Italia ha dado un claro mensaje contra el greenwashing y el ecopostureo: ninguna empresa puede vender humo ambiental a sus consumidores, esta vez, la sanción recayó sobre Shein, la famosa tienda de moda en línea originaria de China.
La Autoridad Garante de la Competencia italiana (AGCM) impuso una multa de un millón de euros a Infinite Styles Services, la empresa que opera Shein en Europa, por difundir información engañosa sobre la sostenibilidad de sus productos.
La investigación reveló que Shein hizo afirmaciones vagas, imprecisas e incluso falsas sobre la circularidad, reciclaje y el impacto ambiental real de su ropa.
El “greenwashing” de Shein
Especialmente, la línea “evoluSHEIN by Design” fue señalada por promocionar fibras “ecológicas” sin explicar los beneficios ambientales concretos ni aclarar que representa solo una pequeña fracción del catálogo total.
En un sector tan contaminante como la moda rápida, estas prácticas no solo confunden, sino que dañan la confianza de consumidores conscientes.
Las asociaciones italianas de consumidores respaldan la multa, asegurando que Shein no solo impulsa compras compulsivas con métodos cuestionables, sino que además engaña deliberadamente sobre su impacto ecológico.
Desde Denuncia Verde recalcamos que el greenwashing es una estafa ambiental y comercial.
Esta práctica no solo es ilegal, sino también una violación a la ética y a la buena fe de quienes buscan opciones responsables. Informar con evidencia es clave para exigir transparencia y responsabilidad a las grandes empresas.
La petrolera Repsol enfrenta denuncias desde múltiples frentes por prácticas de greenwashing o publicidad engañosa.
Este tipo de estrategia consiste en presentar productos o servicios como sostenibles o ecológicos, cuando en realidad la información es parcial, sesgada o directamente falsa.
El objetivo: inducir a los consumidores a adquirir productos que, con información completa, probablemente rechazarían.
Iberdrola ya presentó una demanda contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa.
Ahora, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a Ecologistas en Acción y Greenpeace, han sumado nuevas denuncias ante la Dirección General de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Según estas organizaciones, la comunicación de Repsol sobre sus biocombustibles está plagada de información engañosa y carece de transparencia.
Durante 2022 y 2023, las organizaciones denunciantes investigaron el impacto ambiental deRepsol, centrándose en la deforestación en Indonesia y la contribución de la empresa al cambio climático.
España es el mayor importador europeo de aceite de palma y Repsol, uno de los principales productores de biodiésel con este aceite.
Los informes periciales revelan que Repsol oculta en su publicidad los daños ambientales y sociales que provoca la producción de aceite de palma, cuya utilización no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los combustibles fósiles.
La denuncia pone el foco en las afirmaciones de Repsol sobre sus “biocombustibles”, presentados como “sostenibles”, “neutros en carbono” o “renovables”.
Greenpeace cuestiona la metodología de la empresa para calcular su huella de carbono y señala que solo el 0,8 % de su producción de energía en 2022 fue realmente renovable
Según Ecologistas en Acción, estas declaraciones inducen a la ciudadanía a confusión, al ser vagas y generalistas, sin diferenciar los impactos reales de cada producto.
Josep Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma que el biodiésel a base de aceite de palma emite tres veces más gases contaminantes que los combustibles fósiles, debido a la deforestación vinculada a su producción.
La falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.
El objetivo de las denuncias es claro: que Repsol rectifique sus declaraciones engañosas y cese cualquier práctica de greenwashing.
La CECU denuncia que la desinformación de Repsol deja a los consumidores en indefensión, propagando falsas narrativas sobre la lucha climática y los compromisos empresariales.
Por su parte, Greenpeace cuestiona la metodología de la empresa para calcular su huella de carbono y señala que solo el 0,8 % de su producción de energía en 2022 fue realmente renovable, mientras que el 99% restante provino de petróleo y gas, lo que contradice los objetivos del Acuerdo de París.
Las organizaciones señalan que el comportamiento de Repsol vulnera la legislación vigente, incluyendo la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal.
Buscan, además de sanciones, la responsabilidad de los directivos implicados y la rectificación pública de la empresa.
Como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, la falta de compromiso real de Repsol con la transición climática tiene un impacto determinante sobre el planeta.
