Comunidades indígenas yoreme-mayo, pescadores y organizaciones ambientales endurecieron las protestas y advirtieron que impedirán el inicio de operaciones del complejo industrial, al considerar que representa una amenaza para la Bahía de Ohuira, un humedal protegido por la Convención Ramsar.

Incluso en Alemania se manifiestan contra la planta de amoniaco en Sinaloa.

El traslado de enormes estructuras metálicas hacia la obra detonó una movilización que se extendió de Topolobampo a Los Mochis, Culiacán, Mazatlán e incluso a Alemania, donde activistas cuestionaron el financiamiento del banco KfW IPEX-Bank.

Para los opositores, la magnitud de la infraestructura confirmó los temores que durante más de una década denunciaron sin recibir una respuesta definitiva de las autoridades.

Aunque la Semarnat encabezó una reunión con dependencias federales y estatales para abrir mesas de diálogo, las comunidades consideran insuficientes los compromisos oficiales.

Denuncian perforación ilegal de pozo en Jilotzingo

Los manifestantes solicitaron suspender el proyecto mientras se revisan las presuntas irregularidades, pero el Gobierno rechazó detener las obras, una decisión que alimentó las críticas sobre la prioridad otorgada a la inversión privada frente a las demandas indígenas.

Especialistas del Instituto Politécnico Nacional alertan que la extracción masiva de agua marina, el retorno de agua con mayor temperatura y salinidad, así como el riesgo de accidentes industriales, podrían alterar de forma irreversible el equilibrio ecológico de la Bahía de Ohuira.

También advierten posibles afectaciones a especies protegidas, a la pesca y a miles de familias que dependen del ecosistema.

Las comunidades yoreme-mayo aseguran que no permitirán la operación del complejo.

Mientras GPO sostiene que el proyecto cumple con la legislación ambiental y que incorpora sistemas de seguridad suficientes, la empresa tampoco ha logrado disipar las dudas sobre el proceso de consulta indígena ni responder a los señalamientos de expertos y relatores de la ONU que denunciaron posibles violaciones a derechos humanos.

Con un bloqueo permanente en los accesos a la planta, las comunidades yoreme-mayo aseguran que no permitirán la operación del complejo.

El conflicto exhibe un debate de fondo: el desarrollo industrial impulsado por el Estado continúa avanzando sin resolver plenamente las exigencias de transparencia, consulta efectiva y protección ambiental.

En Topolobampo, la disputa ya dejó de centrarse únicamente en una planta de amoniaco; hoy también pone a prueba la capacidad del Gobierno para conciliar crecimiento económico con el respeto a los pueblos originarios y la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del noroeste del país.

El cargo Comunidades yoreme desafían planta de amoniaco en Sinaloa apareció primero en Denuncia Verde.

Desde su desaparición, luego de que hombres armados lo interceptaron, familiares, colegas y comunidades no tienen noticias de su paradero y su preocupación crece.

De la Torre ha dedicado su vida al estudio y conservación de la biodiversidad en esta región montañosa.

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La desaparición de Miguel Ángel De la Torre Loranca no es un hecho aislado.

Como herpetólogo, participó en el descubrimiento de especies como la serpiente Geophis lorancai, nombrada en su honor, y el lagarto Abronia zongolica.

Su trabajo también incluyó investigaciones sobre hábitats de reptiles en el sureste del país, fundamentales para su protección.

Más allá de la ciencia, impulsó proyectos educativos y comunitarios. Fue clave en el desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, ampliando oportunidades para jóvenes, y creó junto a su familia “Herping Zongolica”, una iniciativa de ecoturismo y educación ambiental reconocida a nivel estatal.

Hoy, estas actividades están detenidas, afectando también el sustento de su familia.

El caso ha estado marcado por la falta de avances en la investigación. Sus familiares denuncian escaso apoyo institucional, ausencia de resultados y un clima de miedo que impide la movilización social en la región.

A ello se suma la violencia local, evidenciada por el asesinato de un líder indígena días después del secuestro.

La desaparición de De la Torre no es un hecho aislado. En los últimos años, varios científicos y defensores ambientales han sido víctimas de ataques y asesinatos en el país, especialmente en zonas donde la biodiversidad convive con contextos de inseguridad.

