Comunidades indígenas yoreme-mayo, pescadores y organizaciones ambientales endurecieron las protestas y advirtieron que impedirán el inicio de operaciones del complejo industrial, al considerar que representa una amenaza para la Bahía de Ohuira, un humedal protegido por la Convención Ramsar.

Incluso en Alemania se manifiestan contra la planta de amoniaco en Sinaloa.

El traslado de enormes estructuras metálicas hacia la obra detonó una movilización que se extendió de Topolobampo a Los Mochis, Culiacán, Mazatlán e incluso a Alemania, donde activistas cuestionaron el financiamiento del banco KfW IPEX-Bank.

Para los opositores, la magnitud de la infraestructura confirmó los temores que durante más de una década denunciaron sin recibir una respuesta definitiva de las autoridades.

Aunque la Semarnat encabezó una reunión con dependencias federales y estatales para abrir mesas de diálogo, las comunidades consideran insuficientes los compromisos oficiales.

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Los manifestantes solicitaron suspender el proyecto mientras se revisan las presuntas irregularidades, pero el Gobierno rechazó detener las obras, una decisión que alimentó las críticas sobre la prioridad otorgada a la inversión privada frente a las demandas indígenas.

Especialistas del Instituto Politécnico Nacional alertan que la extracción masiva de agua marina, el retorno de agua con mayor temperatura y salinidad, así como el riesgo de accidentes industriales, podrían alterar de forma irreversible el equilibrio ecológico de la Bahía de Ohuira.

También advierten posibles afectaciones a especies protegidas, a la pesca y a miles de familias que dependen del ecosistema.

Las comunidades yoreme-mayo aseguran que no permitirán la operación del complejo.

Mientras GPO sostiene que el proyecto cumple con la legislación ambiental y que incorpora sistemas de seguridad suficientes, la empresa tampoco ha logrado disipar las dudas sobre el proceso de consulta indígena ni responder a los señalamientos de expertos y relatores de la ONU que denunciaron posibles violaciones a derechos humanos.

Con un bloqueo permanente en los accesos a la planta, las comunidades yoreme-mayo aseguran que no permitirán la operación del complejo.

El conflicto exhibe un debate de fondo: el desarrollo industrial impulsado por el Estado continúa avanzando sin resolver plenamente las exigencias de transparencia, consulta efectiva y protección ambiental.

En Topolobampo, la disputa ya dejó de centrarse únicamente en una planta de amoniaco; hoy también pone a prueba la capacidad del Gobierno para conciliar crecimiento económico con el respeto a los pueblos originarios y la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del noroeste del país.

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