Las denuncias recuerdan la necesidad de que las compañías cumplan con el Acuerdo de París y advierten: no hay lugar para promesas falsas ni greenwashing en la lucha contra el cambio climático.
En un momento en que la preocupación por el medio ambiente crece a nivel global, organizaciones acusan formalmente a tres gigantes de la industria de bienes de consumo —Coca-Cola, Nestlé y Danone— de greenwashing, o lavado verde de imagen.
Organizaciones ambientalistas como ClientEarth y la Organización de Protección al Consumidor de la Unión Europea (BEUC) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por falsas afirmaciones sobre la sostenibilidad de sus botellas plásticas.
Estas empresas aseguran en sus envases que reciclan al 100% las botellas y que son completamente reciclables, mensajes que hacen pensar que sus productos forman parte de una economía circular perfecta.
Sin embargo, la realidad es muy diferente. La tasa de reciclaje de plástico en la UE es inferior al 40%, y solo alrededor del 50% de las botellas PET son recogidas para reciclaje. Siendo una parte mínima la que vuelve a usarse en envases de calidad alimentaria.
A nivel global, apenas el 9% del plástico producido ha sido reciclado alguna vez.
Además, la etiqueta de “100% reciclable” no garantiza que el envase realmente se recicle, pues depende de las instalaciones de recolección y reciclaje disponibles en cada localidad, las cuales son muy variables.
Tampoco se aclara que tapas y etiquetas no siempre entran en estas afirmaciones, lo que genera confusión en los consumidores.
La denuncia presentada busca frenar el “Greenwashing” y exigir mayor responsabilidad y honestidad en las comunicaciones sobre sostenibilidad.
Esta falta de transparencia fomenta una falsa sensación de sostenibilidad que puede hacer que la gente opte por botellas de plástico en lugar de alternativas reutilizables, que son la verdadera solución al problema.
Según la Fundación Ellen MacArthur, solo el 2% de los productos vendidos por grandes minoristas usan envases reutilizables, una cifra que apenas ha cambiado en años.
Las respuestas de las compañías incluyen compromisos para aumentar el reciclaje y la reutilización, pero los ambientalistas los consideran insuficientes ante la expansión continua del plástico de un solo uso.
La denuncia presentada busca frenar estas prácticas engañosas y exigir mayor responsabilidad y honestidad en las comunicaciones sobre sostenibilidad.
Porque mientras las empresas juegan con palabras, el planeta sigue sufriendo el impacto irreversible de la contaminación plástica.
En “Denuncia Verde” creemos que el cambio real pasa por exigir a las grandes corporaciones transparencia total y un compromiso auténtico con la reducción del plástico desde su origen.
Solo así podremos avanzar hacia un futuro verdaderamente sostenible.
En México, el reciclaje no es una solución ecológica, sino un montaje diseñado para disfrazar la contaminación y favorecer los intereses económicos de las grandes empresas.
Así lo denunciaron activistas, investigadoras y especialistas en el manejo de plásticos durante la presentación del informe“El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México”, convocado por la organización El Poder del Consumidor.
Detrás de campañas publicitarias que promueven el reciclaje en México, como la gran solución a la crisis ambiental, se oculta una red de montaje entre embotelladoras, recicladoras y actores políticos.
El objetivo no es reducir la contaminación, sino perpetuar un modelo que genera ganancias multimillonarias a costa del medio ambiente y la salud pública.
Las especialistas Ana Larrañaga, Kennia Velázquez, Larissa de Orbe y Alejandra Reyes expusieron cómo las grandes empresas han utilizado el reciclaje, para justificar prácticas altamente contaminantes como la termovalorización.
Este proceso, promovido por empresas como Cemex, no solo libera toxinas al aire, sino que incrementa exponencialmente el riesgo de enfermedades como cáncer.
El contubernio entre las grandes corporaciones y el poder político quedó evidenciado con la aprobación de la Ley General de Economía Circular (LGEC) y las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) en 2021.
Los especialistas han señalado estas leyes, que presentó el senador Raúl Bolaños del PVEM y respaldaron legisladores de todos los partidos, por su ambigüedad y por proteger los intereses de los grandes contaminadores.
Incluso senadoras como María Merced González (Morena) y Guadalupe Saldaña (PAN) criticaron públicamente que dichas leyes abren la puerta a prácticas dañinas y debilitan los avances locales en la gestión de residuos.
