmante: en México, proteger la naturaleza puede convertirse en una actividad de alto riesgo.

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La ciencia empieza a confirmar algo más profundo: el calor extremo puede acelerar el envejecimiento biológico.

Es decir, el cambio climático no solo afecta al entorno, también deja huellas medibles en el cuerpo humano.

Greenwashing de Apple: ¿Neutralidad de carbono o engaño corporativo?

Un estudio reciente en Estados Unidos analizó a 3,686 personas mayores de 56 años y comparó sus análisis de sangre con los registros de calor en los barrios donde vivían, desde el día de la muestra hasta seis años atrás.

Los resultados muestran que quienes estuvieron expuestos a más días de calor intenso presentaban una edad biológica mayor que la que correspondería a su edad real.

La edad biológica se estima a partir de marcas químicas en el ADN, conocidas como metilaciones, que funcionan como un reloj interno del organismo.

Cuando este reloj avanza más rápido, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y deterioro físico.

Las olas de calor, como tantos otros impactos ambientales, no se distribuye de forma equitativa.

Para este trabajo se utilizaron tres relojes epigenéticos ya validados en estudios de envejecimiento y mortalidad.

El equipo no se limitó a medir la temperatura del aire. Usó el índice de calor, que combina temperatura y humedad para reflejar el estrés real que sufre el cuerpo.

A partir de ahí, clasificó los días de calor según niveles de alerta y calculó cuántos se acumulaban en distintos periodos, desde una semana hasta seis años.

Los hallazgos son preocupantes. En el corto plazo, una semana completa de calor se asoció con más de un año adicional de envejecimiento biológico.

En el largo plazo, vivir un año con muchos días de calor intenso se relacionó con hasta 2.5 años extra de edad biológica y con un ritmo de deterioro fisiológico alrededor de 5% más rápido.

Aunque el estudio no identificó un grupo biológicamente más sensible, sí confirmó una desigualdad clave: las personas con menos recursos suelen vivir en barrios más calientes, con menos árboles y más asfalto.

El calor, como tantos otros impactos ambientales, no se distribuye de forma equitativa.

El estudio es observacional, pero el mensaje es claro. En un contexto de crisis climática y población envejecida, reducir las islas de calor urbano no es solo una medida ambiental: es una urgencia de salud pública.

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La etiqueta ha sido prohibida por un tribunal de Frankfurt, que la consideró engañosa, exponiendo la débil y cuestionable estrategia de compensación de emisiones de la empresa.

El problema no está solo en la publicidad, sino en los supuestos proyectos de reforestación en Paraguay y Brasil.

Pese a las acusaciones de greenwashing, Apple insiste en su objetivo de neutralidad de carbono para 2030.

Apple asegura que sus emisiones se compensan mediante bosques de compensación, pero investigaciones de Climate Tracker y Consenso, con apoyo del Pulitzer Center, revelan que se trata de plantaciones industriales de eucaliptos, no de bosques naturales.

Estos monocultivos no solo son ecológicamente pobres, sino que generan impactos graves en las comunidades locales.

En San Pedro, Paraguay, los pobladores denuncian exposición a pesticidas peligrosos, afectación de cultivos, escasez de agua y un entorno convertido en lo que los ecologistas llaman “desiertos verdes”.

Además, el carbono supuestamente “compensado” termina liberándose nuevamente cuando el eucalipto se utiliza como leña o carbón, desmoronando cualquier argumento de neutralidad.

Apple insiste en su objetivo de neutralidad de carbono para 2030, pero el fallo alemán evidencia que sus estrategias carecen de transparencia y verificación.

Mientras tanto, las comunidades afectadas pagan el precio real de estas prácticas: salud, agua y tierra degradadas.

El Niño deja corales devastados en Huatulco y enciende alerta ambiental

El caso de Apple es un recordatorio de que las promesas ecológicas de las grandes corporaciones no siempre son lo que parecen.

El greenwashing no solo engaña al consumidor; destruye ecosistemas y vidas lejos de las oficinas y los laboratorios de Silicon Valley.

