Esta vez, no se trata de un desastre natural ni de una plaga forestal fuera de control: es el ser humano, una vez más, quien vulnera la vida del bosque bajo un disfraz legal.

Mujeres indígenas del municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, integrantes de la empresa comunitaria Artemali Occoxal, han denunciado públicamente una alarmante actividad de tala ilegal disfrazada de “saneamiento” en el área natural protegida.

Lo que aparenta ser un esfuerzo por combatir la plaga del gusano descortezador, en realidad esconde la extracción masiva de leña, troncos y madera en rollo —muchos provenientes de árboles sanos.

Río Atoyac en crisis: empresas contaminan sin control y autoridades no actúan

Testigos de la devastación en La Malinche

Las mujeres de Artemali Occoxal, dedicadas a la elaboración de artesanías sustentables con acículas (hojas secas) de pino, realizaron un recorrido reciente para recolectar basura y colocar señalética contra el “ocoteo”.

Lo que encontraron fue estremecedor: decenas de árboles no afectados por plagas habían sido derribados. ¿La justificación? Una supuesta emergencia ambiental.

“Fuimos testigos de la devastación que sufre la montaña”, relataron en un comunicado. Los hechos parecen estar respaldados por documentos oficiales: una notificación de saneamiento expedida por la CONAFOR y una constancia de posesión firmada por el presidente municipal René Ramírez Coyotl. Pero las acciones en el terreno cuentan otra historia.

No al abuso, sí a la protección

Las denunciantes han sido enfáticas: no están en contra del saneamiento forestal, sino del uso irresponsable y corrupto de los permisos que lo regulan. La crisis ambiental no debe ser un pretexto para lucrar con los recursos naturales.

Por ello, exigen transparencia y rendición de cuentas a las autoridades responsables: SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR, así como al gobierno municipal y al Consejo de Vigilancia del Ejido de Tepatlaxco de Hidalgo.

Defender el bosque, defender la vida

La denuncia de Artemali Occoxal no solo pone en evidencia la corrupción ambiental, sino que también resalta el papel de las mujeres indígenas como guardianas del bosque.

Su modelo de economía sustentable, basado en el uso responsable del ocoxal, contrasta con la explotación indiscriminada que amenaza la biodiversidad de La Malinche.

Desde Denuncia Verde, nos sumamos al llamado urgente para frenar esta devastación. No podemos permitir que los bosques desaparezcan entre documentos mal usados y discursos que disfrazan intereses económicos de cuidado ambiental.

El cargo Mujeres indígenas alzan la voz por tala ilegal disfrazada de saneamiento en La Malinche apareció primero en Denuncia Verde.

En el corazón de esta región, la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on ha documentado la pérdida de al menos 200 hectáreas de selva, sólo en el ejido de Chactún.

Este cambio de uso de suelo, impulsado en parte por la expansión de megaproyectos como el Tren Maya, afecta directamente a la apicultura, una actividad tradicional de las comunidades mayas.

Elon Musk bajo la lupa ambiental: Innovación tecnológica y Denuncia Verde

“Hay menos abejas, menos floración, y eso significa menos miel”, explica uno de los apicultores de la Alianza.

La afectación no solo es ecológica: se pone en riesgo una fuente de sustento económico y cultural para más de 700 familias apicultoras.

Aunque la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on presentó denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde 2021, las autoridades han logrado pocos avances.

Ademas de la deforestación por el Tren Maya, los campesinos se enfrentan a otros problemas como la extracción de tierra roja para construcción y la venta de terrenos para desarrollos inmobiliarios

Se han colocado sellos de clausura en algunas granjas, pero estas continúan operando de forma irregular.

Además, algunos denunciantes han recibido amenazas, lo que genera un clima de miedo e impunidad en la región.

Greenpeace documentó en 2020 la instalación de 257 granjas porcícolas en el sureste del país, de las cuales 222 se encuentran en Yucatán.