El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco ha sido neutral. En 2022, la Segunda Sala de la SCJN, encabezada por el ministro Alberto Pérez Dayán, favoreció a una embotelladora que impugnó las restricciones impuestas por el Congreso de Oaxaca.
El fallo debilitó la capacidad de los estados para imponer sus propias políticas ambientales, consolidando el poder de las empresas bajo el amparo de la legislación federal.
Especialistas advierten que es necesario transformar la cadena de producción
Mientras tanto, la realidad ambiental es alarmante: México cuenta con 33 plantas de termovalorización distribuidas en 19 estados.
Nuestro país se ha convertido en un basurero global al recibir más de 70 mil toneladas anuales de residuos plásticos de EE. UU. y China.
En estados como Chiapas, donde la escasez de agua es crítica, las embotelladoras explotan los recursos hídricos sin rendir cuentas ni remediar el daño causado.
Ante este escenario, las especialistas advierten que el reciclaje no basta.
Es necesario transformar la cadena de producción, eliminar el plástico innecesario desde su origen y aplicar con rigor la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Esta medida obliga a las empresas a prevenir, reducir y remediar el daño ambiental que provocan, algo que hoy en México es opcional.
El reciclaje, tal como se presenta hoy en el país, no es una solución: es un negocio sucio con rostro verde.
El gigante de la moda rápida H&M enfrenta otra demanda por greenwashing, acusado de presentar su colección “Conscious Choice” como más ecológica de lo que realmente es.
El término greenwashing se refiere a las acciones o afirmaciones engañosas de una empresa sobre el impacto ambiental positivo de sus productos o servicios.
En un contexto donde consumidores y gobiernos exigen más compromiso ambiental, muchas compañías han utilizado estrategias de marketing verde que resultan ser engañosas.
¿Por qué se acusa a H&M de greenwashing?
En este caso, un tribunal federal en Missouri ha recibido una demanda colectiva que califica como “engañosa e ilegal” la comercialización de H&M.
Los consumidores habrían sido inducidos a pagar más por productos etiquetados como sostenibles, cuando en realidad están fabricados principalmente con poliéster o plásticos reciclados, materiales que no solucionan el problema del consumo excesivo de recursos.
Los demandantes critican que las estrategias de H&M fomentan más consumo y desecho de ropa, bajo la falsa promesa de que los artículos pueden reciclarse “mágicamente”.
Las etiquetas verdes de la colección crean la percepción de sostenibilidad, pero, según la denuncia, no reflejan un verdadero beneficio ambiental.
ClassAction.orgrecuerda que las Guías Verdes de la FTC prohíben exagerar beneficios ambientales.
Una afirmación de marketing no debe insinuar ventajas significativas si estas no existen.
Cobrar un precio mayor por productos “Conscious Choice” agrava la situación, ya que demuestra un daño económico real a los consumidores.
Una vez más, una gran corporación intenta “pintarse de verde” mientras contamina en silencio. Las autoridades canadienses multaron a la empresa Keurig Canada Inc. con 3 millones de dólares tras comprobar que engañó a los consumidores sobre la reciclabilidad de sus cápsulas de café K-Cup.
La Oficina de la Competencia de Canadá determinó que las afirmaciones de Keurig eran falsas o engañosas, ya que las cápsulas no son reciclables en la mayoría del país, con excepción de algunas zonas como Columbia Británica y Quebec.
A pesar de asegurar que sus cápsulas podían reciclarse con solo quitar la tapa y vaciar el café, en muchos municipios se requieren pasos adicionales, lo que no fue informado adecuadamente.
Es decir, la empresa simplificó el proceso para vender una imagen más “verde” de lo que realmente ofrecía.
Además de la multa, Keurig deberá:
Donar 800 mil dólares a una organización ambiental.
Cubrir 85 mil dólares por los costos de la investigación.
Corregir públicamente sus afirmaciones en su página web, redes sociales, correos y envases.
“Presentar productos como más ecológicos de lo que son es ilegal en Canadá”, declaró Matthew Boswell, comisario de Competencia. Estas prácticas, añadió, dañan al consumidor y afectan a empresas que sí apuestan por una sostenibilidad real.
Desde Denuncia Verde exigimos mayor regulación y vigilancia ante el greenwashing. No podemos permitir que las empresas se sigan escudando en falsas promesas ambientales mientras el planeta paga el precio real.