Mientras tanto, su familia y la comunidad científica mantienen la exigencia: que las autoridades refuercen su búsqueda y que el caso no quede impune. También hacen un llamado a sus captores para que lo liberen con vida.

El caso refleja una realidad alarmante: en México, proteger la naturaleza puede convertirse en una actividad de alto riesgo.

El cargo El secuestro de Miguel Ángel De la Torre Loranca expone la violencia contra defensores ambientales en México apareció primero en Denuncia Verde.

Durante el foro “Los Pueblos y las Alternativas de Vida Frente a la Ilusión del Desarrollo”, las organizaciones señalaron que estos proyectos provocan deforestación, plagas, contaminación del agua, acaparamiento de tierras y monocultivos de maguey.

También advierten sobre el saqueo de saberes tradicionales y la venta de tierras ejidales y comunales.

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Organizaciones civiles denuncian la devastación ambiental provocada en Oaxaca durante los últimos años.

Entre las obras más recientes mencionaron la carretera Barranca Larga-Ventanilla, penales de alta seguridad y la presa Margarita Maza (antes Paso Ancho).

Además, alertaron sobre la amenaza latente de la explotación minera en la región. En estos espacios, las comunidades denuncian que sus determinaciones no son respetadas.

En Oaxaca existen tres proyectos de minería: Altagracia y Arista, de una empresa estadounidense, y San José del Progreso, de la firma peruana JRS Ingeniería.

Los impactos van más allá del medio ambiente; incluyen división social, criminalización de defensores del territorio y violencia, como el asesinato del ingeniero Bernardo Vásquez Sánchez en 2012.

Los pueblos en resistencia también han enfrentado engaño, represión y violencia en casos como la presa Paso de la Reina, La Parota y la muerte de Tomás Martínez Pinacho en 2020, así como de comuneros de Puente Madera.

Las organizaciones criticaron que tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el de Claudia Sheinbaum continúan favoreciendo los intereses de la burguesía, la oligarquía financiera y el imperialismo norteamericano.

Señalan que este modelo profundiza la desigualdad y convierte a los gobiernos en ejecutores de una “guerra sucia” contra quienes defienden el territorio y los recursos naturales.

Para estas comunidades, la llamada transformación promete desarrollo, pero lo que deja es contaminación, violencia y despojo sistemático.

El cargo Oaxaca: megaproyectos, devastación ambiental y criminalización de comunidades apareció primero en Denuncia Verde.

Vecinos de cinco comunidades —Espíritu Santo, San Miguel Tecpan, San Luis Ayucan, Santa María Mazatla y Santa Ana Jilotzingo— se manifestaron frente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), exigiendo la suspensión inmediata del proyecto y una auditoría ambiental urgente.

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Habitantes de Jilotzingo alzan la voz ante la perforación de un pozo que no cuenta con permisos ambientales

El ambientalista Max Correa Hernández advirtió que la perforación del pozo puede generar un daño ecológico que trasciende a Jilotzingo.

El bosque de oyamel y pino en la zona es crucial para la recarga hídrica que alimenta la Presa Madín, de la cual dependen municipios como Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

La investigadora Xiomara Trujillo Gutiérrez documentó el paso de 158 camiones de carga y 15 pipas de agua el pasado 10 de julio.

Este flujo constante de vehículos pesados, afirma, revela un patrón sistemático de extracción y tráfico de recursos naturales, presuntamente facilitado por el propio gobierno municipal.

Correa denunció también la liberación de al menos 14 permisos de construcción entre 2024 y 2025, lo que está fragmentando el ecosistema y dando paso a desarrollos inmobiliarios en zonas boscosas.

Además, las fábricas instaladas en áreas forestales han provocado severos problemas de desabasto de agua, especialmente en la comunidad de Espíritu Santo, donde las autoridades racionan el suministro y lo entregan solo una vez por semana.

¿Abuso de poder y desvío de recursos?

Se exige a las autoridades transparentar qué instancia de gobierno facilitó la maquinaria para la perforación.