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Así lo describen los investigadores que documentaron uno de los episodios más severos de deterioro arrecifal en el Pacífico mexicano, con una pérdida superior al 80% de la cobertura coralina tras el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con los resultados de un monitoreo científico realizado en nueve sitios dentro del parque y uno adicional en el exterior, la recuperación de estos arrecifes podría tardar al menos dos décadas, siempre y cuando no se repitan perturbaciones climáticas extremas ni se mantengan presiones humanas adicionales.

Oaxaca: megaproyectos, devastación ambiental y criminalización de comunidades

El aumento anómalo de la temperatura superficial del mar —que alcanzó entre 33 y 34 grados Celsius incluso a más de 20 metros de profundidad— provocó un estrés térmico sin precedentes para los corales.

La bióloga marina Gabriela García Vázquez, coordinadora de conservación de corales de la organización COSTASALVAJE, relata que bucear en 2023 era “como sumergirse en un caldo”.

Bajo esas condiciones, los corales expulsaron a las microalgas con las que viven en simbiosis, perdiendo su color y, en la mayoría de los casos, la vida.

Investigadores documentaron uno de los episodios más severos de deterioro de corales en el Pacífico mexicano tras el fenómeno de El Niño.

El resultado fue devastador: ocho de cada diez colonias murieron en cuestión de meses.

El estudio también documentó cambios profundos en la estructura del ecosistema.

Los esqueletos de coral muerto fueron rápidamente cubiertos por algas, lo que favoreció un aumento notable de especies herbívoras, como los erizos Diadema mexicanum y Eucidaris thouarsii, así como de peces cirujanos.

Aunque esta respuesta sugiere cierta resiliencia de la fauna, no compensa la pérdida del arrecife como estructura viva.

Los impactos fueron más severos en zonas cercanas a áreas urbanas y turísticas, donde la contaminación por aguas residuales, el anclaje de embarcaciones y la alta visitación debilitan aún más a los corales. En contraste, sitios más aislados mostraron una mayor sobrevivencia.

Para Denuncia Verde, este caso evidencia cómo el cambio climático, combinado con un manejo ambiental deficiente, puede colapsar ecosistemas clave en muy poco tiempo.

Sin acciones urgentes de conservación, reducción de impactos humanos y educación ambiental, estás escenas podrían volverse cada vez más frecuentes en los mares de México.

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Durante el foro “Los Pueblos y las Alternativas de Vida Frente a la Ilusión del Desarrollo”, las organizaciones señalaron que estos proyectos provocan deforestación, plagas, contaminación del agua, acaparamiento de tierras y monocultivos de maguey.

También advierten sobre el saqueo de saberes tradicionales y la venta de tierras ejidales y comunales.

Estero de Urías: el tesoro natural de Mazatlán que agoniza bajo la contaminación

Organizaciones civiles denuncian la devastación ambiental provocada en Oaxaca durante los últimos años.

Entre las obras más recientes mencionaron la carretera Barranca Larga-Ventanilla, penales de alta seguridad y la presa Margarita Maza (antes Paso Ancho).

Además, alertaron sobre la amenaza latente de la explotación minera en la región. En estos espacios, las comunidades denuncian que sus determinaciones no son respetadas.

En Oaxaca existen tres proyectos de minería: Altagracia y Arista, de una empresa estadounidense, y San José del Progreso, de la firma peruana JRS Ingeniería.

Los impactos van más allá del medio ambiente; incluyen división social, criminalización de defensores del territorio y violencia, como el asesinato del ingeniero Bernardo Vásquez Sánchez en 2012.

Los pueblos en resistencia también han enfrentado engaño, represión y violencia en casos como la presa Paso de la Reina, La Parota y la muerte de Tomás Martínez Pinacho en 2020, así como de comuneros de Puente Madera.

Las organizaciones criticaron que tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el de Claudia Sheinbaum continúan favoreciendo los intereses de la burguesía, la oligarquía financiera y el imperialismo norteamericano.

