En los últimos tres años, al menos 28 empresas privadas y una pública han sido señaladas por cometer delitos ambientales en México.

Así lo revela la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en un informe entregado tras una solicitud de transparencia, en el que se documentan 37 casos ocurridos entre 2018 y 2021, afectando a comunidades indígenas, áreas naturales protegidas y zonas rurales de 17 estados del país.

Las cifras son alarmantes, pero lo más preocupante es la continuidad del modelo extractivo y turístico que beneficia a unos pocos a costa del territorio y el bienestar colectivo.

Entre las empresas involucradas figuran nombres conocidos: Granjas Carroll, Volkswagen, Audi, el Banco Actinver y la Minera San Xavier.

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Los delitos van desde el cambio ilegal de uso de suelo en zonas forestales, hasta derrames de residuos peligrosos y actividades industriales sin permisos ambientales.

La industria minera encabeza la lista con 10 casos, seguida por el turismo de lujo y los desarrollos inmobiliarios que amenazan ecosistemas costeros.

La minería, líder en delitos ambientales

De acuerdo con el reporte, la minería es el sector más recurrente de empresas en la comisión de delitos ambientales.

Empresas como Minera Autlán, Minera El Espíritu, Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada y la Minera San Xavier han causado daños por la explotación de recursos minerales, lo que ha derivado en la destrucción de cauces, la tala de bosques y la contaminación de cuerpos de agua.

En Lolotla, Hidalgo, la explotación de manganeso por parte de Minera Autlán ha dejado secuelas ecológicas graves.

En San Luis Potosí, numerosos sectores han criticado ampliamente a la Minera San Xavier por desaparecer el Cerro de San Pedro, símbolo histórico del estado, ahora convertido en un paisaje devastado por la actividad minera.

Otro estado es Quintana Roo, donde la industria turística ha florecido sin regulación ambiental adecuada, se han documentado múltiples violaciones.

Empresas como Villas Solaris y Terrenos y Construcciones del Puerto, responsables de desarrollos hoteleros de lujo en Cancún y Puerto Morelos, han impactado gravemente ecosistemas costeros y manglares.

La expansión inmobiliaria en zonas naturales también se ha extendido a Colima, donde compañías como Pinfra han impulsado desarrollos que afectan la biodiversidad marina.

A esto se suman las actividades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señalada por derrames de residuos peligrosos en el ecosistema lagunar de Manzanillo.

Comunidades indígenas, las más afectadas

Los delitos ambientales no sólo destruyen ecosistemas: también vulneran derechos humanos. En Yucatán, la comunidad maya de Kinchil ha enfrentado la contaminación de sus aguas por la empresa Grupo Porcícola Mexicano.

En Sinaloa y Estado de México, pueblos indígenas han denunciado la invasión de sus territorios y la pérdida de recursos naturales esenciales para su vida cotidiana.

A pesar de que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente permite a cualquier ciudadano denunciar penalmente estos delitos, la respuesta institucional sigue siendo limitada.

De los 37 casos, muchos permanecen impunes o apenas sancionados económicamente, lo que no detiene el ciclo de explotación y destrucción.

Como advierten especialistas como Carlos Héctor Ávila Bello y Jorge Villarreal, detrás de estos delitos ambientales hay un problema estructural: un modelo de desarrollo impuesto, que privilegia el capital sobre la vida.

Frente al colapso climático y la desigualdad social, urge repensar las formas de relacionarnos con la naturaleza y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Desde Denuncia Verde seguiremos visibilizando estos casos. La impunidad ambiental no debe ser la norma. Las empresas deben responder por sus actos, y las autoridades deben dejar de ser cómplices silenciosos.