De confirmarse que fue proporcionada por alguna dependencia pública, podría tratarse de un caso de abuso de poder y desvío de recursos públicos, advierten los denunciantes.

Aunque oficialmente el pozo se justificaría como solución para abastecer de agua a Espíritu Santo, los vecinos aseguran que forma parte de un plan más amplio para beneficiar a proyectos inmobiliarios privados.

Semarnat recibió a los manifestantes en una mesa de diálogo. Sin embargo, los trabajos de perforación iniciados desde el 4 de junio siguen su curso, mientras el bosque y el equilibrio hídrico del Valle de México continúan amenazados.

En Denuncia Verde seguiremos informando. Porque el silencio también contamina.

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La empresa Housesin Desarrollos devasta esta franja costera, vital como barrera natural contra huracanes y hábitat de especies protegidas, en favor del desarrollo inmobiliario llamado “Manglares”.

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De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del macroproyecto “Nuevo Altata” —aprobada en 2002 y renovada en 2025— el mangle (Conocarpus erectus) debía conservarse in situ, y estaba prohibido cualquier tipo de relleno o construcción en zonas de humedal.

No obstante, Housesin ha intervenido el terreno sin acreditar cesión parcial de dicha MIA, sin licencia de construcción municipal, ni autorización de Protección Civil.

La destrucción de los manglares en Sinaloa, implica una pérdida irreversible para la región.

Durante una inspección en el sitio, se documentaron canales artificiales, montículos de relleno, remoción de vegetación nativa y maquinaria operando en zonas cercanas al canal de mangle.

Fotografías aéreas muestran una transformación visible del ecosistema: al menos una hectárea ha sido alterada con vialidades internas y la plantación de palmeras.

Estas acciones afectan directamente un ecosistema considerado “intocable” bajo la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre.

Especialistas advierten que este tipo de obras, al realizarse sin evaluaciones específicas, comprometen la biodiversidad y estabilidad ecológica de Isla Cortés.

El mangle no solo protege contra fenómenos naturales, también es refugio y criadero de especies marinas clave.

La destrucción de estos hábitats implica una pérdida irreversible para la región.

Pese a las irregularidades, Housesin ya promueve el desarrollo a través de redes sociales y anuncios en sitio, lo cual evidencia una estrategia de “hechos consumados” que ignora el marco legal y ecológico.

Al momento, la empresa no ha acreditado la propiedad del predio ni ha iniciado trámites oficiales ante el municipio de Navolato.

Ante la gravedad del caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección, aunque aún no se conocen acciones concretas.

Denuncia Verde exige transparencia, aplicación de sanciones y detención inmediata del proyecto. La impunidad ambiental no puede seguir siendo la norma en México.

El cargo Denuncian destrucción de manglares en Sinaloa para proyecto turístico ilegal apareció primero en Denuncia Verde.

Una investigación de Mongabay Latam y Data Crítica revela que, en los últimos seis años y medio, científicos y comunidades han detectado manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos —el 60 %— no existe ningún registro oficial.

El subregistro es sistemático, y la falta de acción institucional permite que la contaminación continúe sin consecuencias reales.

El caso más grave es el derrame de Ek-Balam en 2023. Las autoridades reportaron una cantidad mínima de crudo, pero análisis satelitales indicaron que el volumen pudo ser entre 10 y 200 veces mayor.

Esta minimización no es una excepción, sino la regla. Carolina Viggiano, legisladora del PRI, afirmó que esta opacidad ha impedido conocer el verdadero impacto ecológico de la actividad petrolera y ha derivado en impunidad y falta de prevención.

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Los derrames de petróleo en el Golfo de México son invisibles ante las autoridades mexicanas

Según los datos, de los 86 derrames reconocidos oficialmente desde 2018, solo 48 han dado lugar a procedimientos sancionatorios. Y de estos, únicamente en 21 se impuso una multa, de las cuales solo ocho han sido pagadas.

La conclusión es clara: las empresas petroleras, especialmente Pemex, operan sin un marco de responsabilidad real.

Uno de los principales responsables de esta situación es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Aunque fue creada para vigilar al sector de hidrocarburos, cada año recibe menos presupuesto y ha fallado sistemáticamente en sus funciones de inspección, monitoreo y sanción.

