Pobladores de San Rafael Ixtapalucan llevan más de una década denunciando esta devastación. Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) insiste en que no hay delito que perseguir.

En mayo pasado, se confirmó con imágenes satelitales cómo grandes extensiones del cerro en Santa Rita Tlahuapan fueron taladas sin control.

La tala clandestina continua en el bosque Izta-Popo

Los habitantes están alarmados: árboles de más de 40 metros de altura han sido derribados, y sólo queda un árbol “torcido y pequeño” porque no les sirvió a los talamontes.

Lo más indignante es que los taladores no cortan los pinos que las autoridades “marcan”, pues suelen seleccionar sólo los árboles útiles para ellos.

Los pobladores aseguran que esto es un contubernio, donde los árboles señalados no son los grandes ni derechos, sino los que no interesan.

En 2017, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Profepa y Nestlé firmaron un convenio millonario para conservar y restaurar mil 665 hectáreas en Izta-Popo.

Se esperaba que este proyecto beneficiara a las comunidades locales con reforestación, vigilancia y combate a incendios.

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Pero la realidad es otra: la tala clandestina sigue, y las denuncias quedan en el olvido. Mientras tanto, el mercado ilegal de madera mueve entre 10,000 y 15,000 millones de dólares al año a nivel mundial, generando ganancias millonarias para los talamontes.

La ley contempla penas de hasta 9 años de prisión y multas, pero no es suficiente para frenar la pérdida de cinco mil hectáreas anuales de bosque, lo que podría destruir Izta-Popo en 20 años o menos.

En Denuncia Verde exigimos justicia ambiental y que las autoridades actúen con responsabilidad para proteger este ecosistema vital antes de que sea demasiado tarde.

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