Señalan que este modelo profundiza la desigualdad y convierte a los gobiernos en ejecutores de una “guerra sucia” contra quienes defienden el territorio y los recursos naturales.

Para estas comunidades, la llamada transformación promete desarrollo, pero lo que deja es contaminación, violencia y despojo sistemático.

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De acuerdo con la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) recibiría cerca de 52 millones de dólares, el monto más bajo en 21 años.

Esto pone en riesgo directo a las 232 ANP del país, que abarcan más del 11 % del territorio nacional y resguardan algunos de los ecosistemas más valiosos de México.

En promedio, cada hectárea protegida recibiría apenas 10.22 pesos al año: una cifra simbólica que revela el abandono estructural de la conservación.

Laguna de Tres Palos: Muerte masiva de peces y crisis ambiental en Guerrero

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 plantea recortes históricos a las áreas naturales protegidas (ANP).

La contradicción es evidente. Claudia Sheinbaum no sólo es presidenta, también es científica y formó parte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Su perfil hacía pensar en una política ambiental fortalecida. Sin embargo, el presupuesto 2026 apunta en la dirección opuesta.

Mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sufrirá una reducción real del 4 %, Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá un aumento del 7.7 %, reforzando la dependencia del país a los combustibles fósiles.

Las consecuencias de estos recortes no son abstractas. En la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, una de las áreas protegidas más grandes del país, existen apenas 13 guardaparques para vigilar más de dos millones de hectáreas.

Cada uno debe cubrir un territorio equivalente a casi 400 campos de fútbol.

Además, los recursos materiales son mínimos: cinco radios, tres motocicletas y algunos vehículos para proteger un santuario clave de la ballena gris.

En la Reserva de la Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, sólo hay cuatro guardaparques para enfrentar amenazas como la tala ilegal y la presencia del crimen organizado.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), responsable de la inspección y vigilancia ambiental, también tendrá un recorte del 3.3 %.

Esto significa menos capacidad para prevenir delitos ambientales, menos presencia en los territorios y mayor vulnerabilidad para quienes defienden el bosque y la biodiversidad.

Cuidar el ambiente no es un gasto, es una inversión estratégica para la vida, la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana.

A esta crisis se suma una distorsión profunda en los presupuestos destinados al cambio climático.

En el Anexo 16, que debería financiar acciones de adaptación y mitigación, el 93 % de los recursos se canaliza a programas que no tienen una contribución clara en la lucha contra la crisis climática.

El Ejército es el principal beneficiado, concentrando más del 41 % de estos fondos, mientras que Semarnat apenas recibe el 3.7 %.

Programas realmente clave, como la conservación de bosques, la gestión del agua o la protección de ANP, quedan relegados a una fracción mínima del presupuesto.

Algo similar ocurre en el Anexo 15, sobre transición energética: el 68 % de los recursos se destina a infraestructura ferroviaria y proyectos petroquímicos, mientras que los proyectos de energías renovables de Semarnat obtienen sólo el 2 %.

Este diseño presupuestal refuerza un modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles, en lugar de impulsar una transición energética justa y limpia.

Las organizaciones ambientales advierten que México debería destinar al menos 2 mil 800 millones de dólares a programas de adaptación y mitigación climática.

Lo que hoy se propone es muy inferior a esa cifra y deja en el abandono a sectores cruciales como la investigación pesquera, la gestión sustentable de recursos naturales y la protección de comunidades vulnerables.

En Denuncia Verde sostenemos que recortar el presupuesto ambiental no es una política de austeridad: es una política de riesgo.

Sin inversión suficiente, las áreas naturales protegidas se convierten en simples líneas en el mapa y el combate al cambio climático en un discurso vacío.

Cuidar el ambiente no es un gasto, es una inversión estratégica para la vida, la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana. La urgencia es ahora.

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Este ecosistema, hogar de más de 73 especies de aves acuáticas y múltiples peces, moluscos, reptiles y anfibios, se ha convertido en un vertedero de residuos urbanos y microplásticos.

Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colocan sus niveles de contaminación por microplásticos entre los más altos del mundo.

