En México, proteger el medio ambiente se ha convertido en un acto de valentía… y en muchos casos, en una sentencia de muerte.
En los últimos cinco sexenios, al menos 147 defensores ambientales han sido asesinados, víctimas de una creciente violencia estructural alimentada por intereses económicos, megaproyectos extractivistas y la complicidad —o indiferencia— del Estado.
Detrás de estas cifras hay historias de personas que dieron su vida por defender ríos, bosques y territorios comunales.
En la mayoría de los casos, se oponían a proyectos que prometían “desarrollo”, pero que dejaban a su paso despojo, contaminación y desplazamiento.
Sus nombres tal vez no aparecieron en las primeras planas, pero sus causas siguen vivas en las comunidades que resistieron junto a ellos.
La tala clandestina y el asesinato de ambientalistas ponen en jaque a la mariposa monarca
El peligro de proteger el medio ambiente en México
México forma parte de un patrón global alarmante. Según el informe de Global Witness, Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente.
En 2018, nuestro país ocupó el sexto lugar global en asesinatos de defensores. Además de las muertes, se registraron 440 ataques en distintas formas: amenazas, detenciones ilegales, criminalización, allanamientos y hostigamiento judicial.
Este escenario refleja un conflicto estructural: la colisión entre el modelo económico neoliberal y los derechos humanos.
Desde la firma del TLCAN y el ingreso a la OCDE, las políticas mexicanas han favorecido un clima “ideal” para la inversión extranjera, muchas veces a costa del entorno natural y de las comunidades que lo habitan.
Los asesinatos no ocurren al azar. Surgen en contextos de más de 500 conflictos socioambientales activos en el país.
Las causas más comunes: tala ilegal, despojo de tierras, minería, megaproyectos energéticos e hídricos. Estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Veracruz se han convertido en puntos rojos de esta violencia ambiental.
Las estadísticas muestran que 134 de las víctimas fueron hombres y 13 mujeres, aunque esta cifra no refleja el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la defensa del territorio.
Muchas son campesinas e indígenas que, además de enfrentar la amenaza del despojo, luchan contra la discriminación estructural por su género, clase y etnia.
¿Verdadero cambio de rumbo?
Durante los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, la cantidad de asesinatos se incrementó progresivamente.
Con López Obrador, el discurso cambió, pero la violencia no ha cesado: 18 defensores han sido asesinados desde 2018.
La continuidad de megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico ha dejado claro que el “progreso” sigue viéndose como incompatible con los derechos ambientales y territoriales.
Los defensores ambientales no sólo enfrentan a empresas y criminales; también padecen la inacción o represión de las autoridades.
La impunidad impera: la mayoría de estos crímenes nunca se investiga a fondo, y mucho menos se sanciona. El mensaje es claro: en México, defender la vida puede costarte la tuya.
Desde Denuncia Verde, alzamos la voz por quienes ya no pueden hacerlo. Documentamos, señalamos y exigimos: ¡basta de criminalizar la defensa ambiental! El derecho a un ambiente sano es también el derecho a vivir sin miedo.