Estas granjas han contribuido a la pérdida de casi 11 mil hectáreas de selva maya y, en algunos casos, se ubican dentro de Áreas Naturales Protegidas.

Maxcanú no es un caso aislado. Municipios como Opichén, Uman y Halachó también enfrentan un avance agresivo del desmonte.

La extracción de tierra roja para construcción y la venta de terrenos para desarrollos inmobiliarios se suman al problema.

La Alianza Kaabnalo’on exige no solo la clausura efectiva de las zonas deforestadas, sino también medidas de restauración y protección ecológica.

“El ecosistema está herido, pero aún puede salvarse”, concluye David Linares, asesor jurídico de la organización.

En este contexto, desde Denuncia Verde creemos que cuidar el ambiente no es solo una tarea de las autoridades, es una lucha por la vida, la cultura y la biodiversidad de un territorio que ha sostenido a los pueblos mayas por generaciones.

El cargo Apicultores mayas denuncian el avance de la deforestación en Maxcanú apareció primero en Denuncia Verde.

Este fenómeno no solo amenaza la integridad de los bosques nacionales, sino que también golpea a las comunidades forestales que intentan producir madera legalmente y de manera sostenible, enfrentando la impunidad, la corrupción y una burocracia excesiva que favorecen a los grupos del crimen organizado.

Un ejemplo claro ocurre en la costa norte de Jalisco, donde árboles como la parota —conocida por su madera semipreciosa— son derribados sin permisos oficiales, mientras el verdadero control lo ejercen líderes locales ligados al crimen, como “don Guty”.

La tala ilegal no solo elimina ejemplares valiosos, sino que ha diezmado maderas duras como la caoba pacífica, el granadillo y el tampicirán, especies muy demandadas en mercados internacionales, especialmente en China.

Esta realidad se replica en regiones de todo México, desde el sur hasta el norte.

La tala clandestina y el asesinato de ambientalistas ponen en jaque a la mariposa monarca

La tala ilegal representa un negocio anual de miles de millones de pesos

El crimen organizado no es el único actor; comunidades enteras también participan en la tala clandestina, aprovechando la falta de políticas públicas efectivas para promover la silvicultura sustentable.

De acuerdo con expertos, los productores legales luchan por competir en un mercado inundado de madera ilegal que no cumple con regulaciones ni paga impuestos ni costos de manejo ambiental.

Los datos oficiales muestran que el 76 % de la madera legalmente producida proviene de bosques comunitarios.

Pero para satisfacer la demanda nacional, México importa gran volumen de madera y no contabiliza el consumo ilegal.

Esto evidencia la magnitud del problema: la tala ilegal representa un negocio anual de miles de millones de pesos, que no solo afecta el medio ambiente.

También destruye la economía y la organización social de las comunidades forestales.

En estados como Jalisco, Guerrero, Puebla y Chiapas, la tala ilegal está vinculada con grupos criminales que imponen “cuotas” para permitir el saqueo.

Mientras las autoridades ambientales muestran una preocupante permisividad.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de combatir esta práctica, ha reducido sus incautaciones y enfrenta filtraciones internas, lo que perpetúa la impunidad.

Expertos y organizaciones civiles coinciden en que la solución pasa por fortalecer a las comunidades forestales.

Además, producir madera legal en México implica un proceso burocrático complejo y costoso que puede tardar hasta dos años, lo que desalienta a las comunidades.

La competencia desleal de la madera ilegal, que no paga trámites ni impuestos, devalúa el precio y mina la viabilidad económica de los proyectos sustentables.

Solo un pequeño porcentaje de ejidos y comunidades logra operar legalmente, y muchos han abandonado sus esfuerzos tras enfrentarse a la violencia y la corrupción.

La falta de regulación efectiva también se refleja en la industria maderera, donde la falsificación de guías y permisos facilita el blanqueo de madera ilegal.

