En los Valles Centrales de Oaxaca, la promesa de desarrollo de una minería se convirtió en una pesadilla silenciosa para las comunidades zapotecas.
Desde que la Compañía Minera Cuzcatlán —filial de la canadiense Fortuna Silver Mines— comenzó operaciones en 2010 en San José del Progreso, los habitantes de al menos seis municipios denuncian un deterioro alarmante en su salud, en su agua y en su entorno.
Los testimonios son muchos. Algunos habitantes narran cómo el agua que usan les irrita la piel, mientras otros sufren una tos persistente.
En San José del Progreso, varios niños han sido diagnosticados con hepatitis. Los animales también están muriendo: chivos, gallinas y peces aparecen enfermos o deformes cerca de los cuerpos de agua contaminados.
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La minería de Oaxaca que se convirtió en una pesadilla
Un estudio del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reveló un incremento de enfermedades respiratorias e intestinales desde que la mina comenzó a operar.
En 2006 se registraron 73 infecciones intestinales mal definidas en San José del Progreso. Para 2013, la cifra se disparó a 322. En 2019, seguía muy por encima del nivel previo a la minería.
El punto de quiebre fue el derrame del 8 de octubre de 2018, cuando las lluvias desbordaron la piscina de residuos mineros, contaminando el arroyo Coyote.
Este cauce atraviesa las instalaciones de la mina y llega hasta varias comunidades. Estudios oficiales de Conagua confirmaron la presencia de aluminio, bario, plomo, manganeso y cromo por encima de los límites permitidos.
Estos metales, explican expertos, están relacionados con enfermedades respiratorias, gastrointestinales, neurológicas e incluso cáncer.
Justicia ambiental y derecho básico al agua limpia y a la salud.
Aunque la minera sostiene que no hay daño ambiental grave y presume inversiones en mitigación, las irregularidades son numerosas.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha detectado al menos 75 obras irregulares y sancionado a la empresa en cinco ocasiones.
La multa más alta fue de apenas 3.2 millones de pesos, un monto irrisorio frente al daño a la salud y al ambiente.
La situación es aún más alarmante si se considera la pobreza en la región. Muchas familias no pueden comprar agua embotellada de forma constante, y vuelven a consumir del pozo que pudo haber sido contaminado.
Mientras tanto, Profepa y Conagua niegan entrevistas, ocultan expedientes y retrasan la entrega de resultados.
Organizaciones comunitarias como el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos siguen exigiendo estudios independientes y acciones firmes. Su exigencia es clara: justicia ambiental y el derecho básico al agua limpia y a la salud.
Pero la amenaza no termina aquí. La minera planea seguir operando hasta 2029 y expandirse a nuevas zonas de Oaxaca y Sinaloa.
Lo que está en juego no es solo la vida de un río. Son cientos de vidas humanas y animales afectadas por una industria que, en nombre del progreso, deja una estela de muerte.
En Denuncia Verde seguiremos vigilantes. Porque visibilizar es el primer paso hacia la justicia.