Desde 2018, su financiamiento se ha reducido en más de un 60 %, y no ha generado una base de datos pública sobre accidentes ni sobre los castigos impuestos a los responsables.

Organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) han señalado las fallas de ASEA, calificando su actuación como “reactiva” y sin capacidad de prevenir o remediar los daños.

La agencia depende casi exclusivamente de los reportes de las empresas, ignorando las denuncias ciudadanas que, además de ser difíciles de presentar, no se consideran en los conteos oficiales.

Los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria.

Mientras tanto, el Senado ha optado por lavarse las manos. La Comisión de Medio Ambiente descartó trabajar en iniciativas que integren fuentes independientes en el monitoreo.

La senadora del PVEM, Maki Ortiz se deslindó de la responsabilidad, alegando que otras dependencias deben encargarse del tema.

Sin presión política, sin rendición de cuentas, y con mecanismos ineficaces de denuncia, la realidad en el Golfo de México es preocupante.

La emergencia climática ha sido incluida en la Ley de Seguridad Nacional, pero los derrames de hidrocarburos siguen sin atención prioritaria. La información permanece clasificada y las comunidades afectadas, desprotegidas.

En Denuncia Verde creemos que es momento de romper el silencio. Mientras las autoridades protejan más a las empresas que al medio ambiente, los mares seguirán siendo vertederos invisibles. Y cada nuevo derrame no solo destruye el ecosistema, también erosiona la posibilidad de justicia.

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La reciente muerte de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal en San Juan Guichicovi, encendió alarmas entre las comunidades indígenas y activistas que se oponen a este megaproyecto.

Romero fue reportado desaparecido el 17 de enero y cuatro días después su cuerpo fue hallado con una herida de arma de fuego.

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Su trabajo en defensa del territorio lo había convertido en una figura respetada entre los ejidatarios y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe y compañera de Romero, denuncia que este asesinato refleja la violencia inédita en la región.

Ramírez, junto con otras 23 personas defensoras, enfrenta procesos penales iniciados en 2023 por manifestaciones pacíficas contra el tren.

A pesar de que las obras en su tramo concluyeron en diciembre de ese año, las afectaciones ambientales y las amenazas persisten.

El Tren Interoceánico ha desatado un clima de violencia en Oaxaca.

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto que busca modernizar vías y puertos para convertirse en una plataforma de comercio global.

La Línea Z, que conecta Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca, ha generado la mayor resistencia por la tala excesiva, contaminación de ríos y afectación de manantiales, vitales para la agricultura y el ganado local.

Por ejemplo, organizaciones civiles señalan que la consulta a comunidades indígenas no cumplió con los criterios de consentimiento previo, libre e informado del convenio 169 de la OIT.

Además, los estudios de impacto ambiental fueron incompletos y no contemplaron la biodiversidad ni los riesgos para la población.

La presencia de empresas y grupos del crimen organizado ha agravado la inseguridad.

Entre 2018 y 2023, los homicidios con arma de fuego aumentaron un 24 % en los municipios de Santa María Petapa, San Juan Guichicovi y Matías Romero.

La instalación de maquinaria, la tala de árboles y las amenazas hacia autoridades locales evidencian una estrategia de intimidación hacia quienes defienden el territorio.

El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero y de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García en noviembre de 2024 pone en evidencia que en Oaxaca no hay garantía de seguridad para defensores.

Los procesos penales abiertos, las amenazas constantes y la falta de intervención efectiva del Estado confirman que el derecho a la defensa del territorio sigue siendo un riesgo de vida.

El Tren Interoceánico no solo modifica el paisaje, sino que también amenaza la vida y seguridad de quienes luchan por protegerlo.

Oaxaca exige justicia y rendición de cuentas ante este patrón de violencia y despojo.

El cargo Tren Interoceánico en Oaxaca: violencia y amenazas contra defensores del territorio apareció primero en Denuncia Verde.

Durante un operativo en la colonia Las Fuentes, encabezado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, con apoyo de la Junta Central (JCAS) y la fiscalía estatal, se localizó una conexión ilegal que abastecía de agua a una vivienda vinculada a Lozoya.