La situación se agrava por la falta de drenaje y alcantarillado en comunidades cercanas, como la Isla de la Piedra, donde cientos de viviendas descargan aguas residuales directamente a los manglares.

Además, el estero recibe las descargas de cuatro de las cinco plantas de tratamiento de Mazatlán, que no eliminan completamente los contaminantes.

Plásticos, llantas, refrigeradores y residuos domésticos se acumulan en sus 873 hectáreas de manglar rojo, negro y blanco.

Laguna de Tres Palos: Muerte masiva de peces y crisis ambiental en Guerrero

Expertos aseguran que la recuperación del Estero de Urías aún es posible.

En 2011, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció un ambicioso proyecto de saneamiento del sistema estuarino Urías, con 110 acciones divididas en cinco retos y una inversión estimada de 300 millones de pesos.

La iniciativa prometía recuperar el estero y mejorar la calidad del agua, pero nunca se implementó.

Solicitudes de información a las autoridades locales y federales no arrojaron resultados: el proyecto quedó en papel.

El impacto de esta contaminación es tangible. Investigaciones revelan microplásticos en el estómago de peces que consumen los pescadores ribereños y en los sedimentos del estero, con fibras sintéticas de ropa y restos de polietileno como los más frecuentes.

Esto afecta la salud de la fauna y representa un riesgo latente para la población que consume estos recursos.

El abandono institucional ha fomentado la percepción de que el estero es un lugar sucio y sin valor.

Sin embargo, acciones comunitarias intentan revertir este daño. Organizaciones como Viva la Ola y Maz ConCiencia realizan limpiezas masivas y colocan barreras flotantes para contener la basura.

También se promueven programas educativos y de reforestación de manglares con estudiantes locales.

Expertos aseguran que la recuperación del Estero de Urías aún es posible.

La clave está en detener las descargas contaminantes y mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos.

Mientras tanto, la comunidad académica, pescadores y organizaciones continúan la lucha, esperando que las autoridades asuman su responsabilidad.

Si no se actúa, este humedal podría perderse de manera irreversible. Pero con coordinación, conciencia y políticas públicas efectivas, el Estero de Urías aún puede volver a ser un refugio de vida y biodiversidad en Mazatlán.

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En las últimas semanas, más de 12 especies de peces —incluyendo robalo, pargo, lisa, camarón y tilapia— han muerto de manera masiva, devastando los medios de vida de alrededor de 7.500 familias directamente afectadas y otras 15.000 de manera indirecta.

Los pescadores del poblado Plan de los Amates denuncian que la mortandad se debe a altos niveles de contaminación y descargas residuales, situación que afecta tanto a la pesca tradicional como a la acuicultura.

Revelación de género amenaza ecosistema de Los Arcos de Mismaloya, en Puerto Vallarta

La Laguna de Tres Palos no solo es un ecosistema vulnerable; es también el sustento de miles de familias

Óscar de Jesús Fernández, con 30 años de experiencia, reporta pérdidas cercanas a 1,5 millones de pesos en los últimos tres años.

Otro pescador, Gustavo Cruz Nava, relató que el pescado presentaba olor a combustible, obligándolos a dejar de comercializarlo y buscar trabajos alternativos.

Las autoridades han atribuido el desastre a la elevada temperatura del agua, que alcanzó los 34 °C, reduciendo los niveles de oxígeno disuelto.

Sin embargo, estudios previos documentan problemas de eutrofización, pérdida de manglares, presencia de metales pesados y contaminación fecal, física y química desde al menos 2008.

Los pescadores señalan la urbanización desordenada y descargas sin tratamiento como principales responsables de la degradación de la laguna.

Los habitantes exigen la intervención urgente de biólogos, ecólogos y autoridades para evaluar y restaurar la laguna, proteger manglares, regular desarrollos urbanos y mejorar el tratamiento de aguas residuales.

La Laguna de Tres Palos no solo es un ecosistema vulnerable; es también el sustento de miles de familias cuya voz exige atención y acción inmediata.

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