Las propuestas para implementar sistemas voluntarios de certificación de legalidad y trazabilidad han sido frenadas por intereses económicos que temen la sobrerregulación.

Expertos y organizaciones civiles coinciden en que la solución pasa por fortalecer a las comunidades forestales.

Simplificar trámites, impulsar políticas públicas con presupuesto suficiente y garantizar una vigilancia efectiva y transparente.

Solo así será posible frenar el avance de la tala ilegal, proteger los bosques y asegurar un mercado justo que beneficie tanto al medio ambiente como a las personas que dependen de él.

Mientras la tala ilegal continúa su avance, los ecosistemas se destruyen, los derechos de las comunidades se vulneran y el Estado permanece ausente o permisivo.

En un país con una riqueza forestal invaluable, la urgencia de actuar con responsabilidad y firmeza es una deuda que tenemos con las futuras generaciones.

¿Quieres saber más o ayudar a denunciar estos casos? En Denuncia Verde seguimos investigando y llevando evidencia para exigir rendición de cuentas y justicia ambiental.

El cargo Tala ilegal inunda el mercado de la madera en México: un negocio que destruye bosques y comunidades apareció primero en Denuncia Verde.

Desde hace 27 años, 70 ejidatarios han organizado un modelo de silvicultura comunitaria que no solo garantiza ingresos económicos, sino que protege una de las principales fuentes de agua, biodiversidad y captura de carbono de la región.

Hoy, ese equilibrio está amenazado por concesiones mineras otorgadas sin consulta previa.

México, un peligro para quienes quieren proteger el medio ambiente

Cruz de Ocote representa un ejemplo contundente de que es posible vivir del bosque sin destruirlo.

El bosque de pinos y encinos de Cruz de Ocote, con una extensión de 800 hectáreas, es hogar de especies como la chara coroniazul, coyotes, zorras y armadillos.

Pero también es el sustento directo de decenas de familias que, con asesoría técnica, realizan una tala selectiva y responsable: reforestan, abren brechas cortafuego, vigilan para evitar incendios y prohíben la cacería.

No hay tala clandestina. Hay reglas comunitarias claras y sanciones para quien las incumpla.

Este modelo, reconocido incluso con certificaciones de manejo forestal, demuestra que la conservación no es un obstáculo para el desarrollo, sino su base.

Sin embargo, dos concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense Almaden Minerals —a través de su filial Minera Gorrión— cubren gran parte del territorio del ejido y de comunidades vecinas.

El objetivo: la extracción de oro y plata mediante minería a cielo abierto.

Las comunidades se enteraron años después de que las concesiones ya estaban otorgadas.

No hubo consulta previa, libre e informada, pese a que el proyecto pone en riesgo el agua, el suelo y la vida comunitaria.

En México, más del 40% de los núcleos agrarios tienen concesiones mineras en su territorio

En 2015, ejidos y pueblos de Ixtacamaxtitlán interpusieron un amparo que logró suspender temporalmente las concesiones. El proceso legal sigue abierto.

Mientras la empresa asegura que no habrá afectaciones ambientales ni uso intensivo de agua, la experiencia en otros territorios mineros del país contradice ese discurso.

Además, organizaciones civiles han documentado presiones y ofrecimientos de empleo a comunidades para destrabar procesos legales, una práctica que profundiza la división social.

El caso de Cruz de Ocote no es aislado. En México, más del 40% de los núcleos agrarios tienen concesiones mineras en su territorio, muchas veces superpuestas a bosques y selvas comunitarias. La pregunta es clara: ¿qué modelo de desarrollo se está priorizando?

Desde este espacio de denuncia ambiental, señalamos una realidad incómoda pero urgente: los bosques vivos, manejados por sus comunidades, generan beneficios reales y sostenibles.

Defenderlos no es un capricho; es defender el agua, el clima y el futuro. Cruz de Ocote lo tiene claro: los árboles valen más que el oro.

