El Tren Interoceánico, proyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico en el istmo de Tehuantepec, ha desatado un clima de violencia en Oaxaca, el estado más peligroso para defensores de derechos humanos en México.
La reciente muerte de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal en San Juan Guichicovi, encendió alarmas entre las comunidades indígenas y activistas que se oponen a este megaproyecto.
Romero fue reportado desaparecido el 17 de enero y cuatro días después su cuerpo fue hallado con una herida de arma de fuego.
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Su trabajo en defensa del territorio lo había convertido en una figura respetada entre los ejidatarios y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe y compañera de Romero, denuncia que este asesinato refleja la violencia inédita en la región.
Ramírez, junto con otras 23 personas defensoras, enfrenta procesos penales iniciados en 2023 por manifestaciones pacíficas contra el tren.
A pesar de que las obras en su tramo concluyeron en diciembre de ese año, las afectaciones ambientales y las amenazas persisten.
El Tren Interoceánico ha desatado un clima de violencia en Oaxaca.
El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto que busca modernizar vías y puertos para convertirse en una plataforma de comercio global.
La Línea Z, que conecta Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca, ha generado la mayor resistencia por la tala excesiva, contaminación de ríos y afectación de manantiales, vitales para la agricultura y el ganado local.
Por ejemplo, organizaciones civiles señalan que la consulta a comunidades indígenas no cumplió con los criterios de consentimiento previo, libre e informado del convenio 169 de la OIT.
Además, los estudios de impacto ambiental fueron incompletos y no contemplaron la biodiversidad ni los riesgos para la población.
La presencia de empresas y grupos del crimen organizado ha agravado la inseguridad.
Entre 2018 y 2023, los homicidios con arma de fuego aumentaron un 24 % en los municipios de Santa María Petapa, San Juan Guichicovi y Matías Romero.
La instalación de maquinaria, la tala de árboles y las amenazas hacia autoridades locales evidencian una estrategia de intimidación hacia quienes defienden el territorio.
El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero y de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García en noviembre de 2024 pone en evidencia que en Oaxaca no hay garantía de seguridad para defensores.
Los procesos penales abiertos, las amenazas constantes y la falta de intervención efectiva del Estado confirman que el derecho a la defensa del territorio sigue siendo un riesgo de vida.
El Tren Interoceánico no solo modifica el paisaje, sino que también amenaza la vida y seguridad de quienes luchan por protegerlo.
Oaxaca exige justicia y rendición de cuentas ante este patrón de violencia y despojo.