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La toma de agua clandestina de Alfredo “El Caballo” Lozoya

Según declaraciones del director ejecutivo de la JCAS, la propiedad contaba con servicio activo de agua, pero carecía de contrato, por lo que la toma es considerada ilegal.

La conexión, de tres pulgadas —un tamaño reservado exclusivamente para suministro y no para uso doméstico— atravesaba la casa y abastecía su patio mediante una abrazadera encubierta.

Lo más grave: se estima que a través de esta toma, Lozoya habría sustraído 283 mil metros cúbicos de agua en un año.

Eso representa 283 millones de litros, una cantidad escandalosa en un estado que enfrenta escasez hídrica constante.

El acto constituye un delito de robo de agua, tipificado en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua. Las autoridades informaron que se presentará la denuncia formal ante el Ministerio Público, respaldada con evidencia en video y fotografías.

Desde Denuncia Verde, subrayamos la gravedad de este caso: mientras miles de familias sufren por falta de agua, un candidato político sustrae este recurso vital en total impunidad. No se trata solo de un delito ambiental, sino de un atropello social.

Seguiremos de cerca este caso. Porque el agua es de todos. Porque el silencio también contamina.

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Este tipo de estrategia consiste en presentar productos o servicios como sostenibles o ecológicos, cuando en realidad la información es parcial, sesgada o directamente falsa.

El objetivo: inducir a los consumidores a adquirir productos que, con información completa, probablemente rechazarían.

Iberdrola ya presentó una demanda contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa.

Denuncian destrucción de manglares en Sinaloa para proyecto turístico ilegal

Repsol, en la mira por “greenwashing”.

Ahora, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a Ecologistas en Acción y Greenpeace, han sumado nuevas denuncias ante la Dirección General de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según estas organizaciones, la comunicación de Repsol sobre sus biocombustibles está plagada de información engañosa y carece de transparencia.

Durante 2022 y 2023, las organizaciones denunciantes investigaron el impacto ambiental de Repsol, centrándose en la deforestación en Indonesia y la contribución de la empresa al cambio climático.

España es el mayor importador europeo de aceite de palma y Repsol, uno de los principales productores de biodiésel con este aceite.

Los informes periciales revelan que Repsol oculta en su publicidad los daños ambientales y sociales que provoca la producción de aceite de palma, cuya utilización no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los combustibles fósiles.

La denuncia pone el foco en las afirmaciones de Repsol sobre sus “biocombustibles”, presentados como “sostenibles”, “neutros en carbono” o “renovables”.

Según Ecologistas en Acción, estas declaraciones inducen a la ciudadanía a confusión, al ser vagas y generalistas, sin diferenciar los impactos reales de cada producto.

Josep Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma que el biodiésel a base de aceite de palma emite tres veces más gases contaminantes que los combustibles fósiles, debido a la deforestación vinculada a su producción.

La falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.

El objetivo de las denuncias es claro: que Repsol rectifique sus declaraciones engañosas y cese cualquier práctica de greenwashing.

La CECU denuncia que la desinformación de Repsol deja a los consumidores en indefensión, propagando falsas narrativas sobre la lucha climática y los compromisos empresariales.

Por su parte, Greenpeace cuestiona la metodología de la empresa para calcular su huella de carbono y señala que solo el 0,8 % de su producción de energía en 2022 fue realmente renovable, mientras que el 99% restante provino de petróleo y gas, lo que contradice los objetivos del Acuerdo de París.

Las organizaciones señalan que el comportamiento de Repsol vulnera la legislación vigente, incluyendo la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal.

Buscan, además de sanciones, la responsabilidad de los directivos implicados y la rectificación pública de la empresa.

Como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, la falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.

Las denuncias recuerdan la necesidad de que las compañías cumplan con el Acuerdo de París y advierten: no hay lugar para promesas falsas ni greenwashing en la lucha contra el cambio climático.

El cargo Repsol bajo la lupa: nuevas denuncias por publicidad engañosa y greenwashing apareció primero en Denuncia Verde.