El cargo Defender el bosque para defender la vida: Cruz de Ocote frente al avance minero apareció primero en Denuncia Verde.

México es el país más letal para los defensores ambientales, según el informe “Análisis Global 2019” de la ONG Front Line Defenders (FLD), que documenta que el 75% de los asesinatos de activistas en el país corresponden a protectores de la naturaleza.

Esta realidad hace que la conservación de la mariposa monarca se complique cada día más, especialmente en regiones como Michoacán, donde la tala ilegal continúa devastando bosques y poniendo en riesgo a los guardianes del medio ambiente.

Defensores de la mariposa monarca, en peligro constante.

Efraín Avilés, integrante del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, explica que los 35 guardabosques comunitarios que vigilan los cerros El Pilón y San Marcos están en constante peligro por la presencia de grupos dedicados a la tala ilegal.

Estas acciones no solo destruyen el hábitat de la mariposa, sino que también atentan contra la seguridad de quienes luchan por conservarlo.

La tala clandestina, según el Plan de Acción para la Conservación de la Mariposa Monarca 2018/2024, ha degradado miles de hectáreas.

Afectando la estabilidad del ecosistema donde este insecto único realiza su famosa migración.

En años recientes, esta problemática ha ido en aumento. De 2004 a 2014, más de 2,000 hectáreas fueron devastadas por tala ilegal, y en 2013 se detectaron incursiones de grupos externos que intensificaron los daños.

El pasado viernes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detuvo a siete personas acusadas de cortar 71 árboles con sierras mecánicas.

Lo que refleja la gravedad y continuidad de esta amenaza.

Proteger los bosques es una tarea constante y peligrosa.

La violencia ha escalado con el asesinato de dos ambientalistas clave en Michoacán: Homero Gómez, comisariado del Ejido El Rosario, y Raúl Hernández, guía turístico.

Ambos murieron en circunstancias sospechosas vinculadas a su labor de defensa del santuario de la mariposa monarca.

Denuncia Verde: incendios forestales devoran huertos de aguacate en Morelos

Algunas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la UNESCO han exigido al gobierno mexicano esclarecer estos crímenes, aunque las investigaciones siguen estancadas.

Miguel Ángel Cruz, encargado del santuario en El Rosario, señala que la falta de empleo impulsa la tala ilegal y que proteger los bosques es una tarea constante y peligrosa.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también alerta que la degradación forestal es uno de los principales riesgos para la mariposa. Junto con la pérdida de algodoncillo y los cambios climáticos extremos.

En Denuncia Verde reafirmamos la importancia de visibilizar estas problemáticas con rigor y responsabilidad.

Defender a quienes protegen el medio ambiente es fundamental para asegurar un futuro en el que la mariposa monarca siga volando libre. La tala ilegal y la impunidad deben ser detenidas.

El cargo La tala clandestina y el asesinato de ambientalistas ponen en jaque a la mariposa monarca apareció primero en Denuncia Verde.

Pobladores de San Rafael Ixtapalucan llevan más de una década denunciando esta devastación. Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) insiste en que no hay delito que perseguir.

En mayo pasado, se confirmó con imágenes satelitales cómo grandes extensiones del cerro en Santa Rita Tlahuapan fueron taladas sin control.

La tala clandestina continua en el bosque Izta-Popo

Los habitantes están alarmados: árboles de más de 40 metros de altura han sido derribados, y sólo queda un árbol “torcido y pequeño” porque no les sirvió a los talamontes.

Lo más indignante es que los taladores no cortan los pinos que las autoridades “marcan”, pues suelen seleccionar sólo los árboles útiles para ellos.

Los pobladores aseguran que esto es un contubernio, donde los árboles señalados no son los grandes ni derechos, sino los que no interesan.

En 2017, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Profepa y Nestlé firmaron un convenio millonario para conservar y restaurar mil 665 hectáreas en Izta-Popo.

