Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó con urgencia al gobierno mexicano para proteger a las comunidades afectadas por la contaminación del río Santiago, en Jalisco.

Sin embargo, la situación no ha mejorado: la contaminación persiste y con ella, las enfermedades y daños al entorno.

Primero murieron los peces, luego se perdieron los árboles frutales, y ahora, los habitantes sufren graves enfermedades: cáncer, problemas renales, respiratorios y cutáneos afectan a niños, mujeres embarazadas y adultos.

La cascada de Juanacatlán, otrora un atractivo natural conocido como el “Niagara mexicano”, hoy muestra un paisaje triste de aguas turbias y espuma contaminada que se dispersa con el viento.

La contaminación es resultado del vertido de metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio y plomo, así como compuestos químicos peligrosos que superan por mucho los límites permitidos por la ley.

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La contaminación del río Santiago ha ido en aumento desde hace décadas.

Sin embargo, las normas ambientales vigentes apenas regulan una pequeña parte de estos contaminantes y las inspecciones a las industrias responsables son escasas.

El principal obstáculo para solucionar esta crisis no es la falta de información, sino la prioridad que se le da al capital económico sobre la salud y el ambiente.

El corredor industrial que rodea al río Santiago es clave para la economía regional y nacional, y esto ha hecho que las autoridades permitan la contaminación para no afectar inversiones y empleo.

Los programas gubernamentales se han centrado en construir plantas de tratamiento y monitorear la contaminación, pero destinan un porcentaje muy pequeño de recursos para atender a las personas afectadas por enfermedades relacionadas con el río.

En Jalisco, apenas un 1.8% de la población vulnerable ha recibido atención médica adecuada, y a este ritmo se necesitarían más de un siglo para cubrir a todos.

La falta de coordinación entre autoridades federales y estatales, la reducción de presupuesto para la protección ambiental y las disputas políticas han paralizado cualquier avance real.

Sin acciones integrales, el daño será irreversible

Las agencias encargadas de la vigilancia ambiental han visto recortes presupuestales de hasta 60% en los últimos años, limitando su capacidad para inspeccionar y sancionar a quienes contaminan.

La gravedad de la situación convierte al río Santiago en una “zona de sacrificio” donde la contaminación tóxica se tolera para mantener la actividad industrial, sin importar el costo para la vida de millones de personas y el equilibrio del ecosistema.

Para revertir esta tragedia es urgente que el gobierno implemente acciones integrales que incluyan prevención, control estricto de descargas contaminantes, atención médica para los afectados y coordinación interinstitucional real.

La salud ambiental debe estar por encima de los intereses económicos y políticos.

Desde Denuncia Verde seguiremos denunciando esta crisis y exigiendo que el río Santiago recupere su vida y sus comunidades recuperen su salud. La naturaleza no puede seguir pagando el precio del beneficio económico a corto plazo.