Se esperaba que este proyecto beneficiara a las comunidades locales con reforestación, vigilancia y combate a incendios.

Grupo Posadas, bajo la lupa por daño a tortugas marinas en Chemuyil

Pero la realidad es otra: la tala clandestina sigue, y las denuncias quedan en el olvido. Mientras tanto, el mercado ilegal de madera mueve entre 10,000 y 15,000 millones de dólares al año a nivel mundial, generando ganancias millonarias para los talamontes.

La ley contempla penas de hasta 9 años de prisión y multas, pero no es suficiente para frenar la pérdida de cinco mil hectáreas anuales de bosque, lo que podría destruir Izta-Popo en 20 años o menos.

En Denuncia Verde exigimos justicia ambiental y que las autoridades actúen con responsabilidad para proteger este ecosistema vital antes de que sea demasiado tarde.

El cargo Talamontes destruyen el bosque Izta-Popo: la impunidad que arrasa con la naturaleza apareció primero en Denuncia Verde.

Detrás de la pérdida acelerada de bosques existe un complejo entramado entre la ganadería, la expansión agrícola y la especulación de tierras.

Una reciente investigación del Departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad de Maryland revela que entre 2000 y 2014 la superficie destinada a cultivos en hileras en Brasil casi se duplicó, al pasar de 26 millones a 46.5 millones de hectáreas, un crecimiento que ha tenido profundas consecuencias ambientales.

Conducción ecológica: 9 consejos para reducir tu impacto ambiental al volante

El estudio, basado en un análisis avanzado de teledetección con imágenes satelitales de Landsat y otros sistemas, muestra que solo el 20 por ciento de los nuevos campos de cultivo surgieron por la conversión directa de vegetación nativa.

El 80 por ciento restante provino de un proceso en dos etapas: primero se talan los bosques para establecer pastos ganaderos y, posteriormente, esas tierras se transforman en cultivos, principalmente de soya.

Este mecanismo revela que, aunque la agricultura no siempre aparece como la causa directa de la deforestación, sí está estrechamente ligada a ella.

Expertos coinciden en que Brasil no necesita seguir deforestando para aumentar su producción agrícola.

Lejos de ser una solución, este modelo ha fomentado la especulación. Investigadores como Vivian Ribeiro, del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía (IPAM), advierten que muchos terrenos se deforestan con fines especulativos: se convierten en pastos de manera temporal y luego se venden a precios inflados a productores agrícolas.

Casos como el del estado de Bahía, donde el 15 por ciento de la vegetación nativa deforestada para pastos se transformó en cultivos en menos de cinco años, refuerzan esta hipótesis.

La preocupación aumenta ante el debilitamiento de las políticas ambientales.

Durante la campaña y la llegada al poder de Jair Bolsonaro, los índices de deforestación del Amazonas repuntaron de forma alarmante, impulsados por la percepción de impunidad entre especuladores y acaparadores de tierras.

Aunque la Moratoria de la Soya logró reducir la deforestación directa en la Amazonía entre 2006 y 2013, la presión se desplazó hacia el Cerrado, donde las regulaciones son más laxas y la conversión de vegetación nativa es hasta 2.5 veces mayor.

Expertos coinciden en que Brasil no necesita seguir deforestando para aumentar su producción agrícola.

Intensificar el uso de tierras ya degradadas y mejorar la productividad ganadera podría reducir la presión sobre los ecosistemas.

De lo contrario, la combinación de especulación, demanda global de soya y debilitamiento institucional seguirá alimentando una de las crisis ambientales más graves del planeta.

En Denuncia Verde, advertimos: sin controles firmes y datos transparentes, la deforestación continuará avanzando, silenciosa pero implacable.

El cargo Deforestación en Brasil: el engranaje oculto entre pastos, soya y especulación de tierras apareció primero en Denuncia Verde.